La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) coordinó hoy con los titulares del Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Ministerio de Defensa, Policía Nacional del Perú, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones públicas, las medidas para garantizar la seguridad de la Segunda Elección Presidencial del 05 de junio.
El encuentro se realizó en la sede central de la ONPE y estuvo presidido por el titular del organismo electoral, Mariano Cucho Espinoza, quien agradeció el compromiso de las instituciones presentes, lo que permitirá que los comicios se desarrollen en un clima de paz y tranquilidad.
Como parte de esta estrategia, alrededor de 100 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán desplazados en el todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los diversos actores electorales, como electores, miembros de mesa y personal de los organismos electorales.
“El objetivo de esta reunión de coordinación es que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con total libertad y las garantías que les concede la ley”, expresó.
En ese sentido, precisó que en el caso específico del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), se aplicarán medidas especiales para garantizar el despliegue y repliegue del material electoral, así como la seguridad de la jornada electoral.
Como se recuerda, el pasado 09 de abril, un día antes de las elecciones, una patrulla militar que se dirigía a brindar seguridad al proceso electoral fue emboscada en la localidad de Santo Domingo de Acobamba, Junín. En ese atentado perecieron once personas, entre militares y civiles.
Cucho Espinoza también señaló que ha solicitado al Ministerio Público que se pueda destinar un fiscal para cada uno de los 5 mil locales de votación en todo el país, a fin de prevenir cualquier alteración del orden y se aplique la legislación sobre flagrancia en el caso que se cometa algún delito electoral.
Al respecto, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, señaló que, al igual que los comicios del 10 de abril, se ha dispuesto que todos los fiscales se mantengan en alerta permanente e inmovilidad absoluta antes, durante y después del proceso electoral, para garantizar una oportunidad intervención del Ministerio Público.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo, indicó que ese poder del Estado estará atento ante cualquier denuncia que se presente por violencia electoral para aplicar la ley con firmeza y justicia.
Durante la reunión, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara Córdova, destacó la importancia de este proceso electoral, pues con ello se hace realidad la cuarta elección presidencial consecutiva en democracia, todo un hito en la historia del país.
Destacó que el sistema electoral contribuye así a la consolidación progresiva de nuestro régimen democrático. En su intervención, mencionó también los problemas que generó al proceso electoral algunas normas defectuosas aprobadas por el Congreso y que desencadenó en la exclusión de algunas candidaturas.
Por su parte, el ministro de Defensa, Jakke Valakivi Alvarez, ratificó el compromiso de brindar la seguridad que los organismos electorales demanden en estos comicios, tanto en la fase de despliegue y repliegue del material electoral, así como antes, durante y después de la jornada electoral del 5 de junio.
En el mismo sentido de participación se pronunció el General PNP, Jorge Luis Gutiérrez Senisse, Director Nacional de Operaciones Policiales, (DIRNOP), quien asistió en representación del Director General de la Policía Nacional del Perú, general PNP Vicente Romero Fernández.
En la reunión también participaron el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Jorge Yrivarren y el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega; quienes expresaron su total colaboración, el día de los comicios, con el personal de la ONPE para el éxito de la jornada electoral.
DATOS
En marzo, la ONPE aprobó una serie de disposiciones e instrucciones para garantizar el orden, seguridad y la protección de los electores en los procesos electorales, referéndum u otras consultas populares que se realicen este año.
La resolución jefatural precisa que estas disposiciones se deben ejecutar en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.