Desafiando no solamente algunos principios jurídicos sino también la majestad del Código Procesal Penal, el pasado jueves 22 la esposa del encarcelado ex gobernador regional César Álvarez Aguilar, Milagros Asián Barahona, participó desde la clandestinidad en una audiencia virtual convocada por el Juzgado Penal Nacional. Sin mayores problemas, lo hizo no obstante mantenerse en calidad de prófuga de la justicia, es decir al margen de la ley.
En opinión de especialistas en derecho penal, permitir que alguien ejerza su derecho a la defensa sin antes haberse puesto a disposición de la justicia, no deja de ser un beneficio indebido.
Prófuga desde el 14 de agosto del 2014, la esposa de César Álvarez Aguilar es procesada en uno de los casos de corrupción más emblemáticos que han ocurrido en el Perú, como es la tristemente célebre Centralita. Conjuntamente con ella y su esposo, el proceso comprende a más de cincuenta implicados, entre ellos el operador político Martín Belaunde Lossio, el ex congresista de la república Edilberto Benites Rivas, el ex alcalde de Chimbote Luis Arroyo Rojas y el actual consejero regional Martín Espinal Reyes. Asimismo el ex jefe de la ONPE José Cavassa Roncalla y la empresa brasileña Odebrecht, entre muchos más.
La organización liderada por César Álvarez operó desde el 2007 hasta el 2014, dedicándose a la obtención delictiva de beneficios económicos, en perjuicio del estado, producto de las coimas obtenidas mediante el direccionamiento de licitaciones de obras y servicios. Se estima en más de 500 millones de soles el monto de dinero sucio y mal habido que pasó por manos de La Centralita.
Como toda organización de crimen organizado, La Centralita contó con el apoyo protector de miembros del poder judicial, ministerio público, policía nacional, medios de comunicación y asimismo con el brazo armado de delincuentes a sueldo, como quedó corroborado con el alevoso asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos.
Conforme lo ha establecido la acusación fiscal, los más de cincuenta implicados habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado doloso, lavado de activos, encubrimiento real y colusión agravada.
En aplicación de las medidas sanitarias que rigen por causa de la pandemia, el Juzgado penal nacional ha dispuesto que las diligencias de este sonado caso se lleven a cabo vía Google Meet, pero hay algo que este colegiado no ha especificado con total precisión. En efecto, no está claro si las personas implicadas que aún no se han puesto a derecho, tienen las mismas prerrogativas para ejercer su defensa que aquellos que sí lo han hecho. ¿No sería justo separar la paja del trigo?. Se supone que la vara de la ley es igual para todos.
Permitir este beneficio jurídico a ojos cerrados, equivale a dejar una ventana abierta para que otros prófugos de la justicia también participen de las audiencias y busquen quedar absueltos desde la clandestinidad. En el caso de La Centralita hay más de diez implicados que se mantienen no habidos.
Si una interpretación o vacío legal permite eso, significaría que el derecho está puesto al revés.
NO TIENEN PERDÓN
No solo consternación. El fallecimiento de la misionera italiana Nadia de Munari, ocurrido luego de haber sido salvajemente golpeada y acuchillada, ha causado enorme indignación. No se explica cómo, alguien que ha dedicado su vida a la protección de madres y niñas en abandono, pueda haber sido víctima de un crimen inenarrable.
Más allá de una obligación institucional, la policía nacional tiene que asumir con mucho esmero la investigación de este execrable crimen y hallar a los culpables para que paguen su delito. No puede ser posible que la inseguridad y la impunidad ganen esta batalla. Estos criminales no tienen perdón.
El asesinato de la misionera tiene además el agravante de dañar tremendamente la imagen del Perú ante la comunidad internacional, y eso es inadmisible porque los peruanos amamos la paz, valoramos la amistad y somos recíprocos con aquellos que nos tienden la mano.