SANCOCHADO
La decisión del Consejo Regional de Ancash, de no aprobar la transferencia de las 308 hectáreas de Chinecas a la Superintendencia de Bienes Nacionales con miras a legalizar una decena de asentamientos humanos promovidos por el hoy encarcelado ex presidente regional César Álvarez, es la más sensata si se tiene en cuenta que existe una serie de movidas al respecto. En efecto, resulta que las 308 hectáreas que se demandaron desde hace varios años se convirtieron en 339 hectáreas, pero hace solo una semana el gerente del proyecto especial Chinecas, Javier Chiong Ampudia, reveló sin “pelos ni señales” que estaban solicitando la desafectación de 635 hectáreas. En otras palabras, todo un sancochado en el que nuevamente la politiquería esta metida de pies a cabeza. Los pobladores, a los que colocan como “carne de cañón” para protestar, son solo instrumentos de quienes resultan siendo los verdaderos promotores de este tráfico institucional de terrenos. Primero fue César Álvarez quien patrocinó la transferencia de las famosas 308 hectáreas para cosechar más votos y ahora es el gobernador regional Waldo Ríos Salcedo, quien utiliza al gerente de Chinecas para “contrabandear” cientos de hectáreas en Casma para “legalizar” otras invasiones, ciertamente con el mismo objetivo electorero a futuro. Esto último en realidad no es un secreto, hace varios meses hubo un enfrentamiento sumamente grave cuando Waldo Ríos, en su afán de deshacerse de las preguntas incómodas de la prensa, promovió una agresión de parte de los pobladores de los asentamientos humanos que han invadido en Casma diciéndoles que estos periodistas eran los que se oponían a que les entreguen una vivienda digna. Más claro ni el agua, ese tráfico de terrenos en Chinecas está institucionalizado y esperemos que la comisión especial del Consejo Regional lo deje sin efecto y que se remita unicamente al pedido inicial de las 308 hectáreas.
BRONCAZA
Unidos todo se puede, divididos nada se consigue. Esta es una máxima universal que es una verdad de perogrullo, empero, todo indica que no ha llegado a los oídos de los pobladores de los asentamientos humanos ubicados en los predios del proyecto especial Chinecas y son los que reclaman la transferencia de estos terrenos. Decimos esto porque luego que se conociera que el consejo regional de Áncash había desestimado la aprobación de la transferencia de los terrenos y estaba postergando esta decisión hasta que se tenga un informe de la comisión especial que nombraron en ese mismo acto, se inició una furibunda protesta en la que los adjetivos menudeaban para los representantes del consejo regional. Pero en medio de esta batahola, se pudo ver una suerte de enfrentamiento radical entre dos organizaciones que manejan los intereses de la población de estos asentamientos humanos. Una es de los Pueblos Unidos que tienen como cabeza al regidor Santos Gamboa y otra es la Federación de los Pueblos del Sur que tiene otro líder. Cuando la prensa entrevistaba al primero, lanzó indirectas a los integrantes de la federación y estos de inmediato los pecharon, se gritaron entre ellos y se lanzaban toda clase de insultos. Se advierte que cada grupo maneja sus propios interese cuando lo más cuerdo y sensato es que se unan en un solo puño para hacer una protesta más sólida y contundente. Ojo que cuando se atomizan las huestes de una misma protesta se pierde fuerza y sobretodo confianza, la otra parte se aprovecha de esta división y suele salir venciendo por las debilidades del contrincante. Así están las cosas en los asentamientos que reclaman las tierras de Chinecas, a ese ritmo no conseguirán nada.
DELICADO
El caso de la escolar que ha sufrido una recaída tras la intoxicación masiva registrada en la vecina localidad de San Jacinto es sumamente delicado y complicado. Mientras la empresa responsable de la fumigación no ha dado la cara y la empresa Agroindustrias San Jacinto, que la contrató, ha decidido asumir los costos de tratamiento y limpieza de los ambientes a pesar que no reconoce responsabilidad alguna, las Fiscalías de Nepeña y de Medio Ambiente se disputan la investigación sobre los mismos hechos. Esto tiene que deslindarse de inmediato, si hay un tema de contaminación y existe una fiscalía especializada en estos temas, es evidente que le corresponde a esta dependencia asumir las pesquisas, en todo caso el Fiscal Penal de Nepeña Richard Contreras Horna deberá inhibirse del conocimiento de estos hechos y creemos que será lo mejor después de los cuestionamientos que ha formulado la asesora legal de la UGEL Santa. En estos casos las instancias superiores deben dirimir competencias lo más pronto posible, hay una niña enferma y se tiene que determinar las causas y responsabilidades,