En una acción hasta hoy sin precedentes, la misma que literalmente ha sacudido la atención de todo Chimbote, el viernes último la procuraduría del gobierno regional de Ancash por fin ha hecho valer los derechos del Proyecto Especial Chinecas. Modernas edificaciones de material noble construidas en el balneario de Tortugas, en terrenos de propiedad del proyecto, fueron demolidas por orden de dicha instancia regional en lo que constituye un duro y ejemplar golpe contra el tráfico de tierras.
Pero eso no es todo. En una saludable demostración de respeto al principio de autoridad y al estado de derecho que hace tiempo no se veía por estos predios, la drástica medida contó con el apoyo de un grueso contingente de la Policía Nacional, sin que ninguno de los ilegales ocupantes ofreciera la menor resistencia ni se atreviera a dar la cara. Eran conscientes que lo que habían cometido configura un delito de apropiación ilícita que ahora las leyes sancionan con rigurosa severidad.
Lo trascendente del desalojo de Tortugas es haberse realizado exactamente un mes después de otro operativo similar que tuvo lugar el pasado 7 de agosto a la altura del kilómetro 380 de la Panamericana, frente al campamento Atahualpa. Conforme dimos a conocer en ese momento, una empresa identificada como Consorcio Inmobiliario Asia del Norte no tuvo ningún reparo en tomar posesión de varias hectáreas de propiedad del proyecto Chinecas.
Increíblemente, esta ilegal toma de posesión se produjo al amparo de un contrato de compra venta celebrado por dicha inmobiliaria con representantes de la Comunidad Indígena de Chimbote y Coishco, una institución que en forma delirante afirma ser propietaria absoluta de todas las tierras de Chimbote y Nuevo Chimbote. En el colmo de lo inaudito, la inmobiliaria había empezado a ofertar públicamente lotes de vivienda de 200 metros cuadrados en tierras que tienen la condición legal de intangibles y están destinadas para la agricultura.
Cabe señalar que en ambos casos, la construcción de viviendas se ha venido realizando ante la vista y paciencia de todo el mundo. Al menos hasta ese momento, ni Chinecas ni el gobierno regional daban muestra de haberse enterado de la situación; lo que sin duda debe haber sido interpretrado por los usurpadores como un punto a su favor.
Justamente ha sido al amparo de esta actitud parsimoniosa que la invasión de las tierras de Chinecas ha llegado a convertirse en una especie de deporte masivo, donde los únicos ganadores han resultado ser los traficantes. Sin pecar de exagerados, se calcula en alrededor de 5 mil las hectáreas del proyecto que han sido ocupadas mediante esta modalidad, la mayoría de las cuales aún permanece en manos de sus usurpadores. Para cualquier proyecto de irrigación, este perjuicio representa una cuantiosa pérdida. En este momento, aquí y en cualquier lugar del mundo, una hectárea en producción rinde un ingreso que oscila entre 25 mil y 30 mil dólares por año. Huelgan comentarios.
De ahí que lo sucedido tanto en Tortugas como en el campamento Atahualpa nos da la grata sensación que estamos ante un cambio de actitud. Nada puede ser más saludable para el éxito de una gestión pública que recuperar el principio de autoridad y hacerlo en el marco del estado de derecho. Eso genera confianza y tranquilidad, que son indispensables para atraer inversiones. Si las cosas continúan avanzando en esa dirección, quiere decir que, ahora sí, Chinecas se ha amarrado bien los pantalones.