Quienes han nacido y crecido en Chimbote, bendita tierra de promisión, saben y conocen que el sector pesquero no solo es una actividad económica sumamente lucrativa y la más rentable, sino que entienden que se trata también de uno de los segmentos más alevosos, deshonestos, ladinos y aleatorios en donde, como dice el dicho, el que no cae resbala.
Y es que tradicionalmente se conoce que aquellos que están involucrados en esta actividad no solo están hechos para lucrar hasta con la mentira sino que suelen resolver sus contingencias por la vía del dinero, allí el que tiene más siempre se impone y esa es una norma “sui generis” que ha pasado por encima hasta de autoridades.
La generación de “bolsas” con la finalidad de obtener zarpes era una verdad de Perogrullo hasta hace muchos años cuando se decidió legislar al respecto y se estableció la constancia del no adeudo como paliativo a un negociado que hacía millonario a muchos por lo bajo.
De la misma manera, estaban sujetos a estos sobornos quienes tenían la obligación de inspeccionar y establecer la calidad de la pesca que se descarga, de tal suerte que quienes han infringido la norma terminan saliendo airosos sin necesidad que se les levante un acta de intervención o se determine que, en efecto, deben ser sancionados. Es lo que se conoce como la “pesca negra” a la que apelan muchísimos.
Esto ha ocurrido en todas las actividades que están relacionadas con la pesca, inclusive, con el pesaje de las descargas en donde se dijo siempre que existía tal carrusel en el que uno de los más perjudicados es el estado por la evasión al fisco, empero, jamás a nadie se le cruzó por la cabeza que había que detener esta ilícita actividad.
Sin embargo, la semana pasada se ha podido conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha formalizado cargos delictivos centran un promedio de diez inspectores de pesca y un Jefe de Bahía de un conocido grupo empresarial de la pesca en Chimbote por haberse prestado al cobro de coimas para impedir que se levante una infracción y que se decomise la pesca ilegal que se estaba desembarcando.
Este hecho se registró hace ya dos años atrás en el muelle Municipal de Chimbote, cuando los inspectores de PRODUCE, llegados de la capital de la república, detectaron que la embarcación de propiedad del empresario Jacobo Cavenago Zolezzi estaba descargando 20 toneladas de anchoveta, pese a que la nave carecía de número de matrícula, por lo que correspondía no solo levantar el acta de infracción sino decomisar la pesca.
No lo hicieron porque le pidieron al jefe de bahía de la empresa, Luis Macas Aranda, una suma de dinero para hacerse de la vista gorda, todo lo cual se concretó y el hecho quedó aparentemente en nada, empero, desconocían que este delincuencial arreglo bajo la mesa había quedado registrado por terceros.
Justamente, éste es el sustento de la denuncia de la Fiscalía, la existencia de un testigo en reserva que ha proporcionado al Ministerio Público las pruebas contundentes que ponen de manifiesto cómo se maneja el sector pesquero, pues el colaborador eficaz ha señalado ante el Ministerio Público que los empresarios pesqueros en Chimbote arreglan con el Ministerio de la Producción haciendo una bolsa (de dinero) para no ser intervenidos en faenas de pesca, algo que todos saben “a sotta voce”.
Pero este no es el único hecho que ha denunciado el testigo en reserva, también ha proporcionado pruebas de un arreglo de similares connotaciones en la embarcación “Norita 2” de matrícula SY- 25091 que descargó en el desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote un total de 8 toneladas de perico, sin embargo, los inspectores no sancionaron una serie de anomalías que presentaba como el muestreo barométrico del recurso y por ocultar con una frazada el número de matrícula, mientras que otros dos inspectores con fecha 20 de marzo del 2014, intervinieron la embarcación “Víctor Hugo 2” con matrícula CE- 25405- BM y exigieron la medición barométrica de la especie “chilindrina” cuando la norma no lo exige, acto que habrían realizado con la finalidad de obtener alguna dádiva.
Es evidente que la Fiscalía cuenta con el suficiente material y evidencia para enviar a la cárcel a más de un individuo, más aun cuando estamos hablando de funcionarios públicos que tienen la delicada misión de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de disposiciones legales para la preservación de la especie, para que se cumpla con los requisitos que se exige a todo empresario a fin que pueda operar.
No es posible que los malos empresarios que suelen saltarse la valla de la ley continúen realizando sus actividades porque son consciente que el dinero lo puede todo, porque están acostumbrados a caminar “rompiendole la mano” a cuanto servidor se le ponga por delante y pretenda impedir que siga lucrándose con una pesca negra e ilegal.
Ya era tiempo que alguna autoridad haga algo al respecto, los casos de corrupción en el sector pesquero son muchos y muy pocos son sancionados, por lo menos se conoce que ya el poder judicial tiene en el banquillo a los ex funcionarios de la dirección regional de pesquería que en la época de la red criminal hicieron negocios de toda clase para cobrar considerables sumas de dinero sucio.
Lo que sorprende en esta denuncia que tiene la fiscalía es que los inspectores denunciados son servidores que llegaron de la sede principal de PRODUCE, en Lima, pues en determinado momento se cuestionó y puso en tela de juicio la labor de los inspectores de la DIREPRO de Chimbote porque estaban corrompidos y se tenían la peregrina idea que trasladando a inspectores desde la capital la cosa cambiaría, empero, finalmente “el remedio resultó peor que la enfermedad”.
Habrá que seguir de cerca el desarrollo de las diligencias, todo indica que la Fiscalía cuenta con evidencias contundentes respecto a los cargos que está investigando, de allí que todo hace presumir que este caso termine en el banquillo de los acusados, allí en donde se podrá conocer a ciencia cierta cómo se mueve este millonario negocio, en donde predomina aquello que dice “poderoso caballero es don dinero”. Veremos en esta oportunidad si la corrupción del sector pesquero termina con sus huesos en la cárcel.