Ya expiró su plazo de prisión asevera:
Sosteniendo que ya venció la prisión preventiva en su contra, y que se transformó en detención domiciliaria, el ex alcalde del distrito de Nuevo Chimbote Francisco Gasco Barreto, indicó que el plazo concluyó el 27 de septiembre pasado, por lo que planteó una Queja y presentó un recurso de Hábeas Corpus en contra del juez John Pillaca Valdez.
El hábeas Corpus fue presentado por su abogado defensor Hemerson Pacheco Milla el 28 de septiembre pasado y a pesar del tiempo transcurrido y siendo un recurso de naturaleza sumaria hasta el momento no es resuelto y lo mismo pasa con la Queja, según indicó el imputado Gasco Barreto en comunicación con nuestro medio.
El ex alcalde sureño tiene la condición de investigado en la investigación por el delito de colusión simple y hasta la fecha lleva 45 meses de estar privado de su libertad, es decir que excede los 36 meses sin ser sentenciado.
Los escritos presentados en contra del juez antes mencionado sostienen que se ha cometido un abuso en contra del ex burgomaestre de Nuevo Chimbote por haber extendido el plazo de la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario hasta el mes de febrero del año 2021.
“Si mi padre no hubiera pedido la prisión domiciliaria y seguiría con la prisión preventiva en el penal ésta hubiera vencido el 27 de septiembre, ya estaría fuera. El juez Pillaca cuando le da la detención domiciliaria pone 10 meses y fija un irracional plazo que empieza en abril (pasado) y terminaría en febrero del otro año, esa es una idea descabellada que no ocurre en el mundo” expresó Manuel Gasco, hijo del investigado.
“Ya no sabemos qué hacer, se está violando un derecho humano, no puede estar en prisión más de 36 meses. Les han dado libertad por vencimiento de 36 meses a otros procesados de organización criminal y a mí padre lo tienen atado, ¿qué quieren, que proteste encadenado?”, agregó.
Gasco Barreto, que cumple la detención domiciliaria en su vivienda ubicada en la urbanización Los Olivos, presentó un escrito ante el Módulo de Chimbote de la Defensoría del Pueblo por la violación de su derecho humano a la libertad avocándose su caso en la persona de Cintia Cabrejos.