Un municipio es una corporación que administra los bienes de una ciudad y su objetivo es brindar los servicios adecuados a los vecinos a efectos que accedan al bienestar que busca proporcionar una autoridad que llega al cargo por elección popular.
Sin embargo, los mandatos se han convertido, de un tiempo a esta parte en virtuales botines para ciertos políticos y ciudadanos que han advertido como es que en los últimos años las autoridades han obtenido mejores status de vida y se han enriquecido, por lo que pretenden lo mismo aun a sabiendas que hay de por medio algo ilícito.
Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el centro poblado menor de Cambio Puente, en donde un ex alcalde no tuvo mejor idea que obtener dinero que tramitando un crédito de 30 mil soles a nombre del Municipio pero ante un prestamista.
Este hecho es investigado por la Fiscalía anticorrupción que ha descubierto que el ex alcalde de Cambio Puente, Santos Juan Reyna Barreto, obtuvo un préstamo por el cual firmó una letra de cambio en garantía y nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero, no existe un solo documento que determine como ingreso o en que se gastó ese dinero por lo que la acusación se sustenta en una evidente apropiación por parte del ex burgomaestre que viene siendo investigado por delito de Peculado en agravio del Estado.
Sin embargo, al margen de la necesaria pesquisa que realiza el representante del Ministerio Público en la medida que existe de por medio un documento de garantía que seguramente ha sido protestado y ha generado una cuantiosa obligación para el Municipio, lo que no deja de llamar la atención es la modalidad utilizada por la ex autoridad edil para agenciarse de dinero.
Quienes recurren a un prestamista son aquellos que tienen necesidad de efectivo y no pueden acceder por alguna razón al sistema financiero, por ello se someten a las reglas que establecen estos usureros que fijan pagos de intereses que están muy por encima de lo siquiera imaginado, empero, son sus reglas y deben ser aceptadas si es que en realidad quieren acceder al circulante.
Y esto es lo que hizo Santos Reyna Barreto, se dirigió a un prestamista y se hizo de un crédito a nombre de la Municipalidad cuando ésta entidad es un organismo eminentemente formal, que registra sus movimientos y cuyas acciones están sujetas a un estricto control por encargarse de la administración de recursos públicos entregados por el estado o aquellos que recauda de los contribuyentes.
Por ello llama poderosamente la atención que un ex alcalde haya recurrido a un usurero de la calle cuando su obligación es dirigirse a entidades del sistema financiero formal y gestionar los créditos a los que suelen acceder los Municipios por contar con patrimonio e ingresos suficientes como para acreditar una capacidad de pago ante los bancos.
De allí que debe ser sumamente sencillo para la Fiscalía demostrar que la maniobra urdida por el ex alcalde investigado no tenía sino otra naturaleza que ilícita, el objetivo no era endeudarse con la finalidad de agenciarse fondos para administrar el Municipio, sino que la finalidad no era otra que aprovechar el nombre de la corporación edil para agenciarse de un dinero para provecho propio.
Esto es evidente a la luz de la documentación que tiene la Fiscalía y que determina que en la Municipalidad de Cambio Puente nadie conoce el destino del dinero y que solo tomaron conocimiento de la existencia de la deuda cuando el prestamista hizo valer la letra de cambio para cobrar el dinero que le entregó a la ex autoridad edil.
La Fiscalía ha solicitado la ampliación del plazo de la investigación a efectos de agotar todas las diligencias que requiere el periodo de recopilación de pruebas y con la finalidad de poder sustentar un requerimiento acusatorio lo suficientemente sólido como para garantizar una pena para el investigado.
Esperemos que en este plazo consiga su objetivo por que es evidente que nos hallamos ante un personaje ladino e informal, que ha sido capaz de envolver a una entidad municipal en un crédito de la calle, que es totalmente ajeno a los quehaceres edilicios. Esto es realmente absurdo y casi inimaginable.
                                                          NECESARIA REVISION
Personal de la Municipalidad Provincial del Santa realizó la semana pasada una exhaustiva inspección en locales nocturnos ubicados en el centro de la ciudad con la finalidad de verificar si cumplen con las disposiciones que los obligan a proteger sus ambientes con material acústico que evite el perjuicio a los vecinos con el ruido que genera su actividad.
Funcionarios de tres áreas de la comuna llegaron a los locales ubicados entre los jirones Carlos de los Heros y Alfonso Ugarte atendiendo una queja reiterada de los vecinos que virtualmente no pueden dormir por el ruido estridente que generan los establecimientos “Totos” y “Tumbao”, no solo por la música que irradian sino por la bulla que generan los parroquianos.
En este caso lo que ha hecho la Municipalidad es verificar si estos locales están respetando las normas, les han extendido una papeleta preventiva a efectos que subsanen las deficiencias que han detectado y retornarán para verificar que hayan cumplido, de lo contrario, deberán exponerse a una multa y una orden de cierre y clausura.
No pueden haber hecho otra cosa los funcionarios, se supone que esta es una actividad que antes que comience a funcionar el local de diversión debió haber corroborado el área de defensa civil que es la que entrega el certificado de habilitación, empero, ya todos saben cómo se manejó esta dependencia hasta hace un año atrás y por ello los establecimientos han conseguido burlar las normas.
Esperamos que la intervención de los funcionarios ediles no sea solo flor de un día, nadie impide o restringe el derecho de empresarios a desarrollar actividades en su ramo, lo que se demanda es que cumplan con las normas y la primera que deben respetar es el derecho al sosiego y la tranquilidad de los vecinos garantizando que el ruido que generan no los perturben, sino lo hacen que los clausuren como manda la ley.