Juez adelantó fecha ayer:
Juez Efer Díaz Uriarte.
La culpa es de la Fiscalía. Bajo el argumento de que el Fiscal Anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe no declaró el caso complejo, el juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, Efer Díaz Uriarte, se vio obligado ayer a adelantar la fecha de la audiencia de lectura de sentencia contra los procesados por el caso “Semáforos inteligentes”.
Al no haber sido declarado el caso como complejo, Efer Díaz Uriarte solo tenía 48 horas para programar la lectura de los lineamientos de la sentencia, razón por la cual, programó para hoy miércoles 4 de julio desde las 4 de la tarde (dentro del plazo de ley) dicha diligencia, cancelando la programada para el viernes 6 de julio a la misma hora.
Efer Díaz Uriarte dijo anoche que pensaba que el caso era complejo y como tal tenía hasta 96 horas para fijar la fecha de audiencia de lectura de lineamientos de sentencia, pero al revisar los tomos se percató que la Fiscalía nunca declaró el caso complejo y por ende solo contaba con 48 horas después de la audiencia de alegatos finales.
Por su parte, la oficina de comunicaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó anoche que la administración del Nuevo Código Procesal Penal le había confirmado que se cumplió con notificar a todas las partes procesales el adelanto de la fecha de la audiencia de lectura de los lineamientos de la sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria.
En este proceso penal, figuran como imputados Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, actual alcaldesa y primer regidor de la Municipalidad Provincial del Santa, para quienes el Ministerio Público ha solicitado una condena de 4 años 10 meses de prisión efectiva por el delito de colusión.
En igual situación se encuentran los funcionarios Micaela Flores Gómez, Javier Menacho Méndez y el ciudadano chileno Emilio Rivas Gay, dueño de la empresa Consorcio ITS. En el caso del imputado Aquior Mendoza Mendoza, ex jefe de logística, la Fiscalía ha solicitado 3 años de prisión, por ser una persona mayor de 65 años y tener responsabilidad restringida.