Golpe a la corrupción. La doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), propuso ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la medida disciplinaria de destitución de los magistrados superiores Carlos Rodríguez Ramírez, Betty Tinoco Huayaney y Demetrio Vela Marroquín, integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Justicia de Ancash con sede en Huaraz, quienes favorecieron con un habrás corpus al expresidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar.
Junto a esta propuesta de destitución, la OCMA además resolvió la suspensión preventiva de sus cargos en contra de los tres magistrados, quienes desde ayer dejaron de laborar en la Corte Superior de Justicia de Ancash (Huaraz), mientras esperan la decisión final del Consejo Nacional de la Magistratura que debe acoger o no, la propuesta del máximo órgano disciplinario de control interno de jueces en el país.
La categórica decisión de Ana María Aranda Rodríguez fue adoptada, luego de concluirse las investigaciones contra dichos jueces superiores quienes vulneraron su deber de motivación de las resoluciones judiciales, en la emisión de la sentencia de hábeas corpus de fecha 09 de mayo de 2013, a favor de César Joaquín Álvarez Aguilar, mediante la cual se declararon fundada la demanda, y como consecuencia de ello, establecieron la nulidad de la disposición fiscal que ordenaba continuar las investigaciones con relación a los hechos del denominado caso “La Centralita”, excluyendo al citado beneficiario de toda actividad que pudiera realizar el Ministerio Público y nuestra institución a partir de tales acontecimientos.
Inicialmente fue la Jefatura de la Unidad de Investigación y Anticorrupción, la que propuso a la Jefatura Suprema de la OCMA, que se imponga la medida disciplinaria de destitución a los magistrados quejados por haber incurrido en inconducta funcional, según lo establece el Artículo 24 inciso1 de la Ley de la Carrera Judicial.
Según la investigación de la OCMA, los magistrados no señalaron de qué manera se afectaba la libertad personal del investigado César Joaquin Alvarez Aguilar con la Disposición Fiscal que ordenó investigarlo por el caso “La Centralita”, cuya nulidad se pretendía.
Esta queja funcional fue interpuesta por la Procuraduría Pública del Ministerio Público, luego que los vocales Carlos Rodríguez Ramírez, Betty Tinoco Huayaney y Demetrio Vela Marroquí declararan fundada en segunda instancia, revocando la decisión de primera instancia, la demanda de Hábeas Corpues presentada por César Joaquín Alvarez Aguilar contra el Ministerio Público (Expediente Nro. 255-2013).
La doctora Aranda Rodríguez, jefa de la OCMA, exhortó a los magistrados y auxiliares judiciales de todo el territorio nacional, a brindar un servicio de justicia honesto, eficiente y eficaz, y que este órgano contralor se mantendrá vigilante para que el comportamiento idóneo sea el que impere en el Poder Judicial.
Asimismo, invoca a la ciudadanía en general, a mantener la confianza en la labor que realizan los magistrados de la OCMA y de las ODECCMA, quienes tienen la responsabilidad de investigar y sancionar las conductas disfuncionales que se hubieren producido; recayendo en aquellos, todo el rigor que la Constitución, la ley y nuestras nuevas normas disciplinarias lo permiten.