Los padres, familiares y amigos de quien fuera alcaldesa del vecino distrito de Samanco solo por algunas semanas, Fanny Mallqui Huamán, han insistido con plantones, protestas y reclamos en demanda de su liberación, pues se encuentra sujeta a una medida de prisión preventiva de siete meses.
Sin embargo, estas acciones no han influenciado en nada en el ánimo de los juzgadores en la Corte del Santa, quienes mantienen el criterio jurídico por el cual si no existen nuevas pruebas que varíen su condición jurídica a partir de la medida de prisión que se le dictó a fines del año pasado, entonces la investigada debe seguir sujeta a la medida de prisión.
Por ello es que el Juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, Dr. Roma Cruz Avilés, desestimó el pedido de cesación de prisión preventiva formulado por la defensa técnica de la ex alcaldesa Fanny Mallqui Huamán y determinó, de esta manera, que aquella se mantengan en su presidio del Penal de Chorrillos, en Lima, hasta que el Ministerio Público formule cargos en su contra o solicite el sobreseimiento, según sea el caso y según las pruebas que obran en su poder.
Esta es la segunda vez que el Poder Judicial se pronuncia respecto a la situación jurídica de la otrora regidora de Samanco después de haberle dictado siete meses de prisión preventiva, ya antes lo hizo en los primeros meses de este año cuando revisó el recurso de apelación que planteó contra la mencionada medida restrictiva y en aquella ocasión., al igual que lo hizo con sus co investigados, también rechazó la petición.
Y es que la ex concejal de Samanco se encuentra involucrada en cargos sumamente graves, diríamos bastante delicados y mientras existan indicios de su presunta responsabilidad, la justicia no puede variar ninguna medida hasta en tanto se agoten las diligencias que debe estar realizado el Ministerio Público para completar su pesquisa.
Nos referimos al crimen de su antecesor Francisco Ariza Espinoza y de su abogado Henry Aldea Correa, quienes fueron cobardemente asesinados el 20 de octubre del año pasado en un paraje de la carretera de acceso al distrito de Nepeña, frente a la zona de ingreso al poblado de Huacatambo, en donde criminales a sueldo se encargaron de dispararles e incendiar el vehículo del letrado.
Los agraviados retornaban hacia Samanco tras tomar parte en una manifestación que brindaron en la fiscalía provincial de Nepeña, atendiendo una citación que le hizo el Ministerio Público en razón de una denuncia formulada, precisamente, por los regidores opositores de su gestión, los cuatro regidores que se confabularon contra Ariza Espinoza y lo acusaban de irregularidades en el contrato de venta de terrenos en el balneario de Besique.
Los concejales eran las pocas personas que sabían que Ariza debería acudir a la diligencia de la Fiscalía de Nepeña, también lo sabían el ex alcalde Jaime Casana Escobedo y su asesor Carlos Castro Bazán, todos ellos le hicieron un cargamontón con denuncias para desestabilizar su gestión, en el fondo lo que ambicionaban era quedarse con el cargo, eso era evidente en la gestión misma cuando el malogrado burgomaestre denunciaba ante los medios de comunicación que los regidores complotaban contra su gestión.
Lo cierto es que después del execrable doble crimen la Policía hizo un trabajo de excelencia en investigación criminal, fue capaz de identificar no solo a los sicarios que ultimaron al alcalde y su abogado sino también a los sujetos que se encargaron del traslado y la contención de los criminales, así como a los verdaderos promotores intelectuales del crimen, el ex alcalde Jaime Casana y su asesor, y, sumaron a este grupo nada menos que a los cuatro regidores que para entonces, a solo dos semanas del alevoso asesinato, ya se habían encaramado en los cargos municipales en remplazo de Ariza Espinoza.
Para llegar a estas conclusiones la Policía y el Ministerio Público apelaron a los beneficios que otorga la ley en materia de colaboración eficaz y protección de testigos en reserva, persuadieron a los sicarios a entregar información de aquellos que los contrataron a cambio de reducirle las penas y convencieron a otras personas que se vieron involucrados en este alevoso doble asesinato para que colaboren con las pesquisas.
Estos personajes son los que develaron el misterio y confirmaron lo que muchos sospechábamos desde el primer momento que se consumó el crimen, es decir, que el ex alcalde Jaime Casana Escobedo estaría detrás de este atentado porque ya el Poder Judicial le había cerrado las posibilidades legales de retornar al cargo del cual fue suspendido, pero llamó poderosamente la atención que junto a él estuvieran los regidores que por entonces tenía el pleno edil de ese distrito.
Todos sabían, hasta entonces, que los concejales eran manipulados por Casana, la prensa fue testigo de excepción de esto en la perturbación de la gestión de Ariza y hasta en las conferencias que ofrecieron luego de las denuncias del occiso el año pasado, cuando declaraban protegiendo en todo momento al siniestro personaje.
Sin embargo, nadie habría apostado a que se sumen a una conspiración criminal, empero, esto es lo que señalan las pruebas actuadas por el Ministerio Público hasta el momento y en la medida que no existan otras actuaciones probatorias que lo refuten los ex conejales deberán responder ante la ley, incluso, limitados de su libertad como están ahora.
Los hechos acaecidos en Huacatambo escribieron una de las notas más negras y aciagas de la historia municipal y policial de Chimbote, consumaron un doble crimen en nombre del poder y la ambición, por ello es que la justicia tiene que mostrarse implacable hasta deslindar si es que los acusados son realmente quienes promovieron esta execrable secuela criminal.
La decisión del Juez Roma Cruz Avilés ha sido una medida previsible, mientras existan cargos en contra de los regidores tendrán que responder ante la ley y en la medida que los cargos responden a hechos brutales como los registrados el 20 de octubre del año pasado, entonces habrá que esperar al epílogo de la investigación fiscal, más aun cuando falta muy poco para que se agote el plazo de prisión y no sabemos si habrá una acusación formal o se solicitará una ampliación de la medida restrictiva. Veremos que sucede en estos días.