Desde hace más de dos años los chimbotanos se vienen quejando de las obras que quedaron paralizadas en la gestión del hoy encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar, aquellas que fueron abandonadas por falta de presupuesto y la mayoría de las cuales permanecen, increíblemente, hasta la fecha en la misma condición, no han avanzado ni siquiera con la colocación de un ladrillo más.
Desde entonces se dijo que la realidad de estas obras es que fueron iniciadas sin respaldo presupuestal alguno, se hizo una suerte de carrousel con la finalidad de sacarlas a licitación e iniciarlas con el desvío presupuestal de otras obras que se hallaban en ejecución y que, obviamente, terminaron en la misma condición, paralizadas porque se quedaron sin ese remanente presupuestal que les sustrajeron.
El objetivo era evidente, se puso en marcha una estrategia delincuencial mediante la cual se desviaron fondos de obras en marcha a efectos de aprovechar los concursos de selección de otras obras para quedarse con los diezmos en las adjudicaciones de aquellas que se ponían en marcha sin presupuesto alguno.
Llegó un momento que se hizo un embalse y aun en el cargo César Álvarez culpó de manera cínica y descarada al gobierno central, adujo que existió un recorte del canon minero y que como consecuencia de ello las obras se paralizaban por no existir presupuesto para continuarlas.
Como su primera justificación cayó en saco roto, las cifras del Ministerio de Economía indicaban que no existió tal recorte, alguien aconsejó a la otrora “bestia de Ancash” que apele al excedente minero, una norma que tenía una antigüedad de tres años y que jamás había sido materia de observación, empero, servía de justificación suficiente a un entonces apremiado presidente regional.
Por entonces Álvarez reclamaba más de 500 millones de soles al gobierno central y mantuvo ese absurdo discurso hasta que en Mayo del 2014 fue capturado y encarcelado por el alevoso crimen de Ezequiel Nolasco, así como por las pesquisas del bunker conocido como “La Centralita”.
Hoy, casi dos años después de esos acontecimientos el Ministerio Público comienza a hurgar en documentos y auditorías y ha detectado el origen de aquel carrousel que se registró en las obras regionales, ha hallado el origen de este desbalance presupuestal que ha terminado por perjudicar una millonaria inversión que se ha ido deteriorando poco a poco con el paso de los años.
Decimos esto porque la Fiscalía Anticorrupción del Santa ha consolidado una investigación contra los funcionarios públicos que licitaron obras públicas sin contar con disponibilidad presupuestal suficiente (en su desesperación por alcanzar el diezmo o coima) y que en todos los casos, implica la adulteración de información en el sistema del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) de la entidad.
En este afán se ha dispuesto formalizar y continuar investigación preparatoria en contra del expresidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, los exgerentes de la Sub Región El Pacífico, Pamela Bermúdez Rodríguez, Juan Carlos Gallo Zegarra y los exgerentes de planificación y presupuesto de dicha entidad, Zena Zelmar Chávez Quispe y Luis Martín Ortecho Carbajal.
En este caso las obras que se lanzaron a licitación pública sin disponibilidad presupuestal suficiente (dinero en sus cuentas), fueron las de agua y alcantarillado de Bellamar, el colegio de Villa María y la Posta de Salud de Magdalena Nueva, utilizando fondos en la forma no prevista y afectando la función encomendada.
Estas obras quedaron en la fase final, fueron las que estaban más avanzadas por ello es que aprovecharon esa condición para desviar su presupuesto y poder licitar otras que finalmente terminaron apenas en una primera etapa, con los materiales de construcción expuestos y deteriorándose con el paso del tiempo.
Justamente, esto ha sido materia de un pronunciamiento por parte de un funcionario de la Sub Región Pacífico en los últimos meses del año pasado pues se ha verificado que un buen porcentaje de estas obras que quedaron paralizadas tendrán que ser demolidas por que su material se encuentra deteriorado, el fierro se ha oxidado y las estructuras quedarán endebles cuando se pretenda proseguir con las mismas.
Esto involucra un grave perjuicio al erario regional, son decenas de millones de soles que han quedado virtualmente en el tacho de la basura a decir de las propias afirmaciones del funcionario de la Sub Región que es un profesional de la materia.
Esto es más grave aún si se tiene en cuenta que el abandono y la paralización de estas obras es producto de una maniobra dolosa, de un hecho intencional cuyos promotores eran conscientes de estas nocivas consecuencias, sabían de antemano que esas obras que licitaban sin respaldo presupuestal quedarían estancadas y suspendidas, sin posibilidad alguna que se concluyan.
Por ello es que ahora el Ministerio Publico encuentra los suficientes motivos y razones para procesar a todos aquellos que se valieron de los erarios regionales para beneficiarse, hay que ser un verdadero intonso para pensar que el objetivo de quienes formaron parte de la denominada red criminal era conseguir el desarrollo y bienestar de los ancashinos vía la ejecución impostada de obras públicas.
Sus objetivos fueron solo de lucro y de aprovechamiento, para ello maquillaron las cifras del SIAF y sorprendieron a los organismos de control para obtener la autorización de una licitación sin que exista un respaldo presupuestal, simple y llanamente para poner en marcha obras truchas que no tenían otro derrotero que su abandono y paralización, allí están estas tres obras del colegio de Villa María, la Posta de salud de Magdalena y el alcantarillado de Bellamar, pero son solo las primeras, hay muchas otras más y ello es elocuente, salta a la vista y basta pasar por muchas de ellas para colegir que es así. Parece que el Ministerio Público tiene mucha chamba por delante, lo importante es que procure el castigo que se merece toda esta gente que pretendió levantarse en peso a la Región.