Gana largamente en poblaciones y comunidades vinculadas a las minas
Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Más allá del resultado electoral y a la elección del nuevo presidente de la República, desde este portal insistimos que si no se desarrolla una intensa batalla cultural contra la izquierda marxista, el futuro del Perú estará perdido. Desde aquí también decimos que la economía es muy importante, claro que sí; pero sin lucha cultural e ideológica, el Perú –más tarde que temprano– sucumbirá a la estrategia colectivista.
Analizando los resultados electorales de la segunda vuelta en las regiones del sur peruano, donde se emplaza el denominado Corredor Minero del Sur, es incuestionable que la propuesta de Perú Libre y su programa anti inversión se imponen con alrededor del 96% de los sufragios, ante apenas el 4% de Fuerza Popular.
Por ejemplo, en la provincia cusqueña de Espinar, el movimiento del lápiz ha ganado con más del 90% de los votos, no obstante que en esta provincia en los últimos años de inversión minera se ha reducido la pobreza como nunca antes en la historia. En el 2007 la pobreza en Espinar era alrededor de 65% de la población, pasó a 25% en el 2013 y se redujo a 16% en el 2017. Es decir, nada menos que casi 50 puntos porcentuales. En otra provincia cusqueña como Chumbivilcas, en el mismo periodo –es decir, desde el 2007 al 2017– la pobreza se redujo en 40 puntos porcentuales. Sin embargo, la propuesta del candidato Castillo ha ganado con más del 90% de los votos.
¿Por qué ganan las propuestas marxistas en los lugares cercanos a las operaciones mineras que han contribuido a reducir pobreza y generar bienestar? Es evidente que el gobierno central y los gobiernos regionales y locales –entidades que representan al Estado– no han redistribuido la riqueza minera –que se recauda mediante los impuestos– a través de inversión social que promueva la productividad y la competitividad en las zonas adyacentes a los proyectos mineros. En este contexto, alrededor de los proyectos mineros surgen islas de prosperidad –muy conectadas a las inversiones mineras– rodeadas de pobreza y exclusión.
En este contexto, los grupos radicales y marxistas en vez de proponer una alianza entre las poblaciones y las compañías para exigir que el Estado redistribuya la riqueza minera –tal como sucedería en cualquier sociedad democrática– se dedican a demonizar a las empresas mineras y a bloquear las inversiones con el objeto de expropiar y estatizar a las minas. En este proceso, la izquierda desarrolla una intensa batalla cultural para construir los sentidos comunes en las poblaciones cercanas a las minas y en la opinión pública nacional.
Una de las vigas que sostienen esta narrativa es la supuesta contaminación ambiental; por ejemplo, el tema de los metales pesados, cuando de sobra hay evidencias que la minería moderna cumple los más altos estándares ambientales y no contamina. El otro tema es la estrategia de cuestionar la propiedad de los terrenos adyacentes a las minas, tal como sucede con el caso de Máxima Acuña en Cajamarca, un muñeco armado para desacreditar a las empresas mineras.
La izquierda y las corrientes comunistas han tenido éxito en la paralización de las inversiones y, en general, y en detener el crecimiento del capitalismo luego de la paralización de los proyectos Conga y Tía María. Pero también han tenido éxito en construir los relatos y las explicaciones de los fenómenos sociales alrededor de la minería. Esos éxitos se acaban de expresar en las votaciones de segunda vuelta en las zonas mineras.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)