INSEGURIDAD
La decisión del gobierno de ampliar por 45 días más el estado de emergencia generó una suerte de polémica en la medida que hay algunos sectores que se oponen a la medida y otros que la respaldan, entre ellos los alcaldes de las provincias afectadas, en este caso de Santa y Casma. Sin embargo, una medida de este calibre no debería generar tantas discrepancias, más aun cuando se implementa exclusivamente con la finalidad de afianzar la seguridad en nuestra jurisdicción, no se hace, como lo alegan los transportistas, con el ánimo de promover operativos para sacarles dinero. Si es que esto está ocurriendo los choferes deberían denunciar con nombres y apellidos a esos malos policías que se dedican a esto, por lo demás era evidente que se tenía que respaldar esta medida si de por medio estaba la presencia policial de 350 efectivos que podrían haber sido destacados a otras ciudades en caso no se ampliara la emergencia. Si a todo ello sumamos que estamos en fiestas patronales y que este fin de mes la gente se volcará a las calles, se hace necesario más Policías y medidas factibles para hacer frente a la delincuencia organizada. Para muestra solo hace falta un botón: la semana pasada el automóvil del secretario técnico del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, Agustín Ledesma Aguirre, fue víctima de los amigos de lo ajeno. Se trata del representante de las autoridades que deben delinear las políticas de seguridad en la provincia, del organismo que reúne a todas las autoridades de la localidad, quien había dejado su auto estacionado a dos cuadras de la plaza de Armas y cuando retornó había sido vitroqueado y le robaron autopartes. Imagínense el nivel de la delincuencia en las calles, de allí que cualquier medida que apuntale a la posibilidad de hacer frente a este flagelo tiene que ser bienvenida, seguramente hay errores pero en la balanza final tiene que ser positiva.
En la actividad judicial muchos abogados suelen aconsejar a sus clientes que tras haber recibido una sentencia que resulta hasta cierto punto indulgente lo mejor es no apelar porque la instancia superior suele ser sumamente drástica cuando advierte que el sentenciado merece una pena mayor o viceversa. Este es el caso, por ejemplo, el ex ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial del Santa, Adolfo Varas Vásquez, cuyo abogado por razones incomprensibles apeló, junto al Ministerio Publico, la resolución del Juez que le varió la prisión preventiva por arresto domiciliario, es decir, se favorecía por el hecho que dejaba el penal de Cambio Puente para cumplir la medida restrictiva en su domicilio por razones de salud. El abogado pretendía una comparecencia simple y la sala terminó por revocarle la medida. De la misma manera, en los primeros meses del año, cuando arreciaban las condenas contra aquellos que levantaban la mano contra efectivos de la Policía, en Chimbote fue condenado el cantante vernacular Marcial Alvarado Rodríguez, quien en completo estado de ebriedad agredió con un chicote a un efectivo policial en el poblado de Huayán, habiéndosele sentenciado a cinco años y cuatro meses de cárcel efectiva y por ello fue recluido en el penal de Cambio Puente. Esta sentencia no fue apelada por el condenado quien no pudo negar que agredió al Policía, empero, fue apelada por el procurador de la Policía nacional, quien no estaba conforme con los cinco años y pedía que se le imponga 8 años de carcelería. Cuando la sala revisó los antecedentes advirtió que la agresión se produjo cuando, aparentemente, el custodio no estaba de servicio, por lo tanto no se configuraba la figura de la violencia y resistencia a la autoridad y absolvió al agresor. En otras palabras, el procurador de la Policía fue por lana y salió trasquilado, Nos imaginamos que los superiores deben estar mirándolo con cara de poco amigos después de semejante papelón que hizo, de allí que la lección que nos dejan estos casos es que hay que pensar bien antes de apelar cualquier decisión jurisdiccional, pues el recurso puede convertirse en un efecto “boomerang”.
FERIA
Las cosas no le salen nada bien al Gobernador Waldo Ríos Salcedo, quien después de haber sido acusado en el curso de un juicio oral de haber recibido coimas para la adjudicación de servicios, cuando se desempeñó como Alcalde de Huaraz, ahora se ha visto obligado a dejar sin efecto la organización de la feria regional que estaba organizando la región con motivo del aniversario de la sede regional. Ríos Salcedo se quedó sin piso luego que el Ejército Peruano, posesionario de los terrenos del campo ferial de Quinuacocha, le retirara la autorización ante las denuncias formuladas por los opositores del gobernador y ante la decisión del Municipio provincial de Huaraz de no otorgarle licencia a dicho evento. Con este revés a Waldo Ríos poco a poco le cierran las puertas en todos lados, si es así la revocatoria es inminente.