Las organizaciones de la sociedad civil de la provincia del Santa han decidido advertir al gobierno nacional que en caso no exista un anuncio oficial que viabilice la ejecución de la Via de Evitamiento, el próximo miércoles 25 se realizará un paro provincial para exigir que, de una buena vez, se ponga en marcha este anhelado proyecto.
Aun cuando el anuncio suene a una amenaza en realidad no lo es, por el contrario, aunque resulte paradójico, se trata de una nueva muestra de permeabilidad de las autoridades provinciales para zanjar este diferendo con el gobierno por la vía democrática del diálogo, para llegar a un buen entendimiento sin necesidad de alterar las actividades diarias y menos perjudicar la gestión del gobierno en la medida que ya se han realizado todos los esfuerzos necesarios y no se han obtenido respuestas claras y concretas hasta el momento.
La decisión de convocar a un paro provincial en caso no se cumpla con la firma de la addenda el lunes 23, se sustenta en la necesidad que el poder ejecutivo demuestre con acciones concretas que tiene la voluntad política de poner en marcha la obra de la vía de Evitamiento en este tramo que le queda de gestión hasta el 28 de julio en que se producirá la transmisión de mando al candidato que resulte elegido en la segunda vuelta electoral.
Ello porque un día antes que se realice la marcha pacífica por la reivindicación de la provincia del Santa, el pasado miércoles 11, un grupo de autoridades fue convocada por el Ministro de Transportes con la finalidad de darles a conocer que el 31 de este mes se produciría la firma de la addenda para dar curso al proyecto.
Lamentablemente, lo que no se entiende cómo es que se pretende liquidar este mes para dar un paso tan sencillo que debió realizarse hace tres semanas atrás, cuando el mismo Ministro de Transporte anunció que el expediente y las negociaciones con la concesionaria se habían finiquitado y solo faltaba la firma de addenda para que se señale fecha del inicio de los trabajos de la Vía de Evitamiento de Chimbote.
Sin embargo, cuando las autoridades acudieron a Palacio de Gobierno, cuando solicitaron ser escuchados por el Consejo de Ministros, cuando demandaron una audiencia con los responsables de la oficina de conflictos de este portafolio, sencillamente fueron ignorados, se dejó la impresión que no le prestaba importancia alguna a una demanda en la que solo se requiere la firma y el visto bueno del gobierno central.
Por ello es que la sociedad civil de Chimbote se vio en la necesidad de salir a las calles, de manifestarse públicamente y de advertirle al gobierno “que por lo menos se haga una” en favor de este pueblo al que olímpicamente ha ignorado a lo largo de sus cinco años de gestión, al cual solo utilizó cuando las circunstancias políticas le convenían y se acercó a uno de los peores gobernantes que ha elegido Ancash como fue César Álvarez Aguilar.
Esto no es un cuento chino, el propio hoy encarcelado ex presidente suele enrostrarlo a las autoridades que lo investigan, trae siempre a colación el infeliz discurso ese en que le dicen que se lo quieren llevar a Palacio porque es un buen gobernante, cuando aquello fue solo parte de un cortejo político que, finalmente, le hizo mucho daño a nuestra región.
Desde entonces el Presidente Ollanta Humala no ha movido un dedo a favor de Ancash, los grandes proyectos que puede financiar el ejecutivo no han salido de su ostracismo, por el contrario, ni siquiera lanzó el salvavidas que prometió luego que nuestra región cayera en una grave crisis tras la caída de la red criminal el año 2014 y esto es parte de la historia que aquí conocemos bien y no olvidaremos.
El falso estribillo ese que repetía el jefe de estado cada vez que llegaba a nuestra ciudad, como que estaba presto a llevar adelante la sesión descentralizada de consejo de ministros para encaminar proyectos, nunca se concretó como tampoco plasmó en hechos concretos aquello que “jamás los abandonaré” que lanzó luego que la crisis económica y de gobernabilidad nos dejara al borde del colapso.
Por ello es que la sociedad civil en su conjunto, sin banderas políticas de por medio, sin intereses personales o de grupo, sino llevando únicamente el estandarte de la ciudad, ha decidido levantarse y rebelarse ante un gobierno que no quiere cumplir su función y se muestra reacio a Chimbote por el solo hecho de haberse registrado un bochornoso incidente que todos hemos rechazado y que es producto de la necedad e irracionalidad de ciertos grupos y elementos politizados, como fue la agresión que sufriera el primer mandatario en Garatea, cuando llegó a inaugurar una obra.
Ese nefasto precedente no puede quedar como una herida abierta toda la vida, el Jefe de Estado debió dar vuelta a la página y comprender que actitudes de ese tipo deberían perjudicar a quienes la cometieron y no a todo el Pueblo de Chimbote, sin embargo, ni siquiera los órganos del ejecutivo han demandado sanción para los responsables.
Lo que se tiene claro es que el gobierno no tiene que hacer desembolso alguno por la Vía de Evitamiento, ella se ha adherido a la obra de la red Vial N° 4 que ejecuta el consorcio español OHL que financia la obra y recupera su inversión con la administración de la vía y por ello se ha negociado y acordado que lo haga en 12 años más a los 25 años que tiene aprobado por los trabajos que viene realizando en la Panamericana Norte.
Infortunadamente, no se puede aceptar un compromiso más. Si el Ministro ha invitado a las autoridades únicamente para dar a conocer nuevos cronogramas o formular promesas a futuro, la sociedad civil tiene que reaccionar, sería una nueva muestra de dilación de los plazos y otra burla más a la expectativa de nuestro pueblo.
Por ello es que la convocatoria que se ha realizado el último lunes resulta pertinente, no se trata de un ultimátum o algo parecido, es solo la prudente posición de quienes esperan la respuesta de un gobierno que no demuestra ganas de hacer las cosas, que solo pretende extender los plazos y dejar que sus obligaciones las asuman quienes lo sucederán en los cargos. Eso no es justo, las autoridades no pueden dejarse llevar por nuevas promesas, no pueden renunciar a sus compromisos porque desde el ejecutivo les dicen y ofrecen nuevas fechas, ahora se tiene que actuar sin medias tintas, con cosas concretas y documentos firmados, no valen más palabras.