Por: CPC SERGIO AGURTO FERNANDEZ
La eliminación del régimen CAS, contenida en una ley de reciente aprobación por el Congreso de la República (11-12-2020), aunque parezca exagerada, es una acertada medida, largamente esperada por una parte de la empleocracia estatal; con lo que se supone, aunque no es el tema, que por inercia también podrían quedar eliminada la abusiva forma de tercerizar la mano de obra, vía “servís” y de todos los nefastos y oprobiosos regímenes laborales, que aún se mantienen en vigencia.
Obviamente que esta medida tiene entre sus principales detractores a las autoridades de la Ley Servir (N° 30057 del 03-07-2013), institución que tiene como misión, unificar en un solo régimen, la actividad laboral del Estado, sobre la base de la meritocracia, en la que progresivamente se tendrían que ir incorporando todos los servidores públicos. De esto han pasado más de 7 años, y “aquí no pasa nada”.
Es un tema sumamente delicado, porque está en juego el destino de más o menos 300,000 servidores públicos, que fueron contratados bajo el régimen CAS (D. Leg. 1057 del 27-06-2008) y que pasarían a la condición de permanentes (D.L. 276 o D.L. 728). También es de entender que tal decisión implicaría serias dificultades patronales para el Estado, muy acostumbrado a desconocer los derechos que genera todo vínculo laboral, cualquiera que fuera la modalidad de contratación.
La eliminación del régimen CAS, norma sólo aplicable en el sector público, al igual que sus otras similares (SNP, servís), en materia de contratación de personal, son las que regulan las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores; tienen la característica de haber sido concebidas como para un contexto propio del siglo XVIII para atrás, donde la clase trabajadora estaba tan igual de valorada que los seres de la escala zoológica, ni más ni menos, si no Ramón Castilla no hubiera tenido ningún esclavo por libertar. Con un desconocimiento adrede de los derechos inherentes a la condición de ser un trabajador, como abdicando maliciosamente de su misión de brindar protección a los ciudadanos nacidos en el Perú, los gobiernos de turno se han despreocupando de prestarle atención, a estos trabajadores que con justicia esperaban la eliminación de un régimen laboral esclavizante.
Esta crítica tiene su razón de ser, cuando vemos la doble moral con que se actúa: ejerciendo autoridad cuando se trata de solucionar los conflictos laborales generados en el sector privado, pero careciendo de ella, cuando los conflictos se dan en su ámbito como empleador, y el régimen CAS es la burda expresión de ello. Hay una demostrada insensibilidad de cómo se manejan los recursos humanos en el interior del Estado; claro, quienes observan desde su cómodo balcón, no conocen, por ejemplo, que un trabajador contratado bajo el régimen CAS, vive en la incertidumbre de no saber si luego de vencido su contrato trimestral, tendrá la bendición de ser renovado por igual periodo de tiempo. Esta inestabilidad, como es obvio, impide al trabajador planificar su futuro, como para contraer compromisos sociales (tener familia) y financieros, al no saber cómo afrontarlo después, cuando se dé la ruptura del vínculo laboral. Por este y otros motivos, ¿Acaso no se justifica la eliminación del régimen CAS?
Este detalle se da en todos los niveles de la administración pública, salvo los cargos de confianza que son coyunturales; en lo demás, se tiene que, mientras los salarios CAS son considerados como remuneraciones y se pagan por planilla, otros de peor naturaleza, son los servicios no personales y la tercerización (servís), porque esos salarios se pagan por recibo, a la vista de una orden de servicio, y cuyo control está en el área de logística y no en recursos humanos.
Como sabemos la política salarial en el país, así como tantas otras políticas de Estado, lo fija el Congreso de la República, y el Gobierno lo ejecuta. Ciertamente que una norma legal de tal magnitud, es como para alborotar a todo el aparato estatal, nadie lo puede negar, pero que en justicia, era un mal necesario que en algún momento se tenía que dar, todo era cuestión de tiempo y de sensibilidad y empatía que los señores congresistas podían tener con la clase trabajadora, sin importar la circunstancia.
