Hace tres años los neochimbotanos se indignaron frente a la impúdica invasión de una vía pública en la calle Pelicano, en la intersección con la avenida Pacífico, en los límites de la urbanización Buenos Aires con Tres de Octubre, hasta donde llegaron matones con palos y esteras para levantar un cerco en medio de la calle.
Por entonces los funcionarios de la Municipalidad de Nuevo Chimhote, a cargo del ex alcalde Juan Gasco Barreto, llegaron con la finalidad de impedir esta escandalosa usurpación de una enorme franja de terreno, consiguieron evitar la invasión, empero, sorpresivamente un Fiscal llegó a pedido del usurpador para avalar esta acción delictiva en razón que, según adujo, el invasor había presentado documentos que “demuestran su posesión”.
Semejante despropósito finalmente se concretó a vista y paciencia de todas las autoridades, el invasor identificado como Wilber Huaco Gonza no solo colocó un cerco de esteras sino que en menos de dos semanas levantó un cerco perimétrico de material noble con enorme puerta de acero que ha quedado allí, en medio de la vía pública, como un símbolo a la impunidad en Chimbote.
Sin embargo, todo indica que esta “suerte” de los invasores está en camino de ser desvirtuada, pues la Fiscalía anticorrupción de Chimbote ha dispuesto el inicio de una investigación preparatoria por espacio de 120 días en contra del mencionado Huaco Gonza, de Juan Carlos Torres Rubio y del ex gerente de Infraestructura y desarrollo urbano de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Marco Rivera Caspa.
Los delitos que se investigarán son los de cohecho activo y pasivo, es decir, por el hecho que los invasores sobornaron al ex funcionario edil para que éste les pudiera extender de manera ilegal y fraudulenta un certificado de posesión y una licencia de construcción con los cuales pretenden justificar la invasión de un área pública.
Los hechos fueron de amplio dominio público hace ya más de tres años atrás, cuando Huaco Gonza y Torres Rubio procedieron a ocupar una enorme franja que es parte de la avenida Pelicano, en el distrito de Nuevo Chimbote, les importó un comino el trazo catastral del distrito y ocuparon el terreno por donde debe continuar la calle, incluso, asignándole una dirección inexistente.
Lo grave de todo esto es que cuando tomaron por asalto estos terrenos y decidieron cercarlo ante la desidia de un Fiscal que permitió que perpetraran la usurpación, los invasores presentaron estos documentos fraudulentos como si con ellos pudieran probar que son los propietarios de este predio.
Lamentablemente, el área legal de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, por entonces en manos del ex alcalde Juan Gasco Barreto, no hizo mucho para impedir que el invasor se consolidara en la propiedad, para exigir su desalojo a sabiendas que un certificado de posesión de un predio lo tiene que extender el Municipio Provincial del Santa y no un funcionario del Municipio sureño y que una licencia de construcción no acredita la propiedad de una persona respecto a un lote de terreno.
Lo más indignante es que estas dos personas habían ocupado una avenida, estaban tomando la vía pública, de allí que llama la atención que después de tantos años las autoridades judiciales no hayan dispuesto su desalojo haciendo respetar la intangibilidad de las áreas públicas de la ciudad, por el contrario, el vergonzoso cerco sigue en el mismo lugar y no ha sido demolido hasta la fecha.
Asumimos que las denuncias por el delito de usurpación se tramita en otra instancia, pues lo que ha dispuesto el fiscal anticorrupción para investigar en el plazo de 120 días es la colusión entre los invasores con un ex gerente de la Municipalidad de Nuevo Chimbote para obtener documentos que, evidentemente, resultan fraudulentos y que se han elaborado ex profesamente para avalar una invasión de un área pública.
Justamente, se sabe que el certificado de posesión y la licencia de construcción fue rechazado en su momento por el ex gerente edil Marco Rivera Caspa, sin embargo, una pericia grafotécnica ha permitido demostrar que no ha existido falsificación alguna, que el documento en original ha sido expedido en la propia Municipalidad tomando datos falsos e inexistentes con la única finalidad de generar “derechos” en perjuicio de la ciudad.
Si bien es cierto que se necesita sancionar con todo el peso de la ley a quienes se coludieron para sacar provecho ilícito de un cargo y generar documentación falsa para justificar una invasión, cualquier estudiante de derecho sabe y es consciente que el predio invadido jamás podrá ser inscrito en la oficina de Registros Públicos porque está ubicado en un área considerada como pública, que ha sido asignado con una dirección inexistente en el castastro urbano del Municipio de Nuevo Chimbote y porque, sencillamente, es producto de una usurpación que lejos de ser avalada o ignorada, ya debería haber sido desvirtuada hace mucho tiempo por las autoridades.
De allí que nos llama poderosamente la atención que a estas alturas, después de tres años de haberse invadido el predio, recién la fiscalía anticorrupción inicie las pesquisas preliminares sobre un hecho que fue manifiestamente doloso apenas se pudo conocer cuando se registró la incursión de los usurpadores a ese terreno.
De todas maneras, existe la imperiosa necesidad que se sancione a los responsables de este impúdico contubernio, empero, ello no debe impedir que se deslinde el derrotero de la denuncia penal que en su momento formuló el ex alcalde de Nuevo Chimbote contra los invasores por el delito de usurpación, esa investigación ya debería haber concluido hace mucho tiempo, empero, estamos convencidos que duerme en algún archivador de las entidades encargadas de investigar y perseguir el delito, no ha existido jamás interés en sancionar este hecho delincuencial y el solo hecho que no se conozca de alguna condena y de la recuperación del área pública, nos lleva a pensar que todo sigue igual como hace tres años atrás. Esta es una muestra más que nuestra administración de justicia no camina a paso lento sino que lo hace a paso lentísimo.