La Policía anticorrupción y los sistemas de Inteligencia de la misma institución tutelar, han puesto al descubierto en menos de una semana a casi dos decenas de efectivos policiales corrompidos, que se valen del uniforme para lucrarse y sacarle dinero a empresarios y transportistas en general, traicionando la confianza que les ha otorgado el estado cuando les otorgó la investidura policial.
El primer caso se dio a conocer el último viernes y está relacionado con la intervención a cuatro efectivos del Escuadrón de Emergencia de la Policía local que estaban “chalequeando” a empresarios del sector pesquero, descuidando de esta manera su función cual es de patrullar las calles de Chimbote y perseguir a los delincuentes.
Los efectivos policiales desistieron de su función y decidieron llevar dos patrulleros de la Policía a los exteriores del muelle de una empresa pesquera en la cual se plantaron “para prestarle seguridad”, como si se tratara de vigilantes privados cuando en realidad les paga el estado para dar seguridad a la población.
El fiscal anticorrupción y un grupo de agentes de la Policía anticorrupción llegaron al lugar, realizaron las filmaciones correspondientes y terminaron interviniendo a los efectivos policiales que en ese momento habían ingresado al muelle.
Una mera revisión de la tolva de una de las unidades de patrullaje le permitió al representante del Ministerio Público y la Policía comprender las razones del abandono de las unidades vehiculares y ello obedecía al hecho que los agentes habían ingresado a pedir pescado.
Justamente, en la tolva de uno de los patrulleros los intervinientes observaron que habían colocado casi medio centenar de bonitos, un pescado de mucho arraigo en nuestra ciudad y que, aparentemente, los recibieron en donación por parte de los administradores del muelle que suelen ser generosos con los agentes para que les brinde seguridad.
Solo cuando los agentes salieron del Muelle se encontraron con la intervención de sus colegas y el Fiscal anticorrupción, por lo que debieron ser trasladados a la sede policial y depositados en calidad de detenidos hasta que se deslinde la situación de cada uno.
Apenas un día después se pudo conocer que unos días hubo otra intervención, esta vez de la Policía de Inteligencia de Lima que puso al descubierto a los agentes asignados al Puesto Policial de Chuquicara, quienes habían establecido una suerte de “peaje” por el cual le cobraban a los transportistas que pasaban por ese lugar y presentaban algunas irregularidades en los vehículos o la carga, de tal suerte que se hacían de la vista gorda en la medida que el chofer se porte con un determinado pago.
Los investigadores cuentan con vídeos y testimonios de las faltas cometidas por el personal policial, razón por la cual se decidió remover a todos los sub oficiales así como al Jefe de Personal de la Policía de Chimbote en la medida que los agentes en falta se encargaban de conseguir una bolsa para dicho oficial porque era el que establecía quienes son asignados a ese puesto policial que resulta rentable para los Policías sinvergüenzas.
En el primer caso, el fiscal encargado de la misma intervención ha decidido poner en libertad a los pésimos agentes policiales en razón que la pena establecida para esta clase de delitos no importa una gravedad y en la medida que los suboficiales intervenidos tengan arraigo, entonces no había necesidad de enviarlos al Penal.
Sin embargo, esta decisión es sumamente reprochable en la medida que un delito de estas características está sancionado y resulta mucho más grave cuando es cometido por un funcionario o servidor público, en este caso por un agente de la Policía, entonces la pena se incrementa mucho más.
No se entiende entonces como el Fiscal “a priori” ha emprendido la investigación por este caso de corrupción sin algún apremio legal de por medio si los involucrados son agentes policiales que han traicionado al uniforme, que han dejado muy mal la imagen de su propia institución y han defraudado las expectativas de la población que siempre confía su seguridad en una Policía que, pese a todas las contingencias, siempre conserva ese slogan de institución señera de nuestra sociedad.
Y es que desde hace mucho tiempo se ha considerado que el delito de corrupción debe ser sancionado con todo el peso de la ley, sin embargo, cuando estos delitos son cometidos por efectivos policiales, entonces el castigo debe duplicarse, ya no solo se sanciona el delito en sí mismo sino que se debe sancionar el fraude perpetrado en agravio al concepto público de su propia institución.
Este planteamiento se hizo hace muchos años atrás y no fue aprobado en el seno del congreso de la república por cuestiones de tipo político que, a la larga, entramparon una iniciativa interesante que podría poner coto a los excesos de ciertos policías, que podría detener los afanes delictivos de quienes llegaron a la institución a servirse de ella.
Lamentablemente, en esos tiempos se hizo alarde una supuesta inconstitucionalidad del proyecto propuesto, pues si al efectivo policial se le sanciona por un hecho delictivo no se le puede sancionar nuevamente por el mismo hecho, lo que impidió que se determine una medida que podría resultar ejemplarizadora para quienes realizan la misma función.
Por ello ahora vemos los resultados de aquel gran error de no haber considerado un doble castigo para el Policía que delinque, los hechos puestos al descubierto por los órganos de fiscalización de la propia Policía y por la Fiscalía son de dominio público, el “chalequeo” de los Policías es un hecho que se advierte en muchos lados y seguramente no era un secreto para los altos oficiales de la ciudad, empero, nunca se sancionó, incluso, en el argot policial lo conocen como “charanga”.
No sabemos si estas dos intervenciones son casos aislados o la alta dirección de la Policía se ha decidido a cortar por lo sano ante la inconducta de los malos Policías, esperemos que las acciones de moralización se mantengan pero que se reconsidere la aplicación de una doble sanción para quienes con un mismo hecho lesionan dos veces la confianza que le otorgó el país para servir a la ciudadanía.