Chinecas:
Después de haber permanecido muchos años en el más absoluto silencio y, lo que es peor, de no haber ni siquiera intentado ejercer su derecho a la defensa, recién anteayer, martes 11 de mayo, el directorio del proyecto especial Chinecas acordó solicitar a la Fiscalía de Prevención del Delito que investigue a las mafias que se encuentran detrás de la invasión de sus tierras, un delito que hace tiempo es pan de cada día y en vez de ser erradicado amenaza con mantenerse por sécula seculorum.
Como si recién estuvieran conociendo el contenido y los alcances de la ley que crea Chinecas, también recién los actuales funcionarios de este proyecto regional han hecho lo que debieron hacer en su debida oportunidad: denunciar y erradicar las invasiones. Han demorado demasiado en recordado que la única manera de acceder a las tierras de Chinecas es a través de una subasta pública y no de una invasión.
La desidia y la omisión burocrática que impera en las oficinas de este proyecto de irrigación ha llegado a tal extremo que, a diferencia de otros proyectos donde no existe una sola hectárea en poder de invasores, Chinecas se mantenga como el único de su género con más del 50 por ciento de sus tierras tomadas por la fuerza.
Un ejemplo de esta enorme diferencia ocurrió hace apenas unos años cuando miles de invasores ocuparon cerca de 600 hectáreas de propiedad del proyecto liberteño Chavimochic, en la zona colindante con la denominada Subida de Coscomba. Más fue el tiempo que tardaron los invasores en levantar sus ranchos que el que empleó la policía en desalojarlos. Allá, los asesores legales, los procuradores y también los fiscales, actúan de inmediato, empleando para ello las armas que la ley ha puesto en sus manos.
En Chinecas en cambio, la historia es diferente. Todo comienza luego de la creación del Proyecto Especial, cuando un grupo de reservistas de las fuerzas armadas solicita una parcela de cinco hectáreas para cada uno, argumentando que ese derecho rige en cada proyectos de irrigación nacional. Lo que no es exacto. De acuerdo con la ley del Servicio Militar Obligatorio, los reservistas tienen derecho a este beneficio solo en los terrenos eriazos de propiedad del estado, más no en proyectos de inversión donde la única manera de adquirir una propiedad es a través de la subasta pública.
Aún así, durante el gobierno del presidente Toledo, Chinecas accedió parcialmente al pedido de los reservistas, situación de la que también aprovecharon los llamados campesinos sin tierra. Fue así cómo gran parte de los terrenos de Chinecas empezaron a atomizarse, perdiéndose la óptica de la gran industria agroexportadora. Por lo demás, lejos de prosperar en manos de los solicitantes, la mayoría de parcelas adjudicadas a los reservistas terminaron en posesión de empresarios privados, quienes jamás tuvieron nada que ver ni con la agricultura ni con el servicio a la Patria. Lujosas casas de campo, hablan de este beneficio mal interpretado.
Otro caso emblemático de la forma cómo Chinecas permitió y hasta alentó la invasión de sus propias tierras ocurrió el año 2002. Un lote de propiedad de la empresa agroindustrias San Jacinto ubicado en la zona de Pampa del Toro, fue ocupado a la fuerza por un grupo de invasores. Lejos de denunciar el hecho ante las autoridades y exigir el inmediato desalojo de los usurpadores, como todo el mundo esperaba, los funcionarios de Chinecas de aquel entonces optaron por hacerse los desentendidos.
Como era de esperar, esta actitud dio lugar para que la empresa San Jacinto hiciera justicia con sus propias manos y, con la complicidad de los mismos funcionarios de Chinecas, invadió 100 hectáreas en la zona de Caylán, junto al distrito de Nepeña. Y, como para que no quede duda de este manejo veleidoso, el año 2010 el presidente regional César Álvarez dispuso la construcción del canal Veta Colorada, para uso exclusivo de Caylán. Este hecho ha pasado a la historia porque en el momento de la primera prueba hidráulica, las paredes del canal Veta Colorada se desmoronaron por completo y hubo que hacer un doble gasto en su reparación. Todo eso se pagó con dinero de las arcas del gobierno regional.
Como es de amplio dominio público, otras dos grandes invasiones en perjuicio de Chinecas tuvieron lugar el año 2010, esta vez apelando al manoseado recurso de “un lote de vivienda para los más pobres”. Primero fueron 308 hectáreas bautizadas con el nombre bíblico de “Tierra Prometida” en el distrito de Nuevo Chimbote y luego 800 hectáreas en la zona Camino del Inca de Casma, bajo el nombre de “A.H. César Álvarez Aguilar”. Como quiera que ambas invasiones coincidieron con la campaña de reelección del entonces presidente regional, no hace falta recordar quién resultó siendo el gran favorecido.
Para no quedarse atrás, en el 2014 el alcalde Nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazán promovió la invasión de otras 217 hectáreas. En esta oportunidad, los “invasores” no llegaron en triciclos ni portaban palos y esteras. Llegaron a bordo de modernas camionetas 4×4 y cercaban lotes de hasta 500 metros cuadrados, con elevadas paredes de ladrillo y cemento.
Como sucedió en cada ocasión, los funcionarios de Chinecas jamás denunciaron ni solicitaron el desalojo de los invasores, permitiendo que éstos se acojan al “derecho de posesión”. ¿Quién no sabe que detrás de cada invasión existen traficantes y políticos que sacan provecho de esta situación?
Lo que no se sabe es porqué Chinecas ha demorado tanto tiempo en pedir que se investigue y sancione a quienes han lucrado y siguen lucrando con las tierras del estado.
Como ya lo dijimos en este mismo espacio y en una anterior oportunidad, si Chinecas hubiera permanecido bajo la gestión del Instituto Nacional de Desarrollo, INADE, otra fuera su suerte. Con toda seguridad, a estas alturas sería un gran emporio de agroexportación y no seguiría siendo, como es hasta hoy, el paraíso de las invasiones.