La pandemia del coronavirus ha obligado a los peruanos, como en todo el mundo, a cambiar muchos usos y costumbres, los ha llevado a adaptarse a una nueva forma de convivencia en donde el factor común es la protección de la vida y la salud.
Este criterio primará en adelante el accionar de todos y en todos los campos, incluyendo, claro está a la magistratura, pues sus decisiones estarán direccionadas a prevenir la vida y la salud de las personas, especialmente cuando tenga que decidir el internamiento de un investigado en el Penal de Cambio Puente.
No debemos olvidar que los Pernales de todo el país se convirtieron en foco infeccioso del Covid 19 debido a la tugurización y la sobrepoblación de la mayoría de ellos, la presencia de cientos de reclusos sin protección alguna que comenzaron a transmitirse entre ellos el virus.
Muchos lo superaron, pero otros no pudieron hacerlo y fallecieron, como ocurrió también con el personal del Instituto Penal Penitenciario, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas que procuren el egreso de los centros penitenciarios de aquellos reclusos que hayan cumplido la mayor parte de la condena, otros que puedan acogerse a beneficios penitenciarios y hasta para quienes, por salud o comportamiento, se hicieron acreedores de derechos de gracia.
Esta suerte de despenalización que buscó que descongestionar los Penales ha dejado una huella en el desempeño de los magistrados que se ven precisados, hoy por hoy, a calificar con menos drasticidad los delitos que se vienen cometiendo en medio de la pandemia.
Es el caso, por ejemplo, de un grupo de personas detenidas en el marco de una intervención de efectivos de la Comisaría de Villa María, tras verificar que en un hostal de esa jurisdicción se venía explotando a una joven de 24 años de edad, a quien trajeron de otros lares con el cuento de ofrecerle un trabajo seguro.
La joven fue hallada dentro de las instalaciones del Hotel y admitió de primera intención que se dedicaba a la prostitución y que era explotada por quienes eran sus empleadores, por lo que se detuvo a varias personas integrantes de una misma familia de quienes se presume forman parte de una organización de trata de personas.
De la misma manera, efectivos de la Policía sorprendieron a un falso laboratorista y una estudiante de enfermería, quienes estafaban a empresas con el cuento de la “prueba rápida” del Covid 19, ofreciendo cada una de ellas a 100 soles y entregándoles un certificado usando ilícitamente el nombre de un laboratorio.
Ocurre que debido a la necesidad de muchas empresas de cumplir protocolos para que la autoridad les otorgue autorización para reanudar sus actividades, como pruebas rápidas que demuestren que los trabajadores no fueran positivos, estos dos jóvenes las estafaban presentándose como especialistas en la materia.
Lo mas grave es que para encubrir su accionar delictivo, expedían certificados utilizando el nombre de un Laboratorio y de esta manera sorprendían a las empresas que solo estaban recibiendo un documento falso.
El seudo laboratorista y la estudiante fueron sorprendidos en flagrancia de delito, por ello fueron conducidos con todas las evidencias a los calabozos pues en la misma diligencia intervino la representante del laboratorio cuyo nombre y firmas utilizaban de manera fraudulenta, por lo que se trataba de un hecho absolutamente probado, sin embargo, apenas 24 horas después estos dos jóvenes estafadores no fueron puestos a disposición de la justica, el Fiscal consideró que los hechos no importaban una gravedad como para solicitar una medida de prisión, señalando que los hechos pueden ser investigados con los acusados en libertad.
No es el mismo caso de trata de personas, en donde el Ministerio Público no encontró elementos de juicio que respalden un pedido de prisión en razón que la joven agraviada vaciló mucho después de la detención de quienes son considerados sus explotadores, dejándose entrever que el delito que se investigará será el de favorecimiento a la prostitución que no tiene la misma contundencia jurídica que uno de trata de personas.
Cierto es que los delitos menos graves deben tramitarse con los reos en libertad, sin embargo, en el caso del seudo laboratorista con la falsa enfermera, que estafaban abiertamente a las empresas, no debería considerase un caso leve, menos aun cuando aprovechan una pandemia para concretar sus delitos y juegan con la vida y la salud de las personas al emitir certificados falsos.