El Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. William Vizcarra Tiendo ha señalado siempre, como lo hicieron sus antecesores, que su labor administrativa y gerencial en la conducción de la institución, no le permite inmiscuirse en temas de índole jurisdiccional, empero, ello no le impide comentar u oponerse a medidas que dictan los jueces y que atentan contra la buena marcha del organismo judicial.
Por ello es que la semana pasada no pudo mantenerse impasible ante la increíble y sorprendente decisión de la Juez del Primer Juzgado Unipersonal de Chimbote, Patricia Peralta Gambini, quien postergó el inicio del juicio oral del “Caso Nehalem” hasta el 23 de Junio de este año, es decir, dos meses después de la audiencia que se frustró por acción de la parte investigada.
Esto ocurrió luego que la mencionada magistrada decidió no instalar el juicio oral contra el alcalde Julio Cortez Rojas, la prófuga ex alcaldesa Victoria Espinoza García y contra otros funcionarios ediles que son procesados por delito de colusión y negociación incompatible en agravio de estado y la Mnicipalidad Provincial del Santa, caso en el cual el Ministerio Público pide se les aplique una pena de cuatro años y medio de prisión.
La decisión de la magistrada generó sorpresa porque atenta directamente no solo contra las normas procesales que en el mecanismo vigente promueven la celeridad procesal, sino que colisiona contra la política funcional impuesta por el Presidente de la Corte del Santa que busca que agilizar los casos con reos en cárcel y aquellos que son mediáticos.
Sin embargo, en el llamado “Caso Nehalem” no se estaba cumpliendo con estos presupuestos, por el contrario, para muchos de los que asistieron a la audiencia les quedó la sensación que la justicia se ponía al servicio de quienes entorpecen su labor, como que se amparó el pedido de postergación de la audiencia sin que existiera un pedido directo y justificado.
En efecto, cuando se iniciaba la audiencia uno de los abogados de la defensa informó a la Juez que acababa de recibir la llamada telefónica de su colega que patrocina los intereses del alcalde provincial, quien le pedía comunicar que estaba afectado en su salud y que por esa razón no estaba presente, por lo que solicitaba que se postergue la audiencia con cargo a presentar los documentos pertinentes.
En realidad, es la primera vez que los periodistas observan una audiencia en la que el pedido de suspensión no se hace a través en un escrito que lleve acompañado el documento que sustenta la inconcurrencia de la parte denunciante o denunciada o sus abogados, pues se entiende que esto es sustancial como para disponer la paralización del aparato judicial.
La magistrada aceptó de buenas a primeras el pedido e hizo el traslado a los otros sujetos procesales, como el Fiscal y el Procurador que solo pusieron reparos en la suspicaz y repentina inasistencia del abogado del principal investigado, mas no en la inexistencia de un certificado médico que lo justifique.
Si a ello sumamos el hecho que la juez fije el reinicio del juicio oral para dentro de dos meses, eso ya parecía una burla a la expectativa que ha puesto la opinión pública a uno de los tantos juicios que arrastra el alcalde de la ciudad y su antecesora, quien se halla en la clandestinidad, justamente, por la secuela de uno de estos juicios en el que ha sido condenada a siete años de cárcel efectiva.
Empero, no solo la presidencia de la Corte experimentó esa misma sensación que pusieron de manifiesto periodistas y abogados al mostrar su extrañeza por la exagerada dilación de este juicio, también la Oficina Distrital de Control de la Magistratura decidió asumir una investigación de oficio a efectos de verificar si realmente en el cuaderno de audiencias no existía fechas anteriores como para que la juez fije la diligencia, lo que obligó a la magistrada a enmendar esta situación casi de inmediato.
En efecto, a los dos días la propia Juez ha comunicado a las partes que se ha adelantado el reinicio del juicio oral para el 07 de Junio en horas de la tarde, explicándose que la fecha inicial se estableció en la vaga idea de llevar adelante una audiencia prolongada, durante todo un día, para avanzar con el proceso.
Seguramente hay quienes asumirán como ciertas esas explicaciones, lo que interesa es que los magistrados tiene que entender que la administración de justicia no puede dar señales extrañas, no puede ser cómplice de los objetivos dilatorios de los abogados y menos aún dejar la sensación de desidia e indiferencia frente a cargos tan graves y públicos que están en juego. Se entiende la justificada contrariedad del ¨presidente de la Corte del Santa y se asume la marcha atrás de una Juez que admitió su craso error.
                                                          MEDIDA A REGAÑADIENTES
La Municipalidad Provincial del Santa procedió a clausurar temporalmente el Terminal Pesquero informal que se ha establecido en un inmueble aledaño al terminal portuario de Chimbote, en donde decenas de comerciantes de pescado venden diariamente sus productos en condiciones que no son las ideales para la salubridad.
Este hecho fue constado muchas veces por la propia autoridad edil que le permitió a estos comerciantes permanecer en el lugar porque se estaba remodelando el Desembarcadero Artesanal, empero, concluida esta obra los comerciantes se negaron a salir y pretenden establecer otro punto de venta de productos hidrobiológicos.
Sin embargo, sin servicios de agua corriente y desagüe difícilmente se puede aceptar el funcionamiento de un establecimiento de estas características, fue el SANIPES quien dio la alerta y la Municipalidad Provincial se vio precisada a acatar las recomendaciones sanitarias. Esperemos que no se vuelva a autorizar la venta de pescado en ese lugar si es que no cuentan con todas las condiciones que señalan las normas, más aun no se entiende por qué se persiste en que funcione este local cuando existe un desembarcadero artesanal oficial que ha sido remodelado y que cuenta con las condiciones idóneas para esta actividad. Allí hay algo que no se conoce, empero, la autoridad edil ha debido adoptar una medida a regañadientes porque de por medio está la salud de la población.