Ojalá que entre el dicho y el hecho no exista mucho trecho. El congresista Darwin Espinoza Vargas, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República ha anunciado para el próximo lunes 11 la realización en Chimbote de la primera sesión descentralizada de este grupo de trabajo.
El objetivo de la reunión es tratar en el terreno mismo todo lo relacionado con el proceso de titulación de los asentamientos humanos que se ubican tanto en las 308 y 217 hectáreas como en otros sectores de Chimbote y Nuevo Chimbote. Para ello, conjuntamente con el congresista Espinoza se anuncia la presencia del ministro de Vivienda Geiner Alvarado López, del director ejecutivo de COFOPRI Saúl Barrera Ayala y de la titular de la Superintendencia de Bienes Nacionales Cyntia Rudas Murga.
Como se recuerda, hace ya tres meses, antes del cambio de gobierno, se anunció que el referido proceso iba a ser asumido en forma conjunta por la municipalidad provincial del Santa y COFOPRI. Ambos organismos no solo están legalmente facultados para asumir dicha responsabilidad sino también cuentan con el personal idóneo, la respectiva logística y acreditada experiencia. Por consiguiente, nada sería mejor que en un proceso como éste, ambas instituciones se complementen y trabajen mutuamente.
Sin embargo, hasta este momento la Municipalidad Provincial del Santa es la única institución que viene llevando a cabo el proceso de titulación. Semanas atrás el hoy Gerente de obras de la MPS, Jesús Rodríguez, manifestó que son 95 pueblos los que están en pleno trabajo de titulación. Ello, no obstante, la semana pasada la sede central de COFOPRI anunció que este organismo iba a encargarse de la titulación de 26 asentamientos humanos de la región Ancash, aunque sin precisar nominalmente cuáles son éstos ni en qué lugar se encuentran ubicados.
Aun cuando reiterarlo pudiera parecer una necedad, no está demás recordar que esta titánica tarea debe incluir en forma paralela y desde un primer momento, la erradicación de dos grandes calamidades, las mismas que ya le han hecho bastante daño a las familias que habitan en los referidos asentamientos humanos.
La primera de ellas es el fantasma del tráfico de tierras, que incluso ha sido motivo de cruentos asesinatos, y cuyos operadores continúan causando angustia y temor en la población, lucrando impunemente a costa de la necesidad de tanta gente.
La otra calamidad es la politización. Como se sabe, la invasión de estas tierras tuvo un trasfondo político vinculado estrechamente a más de un proceso electoral. Todos los candidatos y autoridades que andaban en busca de una elección o reelección, veían a estas familias como si se tratara de un inmenso bolsón de votos y no como una población que necesita ser atendida. En vísperas de un nuevo proceso electoral, nada sería mejor que la titulación se lleve a cabo en forma escrupulosa y transparente, exenta por completo de toda influencia o apetito político.
Más allá de ser una obligación gubernativa, la titulación de estos asentamientos humanos responde a un derecho de hondo contenido social. Hace ya diez largos años que miles de familias de condición humilde están a la espera de este derecho para que puedan acceder a una mejor calidad de vida. Para eso, el fantasma del tráfico de tierras y el aprovechamiento político deben estar completamente erradicados.