La Fiscalía Supraprovincial que está a cargo de la investigación del denominado Caso “La Centralita”, aquella relacionada con los malos manejos promovidos desde el bunker político que tenía el ex presidente regional Cesar Álvarez Aguilar en la urbanización La Caleta, ha hallado una nueva vertiente que busca determinar la comisión de nuevos delitos en el manejo de los recursos públicos.
Se trata de un cuantioso pago de 70 mil nuevos soles que hizo el encarcelado ex presidente regional a favor de la empresa encuestadora DATUM, el mismo que se había canalizado a través de dinero negro que no se hallaba en la contabilidad de la empresa, por lo que se presume no solo la comisión de presuntos delitos tributarios sino que se sospecha que existen de por medio delitos de corrupción en la medida que, por la forma como se ha actuado, la suma cancelada sería dinero negro que proviene de los diezmos y las coimas en las obras del gobierno regional.
No se sabe cómo es que llegó a esa pesquisa, lo cierto es que al emplazar a la empresa DATUM Internacional S.A., conocida encuestadora a nivel nacional, la Fiscalía recibido la confirmación de una operación realizada por el ex presidente regional que consistía en la contratación de los servicios de la misma para la realización de un estudio de opinión en la Región Ancash, allá por setiembre del año 2013.
Los representantes de la empresa DATUM no han podido negar este hecho, por el contrario, advertidos que está de por medio una investigación penal lo que han hecho es cumplir con el pago de los impuestos por el importe recibido a través de una regularización efectuada este año bajo el pretexto que por un error involuntario no se había efectuado en su debido momento.
En realidad no se hizo porque esta clase de operaciones se hace de manera encubierta, el ex presidente regional no quería que se conozca que estaba manejando información sobre el sentir de la población y un sondeo sobre sus posibilidades electorales en aquella fecha, todo indica que estaba sentando las bases de su re-reelección.
Ello es más cierto si se tiene en cuenta que la encuestadora ha señalado a la Fiscalía que César Álvarez los convocó a una reunión en Huaraz en la que tomó parte nada menos que el ex funcionario de la ONPE José Luis Cavassa Roncalla, quien a la postre fue la persona que llevó el dinero para cancelar esta operación.
Es evidente que este manejo se hizo bajo la sombra porque la encuestadora no contrató oficialmente con el gobierno regional, no cobró, como debería haberlo hecho, a través de un cheque girado por la entidad regional, por el contrario, el ex funcionario de la ONPE, que para entonces trabajaba con César Álvarez, llevó el dinero en efectivo, un claro indicio de un lavado de dinero negro.
No se puede olvidar que Cavassa Roncalla es un ex funcionario de la ONPE estrechamente vinculado al fujimontesinismo, inclusive, se sabe que César Álvarez hizo contacto con la gente vinculado al organismo electoral en las elecciones del año 2010, cuando avasalló a todos sus rivales en resultados que en muchos casos llamaron poderosamente la atención y en medio de una serie de omisiones que facilitaron su victoria en las urnas.
De allí que es fácil pensar que el ex presidente regional había requerido los servicios de tan cuestionado personaje con la finalidad que maneje su candidatura a una segunda reelección, quería asegurarse que llegaba en condiciones de poder superar a quien se le ponga al frente y para ello recurrieron a los servicios de una encuestadora que determine las fortalezas y debilidades que tenía por aquel entonces.
Tampoco se puede olvidar que en esos meses del año 2013 ya César Álvarez comenzaba a advertir altos porcentajes de rechazo por el desgaste de un gobierno que solo se había encaminado por la senda de la corrupción, cuando las denuncias ya no podían ser archivadas u olvidadas tan fácilmente como en los primeros años de su gobierno y en circunstancias que ya el derroche de los recursos comenzaba a pasarle la factura por los forados financieros que se registraban.
Son los tiempos en que comenzó a reclamar al gobierno nacional una compensación por un supuesto recorte del canon, utilizó las obras paralizadas como argumento para que el Ejecutivo le asigne transferencias para llenar los enormes huecos que se comenzaban a percibir.
Eran los tiempos en que el ex presidente regional se desesperaba en argumentar que los problemas financieros eran producto de un inexistente recorte del canon cuando en realidad la falta de presupuestos de las obras obedecía al carrousel que hicieron en el gobierno regional de Ancash para tomar recursos de algunas obras para licitar otras y beneficiarse con el diezmo, sin interesarles siquiera que esa obra afectada quedaría paralizada como en efecto ocurrió con el paso de los meses.
Inclusive, al fracasar su tesis del supuesto recorte del canon Álvarez esgrimió la tesis del desgravamen minero, aquella ley que tenía ya tres años de vigencia y con la cual alegó que el ejecutivo le había dejado de transferir 517 millones de soles que demandaba los deposite en favor de Ancash.
Paralelamente, tanto en Chimbote como en Huaraz se comenzaba a distribuir ejemplares de un magazzinne elaborado exprofesamente para César Álvarez, conteniendo supuestas encuestas que lo encumbraban como el favorito en las elecciones del año 2014, seguramente que se trataba de la información maquillada entregada por DATUM y por la cual se pagó 70 mil soles “a la mano”.
Esperemos que la Fiscalía desentrañe finalmente todo este desaguisado, seguramente que si sigue escudriñando podrá descubrir muchos otros enlaces que se hicieron con este mismo sesgo del dinero dudoso, ese que se manejó en millones porque salía de los diezmos y los pagos bajo la mesa en la ejecución de obras, inclusive, de aquellas que hasta la fecha han quedado paralizadas como enormes elefantes blancos en Chimbote y toda la región. Ya es momento de castigar toda esa osadía, la cual ciertamente salía del bunker conocido como La Centralita.