El Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas acaba de dar cuenta que, únicamente en los meses de enero y febrero del presente año, la región Ancash tiene asegurado un monto de 238 millones de soles por concepto de canon minero, una cifra que se ubica muy por encima de la recaudación obtenida en el mismo periodo por otras regiones tradicionalmente mineras, como son La Libertad (81 millones), Tacna (77 millones), Ica (71 millones), Moquegua (61 millones) y Cusco (42 millones).
Esta expectante revelación nos lleva a presagiar que durante el 2021, Ancash podría volver a encabezar el record de recaudación como sucedió el 2020, manteniéndose por segundo año consecutivo como el paraíso del canon minero en el Perú. Un privilegio realmente envidiable.
Pero más envidiable sería demostrar si esta fabulosa recaudación es utilizada en términos proporcionalmente beneficiosos, que se traduzcan en una mejorar la calidad de vida de la población. Eso es lo que, textualmente, dispone la ley del canon minero.
Sin embargo, el desgarrador colapso de la infraestructura hospitalaria y el alto índice de anemia y desnutrición infantil que amenaza con incrementarse, solo por citar dos ejemplos, ponen en claro que la inversión del canon minero que se ejecuta en Ancash, deja mucho qué desear.
Sobre el particular, un informe del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) señala muy claramente que todos los gobiernos regionales, incluyendo Ancash, no ejecutan el treinta por ciento del dinero que todos los años reciben por este concepto. “No hay eficiencia en el uso del canon minero, que es una fuente de inversión pública para la ejecución de obras de infraestructura de impacto regional y local”, señala el informe. Y añade que, en promedio, los gobiernos regionales solo ejecutan el 70% del presupuesto, desconociéndose a dónde va a parar el 30 por ciento restante.
Con la misma ilustración técnica, el instituto de ingenieros mineros nos hace ver con toda objetividad un aspecto muy propio de nuestra realidad. En muchas localidades el uso del canon genera grandes beneficios porque ayuda a reducir la pobreza y combate la anemia infantil, pero en otros lugares no ocurre lo mismo porque las obras están mal concebidas y para colmo mal ejecutadas por culpa de la corrupción.
Todo indica que los proyectos que se ejecutan en la región Ancash, en efecto, no están debidamente focalizados. Hasta hoy, la distribución del canon tiene como punto de referencia la proximidad geográfica de las poblaciones respecto a la ubicación de los yacimientos mineros. Eso, en un país con tantas desigualdades como el nuestro, genera injusticias y más de las veces descontento social.
Para evitar que esta situación se mantenga, es necesaria la elaboración de proyectos probadamente viables y correctamente focalizados. Y estos proyectos deben ser elaborados por funcionarios que no solamente conozcan la realidad regional sino que también estén identificados con ella. Se entiende que dichos funcionarios necesitan gozar de estabilidad funcional y no estar sujetos al cambio de gestión regional cada cuatro años. Eso rompe la cadena de una buena gobernabilidad.
De otro lado, la población ancashina sigue esperando que los encargados del gobierno regional, en aras de la transparencia que exigen las normas legales, informen con toda exactitud a cuánto asciende el monto del canon recibido hasta este momento y cuánto y en qué se ha utilizado. Por algo Ancash es ahora el paraíso del canon minero. Por lo demás, esa información existe y es fácil de procesar. No es correcto mantenerla oculta por más tiempo.