Hoy día miércoles 23-12-2020, la eliminación del régimen CAS, aun no es un hecho consumado, todavía hay un largo camino por recorrer, falta la firma del Presidente de la República para convertirse en ley, o la promulgación por insistencia, de ser el caso, por el Congreso de la República. La ley está dada y en algún momento tendrá que entrar en vigencia, salvo que el TC lo declare inconstitucional.
Antes de esta nota, decíamos que: “físicamente el Estado no existe, porque no se le puede ver ni tocar, pero jurídicamente sí existe y está representado por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. El Gobierno no es sólo el Ejecutivo, también lo son los otros dos poderes, cada quien ejerciendo funciones dentro del ámbito de su competencia y con absoluta independencia, cuyas decisiones acertadas o no, compromete el destino del país, pero sus efectos abona a favor o en contra de quien personifica a la Nación: el Presidente de la República.
Lo indicado viene a clarificar el panorama, para imaginarnos en qué instancia superior del gobierno central, se generan los yerros que tanto daño nos hace como país. En cada uno de estos poderes se realizan trabajos especializados, cuya ejecución requiere del concurso de personas altamente calificadas, suponemos que lo son los que ahora trabajan ahí: 1) Poder Ejecutivo, realizando las tareas de gobierno para el que fue elegido, llevando a la práctica todas las políticas de estado, diseñadas para el mediano y largo plazo, 2) Poder Legislativo, poniendo las pautas sobre cómo se deben de conducir los diferentes aspectos de la vida nacional, y 3) Poder Judicial, con sus aciertos e independencia, garantizando la seguridad jurídica para hacer del Perú un país elegible en el contexto internacional.
Dicho esto, nos preguntamos: 1) Si los técnicos y asesores palaciegos y ministeriales, tuvieron la talla intelectual para el cargo en que fueron contratados, en razón de que son ellos, en buena cuenta, los que gobiernan en la sombra, y 2) Si los señores Congresistas, como representantes del pueblo que son, durante su campaña electoral tuvieron la “curiosidad” de identificar los álgidos y acuciantes problemas del país, como para agendarlo en el directorio de sus tareas congresales.
Si los funcionarios públicos de todos los niveles, cumplieran con su trabajo, con seguridad que no estaríamos tan mal como lo estamos: con una severa crisis social, política y económica. Pero vemos con preocupación, que en la solución de los problemas se han tergiversado las formas en que se vienen dando, ya no en las instancias “civilizadas” del Gobierno, sino con una alta presión en las calles, que es así cómo el pueblo se pronuncia a través de las huelgas, cuando ve que sus demandas no son atendidas; en tal situación, mas puede el hambre y la sed de justicia, que el temor de sufrir represalias y hasta la privación de la libertad. A eso hemos llegado. Situaciones así que no sirvan de mal ejemplo y se conviertan en una repudiable y permanente forma de conseguir hasta lo imposible. No resquebrajemos el principio de autoridad que le conferimos al Gobierno con nuestro voto, si aspiramos a tener un futuro mejor, con igualdad de oportunidades para todos.
Culminamos diciendo que, la renovación de los contratos de trabajo por periodos cortos de tiempo, debe ser erradicados, porque hacen mucho daño y crean inestabilidad emocional en los trabajadores, que se ve reflejado en el deterioro de la salud física y mental. Estas repudiables modalidades de contratación, abusivamente anula los derechos laborales, entre ellos la jubilación, porque los salarios al ser pagados fuera de planilla, no hacen posible los descuentos previsionales. Por este efecto el trabajador CAS ve con nostalgia e indignación, cómo la vida se le esfuma con el paso del tiempo, sin dejar huella material, sin jubilación ni hijos que le socorran, quedando degradado en la escala social a la condición de indigente. ¿Habrán culpables por esta afrenta en contra de estos desafortunados trabajadores?, claro que sí, y son los ineptos funcionarios que hasta ahora no son capaces de crear, cuanto menos, un sistema previsional auto sostenible, Made in Perú y no importado como siempre lo hacen.