Los manejos subterfugios que se registran en el sector pesquero estarían a punto de quedar al descubierto y de ser penalmente sancionados luego que la Procuraduría Pública solicitara al Ministerio Público inicie formalmente una investigación contra funcionarios del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y empresarios del sector pesquero por haber manipulado las cifras de la existencia de anchoveta en el mar con la finalidad de beneficiarse en la segunda temporada pesquera del año pasado.
Se trata de la petición que ha formulado la procuradora adjunta especializada en delitos de corrupción, Yudith Villegas Espinoza, a la Fiscalía Provincial Penal de Turno del Callao para que se inicie investigación contra 4 funcionarios del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y de las empresas pesqueras Tecnológica de Alimentos (TASA), CFG Investment, Pesquera Diamante y Pesquera Exalmar.
La procuradora Villegas señala dos hechos de relevancia que involucra a los denunciados. Primero, la presunta manipulación de los datos científicos para aumentar artificialmente la biomasa de anchoveta a 8,3 millones de toneladas, y así inducir a las autoridades a fijar una alta cuota de pesca para la segunda temporada de 2019 que alcanzó la “cifra histórica” de 2,7 millones de toneladas, de tal suerte que las evidencias indicarían que se “inflaron” las cifras para favorecer a la industria de harina de pescado. Perú es el mayor exportador del mundo de este producto.
Segundo, la existencia de una red de tráfico de información científica de IMARPE hacia algunas empresas pesqueras agremiadas en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) lo cual estaría demostrado con unos audios que registran conversaciones entre servidores de IMARPE con ex trabajadores de esta entidad que, curiosamente, a la fecha laboran en las compañías pesqueras.
En el fondo de su solicitud, la procuradora Yudith Villegas argumenta que existen suficientes indicios que ameritan una investigación fiscal para determinar responsabilidades por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado.
En realidad esto no es más que el colofón de una serie de historias y rumores que siempre se conocieron en la actividad pesquera, quienes hemos nacido en esta bendita tierra de promisión hemos escuchado desde niños como se manejan los “grandes intereses” de los empresarios del sector pesquero, así que una denuncia de este calibre no viene sino a confirmar todas esas especies.
Y es que la actividad pesquera es considerada en todos los sectores de la economía nacional como de “alto rendimiento”, las utilidades que deja son cuantiosas aun cuando los empresarios de este sector tienen la vieja costumbre de no honrar deudas o de burlar gabelas ante los entes recaudadores del estado y de los municipios, de allí que es pertinente colegir que las autorizaciones de pesca y las cuotas de la actividad por cada temporada siempre están sujetas a los mismos intereses.
Sin embargo, todo indica que en esta oportunidad se excedieron, la segunda temporada de pesca del 2019 fue un fiasco, cuando las embarcaciones se hicieron a la mar solo encontraron peladilla en porcentaje que frisaban el 90%, es decir, casi toda la población pelágica estaba en crecimiento y no estaba apta para ser extraída.
¿Como entonces se entiende que el IMARPE haya informado al Ministerio de la Producción que existía una población pelágica de aproximadamente 8 millones de toneladas en capacidad de ser capturada? ¿Por qué se maquillaron las cifras de los informes científicos?
La respuesta es evidente en la medida que esas cifras son las que determinan la cuota de pesca que fija el Ministerio de la Producción, de tal suerte que mintieron ex profesamente con la finalidad de obtener más ganancias.
A través de audios, mensajes de Wassap y de texto se ha podido establecer que ha existido una red de corrupción que se manejaba entre funcionarios del IMARPE y empleados de empresas pesqueras, aquellas que son sindicadas como parte de un oligopolio de la pesca y que son la imagen de la todopoderosa Sociedad Nacional de Pesquería, que de esta manera depredan el mar.
El Ministerio Público tiene en sus manos la primera investigación seria y contundente sobre estos manejos que se conocen desde hace muchos años, de allí que habrá que esperar que responda a la altura de estos graves hechos que deben ser sancionados con la contundencia que establece la ley penal.
UN TRISTE ADIOS
Los amigos de quien fuera uno de los principales funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa, Adolfo Varas Vásquez, nunca llegaron a entender cómo es que había sido confinado en un penal por un delito contra los deberes funcionales, y, ahora menos podrán entender cómo es que ha fallecido a consecuencia de una increíble negligencia del personal médico del Penal de Cambio Puente.
El deceso del ex funcionario edil se produjo la semana pasada luego de varios días de agonía, pues fue derivado primero, al hospital III de essalud de Chimbote y, luego, al Hospital Almenara de Lima, luego de sufrir una grave infección derivada de la mala aplicación de un inyectable en el tópico del centro penitenciario.
Como se recuerda, Varas Vásquez estaba cumpliendo una condena de cinco años de prisión tras haber sido condenado por delito de cohecho pasivo, al ser denunciado por un transportista de pedirle dinero para que le anule unas papeletas, hecho que siempre negó y rechazó y estaba luchando permanentemente por que se declare su inocencia.
Lamentablemente, este triste episodio de la negligencia médica en el penal de Cambio Puente ya no le permitirá seguir en este trajín, por el contrario, el señor lo ha llevado a su diestra y su imagen deteriorada por la justicia perdurará entre sus familiares y amigos que lo conocieron. Descansa en paz Adolfo Varas.