Según se ha podido conocer, numerosos lotes de vivienda de los asentamientos humanos que se hallan dentro de las 308 y 217 hectáreas que fueron propiedad del proyecto especial Chinecas, han pasado por las manos de hasta cinco posesionarios, todos ellos debidamente acreditados en su momento por la Municipalidad Provincial del Santa. Al margen de cualquier otra consideración, esta compulsiva y generalizada transferencia confirma que los invasores originales no se hicieron de un lote vivienda porque realmente lo necesitaban sino para lucrar con su venta.
Conforme se ha podido conocer, otro gran número de lotes están ocupados por uno o más “encargados” y no por quienes aparecen como sus legítimos posesionarios. Mientras tanto, otra gran cantidad de lotes solo se mantienen cercados, sin albergar a nadie en particular.
Parcialmente este es el escenario de un problema social que ya ha cumplido diez años y que nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a solucionar definitivamente. Todo es promesas y nada más. Hace unos días hemos sido testigos de un bochornoso enfrentamiento verbal entre funcionarios de COFOPRI y de la Municipalidad Provincial del Santa, reclamando cada uno por su lado la potestad de asumir el proceso de formalización de estos asentamientos humanos. Mientras COFOPRI anunciaba su predisposición para empezar a titular a trece de ellos, la comuna provincial replicó que la titulación debería abarcar a todos por igual, es decir a más de ochenta asentamientos humanos.
Coincidentemente, en medio de esta deplorable confrontación, los medios de comunicación volvieron a publicar en sus primeras páginas algo que el Diario de Chimbote denunció hace ya más de tres años: miembros de la Policía Nacional estarían detrás de una mafia que se encarga de traficar con estos lotes de vivienda.
La noticia sin embargo no queda ahí. En todos estos asentamientos humanos es comidilla de todos los días que un gran número de gente allegada a la actual gestión de la comuna provincial está virtualmente inundando los padrones de nuevos posesionarios, lo que podría derivar en la institucionalización de un virtual tráfico de tierras. En ese sentido, los funcionarios municipales están en la obligación de brindar alguna explicación sobre el particular. Ojalá sea una noticia falsa.
Por la honestidad y transparencia que debe primar en este proceso de formalización de hondo contenido social, tanto la Municipalidad Provincial del Santa como COFOPRI tienen que dejar atrás todo afán de protagonismo y malos entendidos. Todos queremos que ambas instituciones sigan al pie de la letra lo que disponen para estos casos las normas legales correspondientes.
Igual que para hablar y comer pescado, para formalizar y titular también hay que tener mucho cuidado.