Hace algunos meses el procurador anticorrupción Richard Asmat Urcia solicitó al Poder Juridicial se remita el caso denonimado “Canal San Bartolo” a una jurisdicción Fiscal distinta a la de Santa en la medida que entendía que los magistrados del Ministerio Público de Chimbote no estaban calificados para poder realizar una investigación transparente e independiente.
En buen romance, lo que estaba demandando el abogado que representa los intereses del estado, es que ese proceso emblemático se deje en manos de Fiscales de otro distrito judicial que inspiren confianza en lo que se refiere a la garantía de la imparcialidad en cualquier investigación judicial.
Y aun cuando no le hicieron caso, el pedido del procurador se sustentaba en razones lógicas y racionales en la medida que entre los investigados se encuentra no solo el Gobernador Regional de Áncash. Juan Carlos Murillo, sino que está comprendido el ingeniero Ismael Rivera García, quien es esposo de la Fiscal Superior coordinadora de las fiscalía anticorrupción, Nancy Moreno Rivera.
Claro, la referida Fiscal deberá apartarse del cargo si es que en alguna oportunidad llega la carpeta a sus manos, sin embargo, el Procurador no se detenía en ese detalle que de darse el caso, no sería problema que se entregue la carpeta a otro magistrado, lo que advertía era una suerte de compromiso y camaradería que no garantizaba en absoluto que el persecutor del delito pueda realizar realmente ese papel.
El procurador alegaba con mucha certeza, que era realmente un compromiso para una o un Fiscal de Chimbote investigar al esposo de su colega en la medida que existe una estrecha vinculación que no le permitirá desarrollar sus acciones con la independencia que ella amerita.
Y para ello se remite a las pruebas, desde hace meses que se consiguió que se comprendiera en este caso al Gobernador Regional, no se han actuado mayores pruebas. No ha existido un suficiente celo para demandar que el caso avance y que se actúen las pruebas solicitadas, se ha dejado que el expediente duerma y se entrampe en disquisiciones de índole procesal que no tienen más importancia que, por ejemplo, el pedido del procurador para que se aparten a los Fiscales.
El último fin de semana se ha conocido que ya que algunos fiscales anticorrupción estarán ausentes de la institución dejando la responsabilidad de este caso a un magistrado que a su vez deberá atender otras denuncias.
Por ejemplo, se dio a conocer que el fiscal anticorrupción José Olivos Cossio se retirará por razones de licencia, y, al parecer no retornaría al Ministerio Público. El magistrado Javier Saravia está suspendido debido a una investigación por acoso a una servidora y su colega Cinthia Castillo Zapata, debido a su estado de gestación tendrá licencia de lactancia y se ausentará.
En otras palabras no existe Fiscal para atender este caso y en esas condiciones cualquier investigación, así se comprenda a un funcionario o no, está condenada al archivamiento por inoperancia de los encargados de la pesquisa.
Pero eso no es todo, las mismas personas que han advertido este dislate, señalan que a la falta de Fiscal se suma otro hecho que conspira contra la buena marcha de este proceso y es el relacionado con la falta de peritos contables y peritos en ingeniería civil necesarios para las diligencias.
Este es un proceso en el que se está ventilando no solo el escandaloso favorecimiento que se le otorgó a una empresa constructora que tuvo la suerte no solo de dejar la obra sin terminarla sino de cobrar el doble de lo que se le había ofrecido al momento de firmar el contrato, un escándalo por donde se mire.
De allí que si estamos en un proceso en donde se requiere cuantificar costos de un proyecto, calcular faltantes o estimar los montos que se han cancelado en virtud del trabajo realizado, eso no lo puede hacer el Juez ni el fiscal, lo tiene que hacer un profesional de la Ingeniería, un perito oficial que emita un informe al juez de la causa.
Sin ese informe será difícil y complicado que los operadores de justicia puedan establecer si ha existido una mano negra en este millonario proyecto de cuyas irregularidades no se conocía en la efervescencia de la campaña electoral, de lo contrario, estamos seguros que otra habría sido la suerte de esos comicios.
La dilación del proceso es otra de las razones que contribuyen a pensar que hay poderosos intereses que tratan de entorpecer la buena marcha del proceso en manos del distrito Fiscal del Santa, ya que el procurador ha mencionado que después que la Procuraduría Anticorrupción de Chimbote solicitó el levantamiento del secreto bancario y financiero hasta la actualidad ni siquiera se molestan en responder dicha petición.
Como se recuerda el caso del Canal Integrador de San Bartolo estalló en los primeros meses de este año cuando un reportaje de la televisión nacional puso al descubierto que esta obra se ejecutó en medio de escandalosas irregularidades, no había sido terminada, como en efecto mostraron las imágenes en el valle de Santa, sino que fue contratada por 17 millones de soles y se terminó pagando 34 millones, en otras palabras, un escandaloso arreglo que no tiene precedentes en nuestra región.
Fue ese informe el que motivó que el Ministerio Público comprenda en este proceso penal al gobernador Regional Juan Carlos Murillo, de allí que la expectativa que ha puesto la ciudadanía en este caso se ha visto burlada por la indiferencia del Ministerio Público del Santa en avanzar las pesquisas.
Se ha revelado que el plazo de la investigación del caso San Bartolo vence el mes de febrero del próximo año y todo indica que no lo conseguirá sus objetivos, de allí que es pertinente que la justicia revise sus propias decisiones y rectifique la denegatoria al pedido de traslado de jurisdicción que hizo el procurador, debiéndose remitirse este sonado proceso penal a una Fiscalía Supranacional en Lima. Eso será lo mejor, no hay que seguir perdiendo el tiempo.