Como sucede con toda inversión pública que se ejecuta a través de un organismo del estado, como es el caso de la Municipalidad Provincial del Santa, la obra de mejoramiento del bulevar Isla Blanca no ha sido emprendida al caballazo. Su aprobación ha pasado previamente por una serie de trámites y procedimientos de estricto cumplimiento.
El punto de partida es la Resolución N° 046, de fecha 13 de febrero del año 2020, emitida por la gerencia de infraestructura de la comuna provincial, la misma que aprueba el expediente técnico de la obra. El segundo paso fue la convocatoria a licitación pública N° 003-2020, donde, entre otras especificaciones, se señala que el código de inversión de la obra es el N° 2437129.
Luego, el 30 de julio del 2020, se firmó el contrato N°027 con la empresa Constructora Minera de Servicios Múltiples Santana SAC, por un monto de S/3’368,567.09, fijándose como plazo de ejecución tres (3) meses calendario. La obra empezó a ejecutarse el 15 de agosto y supuestamente debió estar concluida el 15 de noviembre.
Ha sido precisamente esta injustificada demora, aparte de otras múltiples deficiencias de orden técnico, lo que ha obligado a la Contraloría General de la República a intervenir la obra; luego de lo cual ha emitido el Informe de Control N° 006 de fecha 19 de marzo del presente año, donde enumera una serie de graves observaciones.
En todos estos documentos, que son de carácter oficial, la obra aparece con la denominación “Mejoramiento del Bulevar Isla Blanca del distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash”. Y como bien sabemos, en la administración pública la denominación y las especificaciones técnicas de una obra no pueden modificarse de manera imprevista, menos en forma antojadiza. Eso sería como cambiar el nombre de una persona natural o jurídica en forma inconsulta y sin justificación alguna; salvo que el cambio de identidad obedezca a la imperiosa necesidad de eludir alguna responsabilidad.
De ahí que no se entienda la decisión asumida por el alcalde de Chimbote Roberto Briceño Franco y la mayoría del pleno de regidores, de cambiar en forma subrepticia la denominación oficial del Bulevar Isla Blanca por el de Paseo de la Cultura. En el supuesto caso que este cambio obedezca a una razón justificada, dicha propuesta debió ser presentada por escrito y debidamente sustentada por un grupo de ciudadanos o una institución válidamente representativa.
Acto seguido, la iniciativa debió contar con un informe legal y el visto bueno de la Comisión de Educación y Cultura de la municipalidad. Cumplido este procedimiento, la propuesta de cambio de nombre recién puede pasar al pleno de regidores para su votación. Cualquier decisión al respecto que no haya cumplido con cada uno de estos pasos, deviene en un acto ilegal, pasible de merecer una sanción penal. Cualquiera diría que estamos ante una artimaña que pretende obstruir los efectos de la labor fiscalizadora del órgano de control del Estado.
Si el bulevar se va a llamar en adelante Paseo de la Cultura, ese cambio, para que sea válido, tendría que aparecer textualmente en todos los documentos relacionados con la obra. Con los documentos del estado no se puede jugar.
Pero en vista que el cambio de nombre ya es motivo de fundada preocupación, no se explica porqué se han producido otros desaguisados. De acuerdo con la información que brinda el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Estado, el avance del mejoramiento del bulevar, que ya lleva siete meses y medio de retraso, ha logrado hasta este momento tan solo el 75% de avance. Pero eso no es todo, el presupuesto inicial de S/3’368,567.09 se ha incrementado a la exorbitante suma de S/5’553,922.33, es decir S/2’185,355.24 adicionales. El 70% más. Como en la época de La Centralita.
A este paso, solo queda por conocer cuánto dinero adicional y qué tiempo más demandará la remodelación de este emblemático espacio público.
En medio de esta atmósfera, donde reina el desconcierto y el desgobierno, lo único que nos queda preguntar es lo siguiente: ¿En manos de quién está Chimbote?.