Luego de la primera reunión que han sostenido los integrantes de la mesa de trabajo encargada de ver todo lo relacionado con el proceso de titulación, se ha dispuesto la entrega de documentos y esperemos que el proceso no se prolongue más allá de la cuenta, por lo pronto se ha ratificado la voluntad para sea la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI para que realice el resto el trámite.
Hace unos días, en este mismo espacio de opinión, nos atrevimos a sostener que en el caso que ambas instituciones realicen este trabajo tomados de la mano, como todo el mundo lo desea, esa sería la mejor garantía de obtener un resultado mucho más eficiente y transparente, que haciéndolo por separado. La unión hace la fuerza.
Por consiguiente, de acuerdo con una de las primeras conclusiones a las que ha arribado este grupo de trabajo, la comuna provincial se ha comprometido a poner en manos del personal de COFOPRI toda la documentación que sobre el particular ha obtenido y procesado hasta este momento. Eso, como muy bien sabemos, comienza con el padrón general de las familias que, previa verificación, han demostrado tener legítimo derecho a un lote de vivienda. Demás está mencionar que este primer paso es pieza clave para que el proceso de titulación se lleve a cabo de manera impecable, descartando el negociado y todo indicio respecto a la intervención de terceras personas, llámense tramitadores o traficantes.
Otro de los aspectos resaltantes de esta mesa de trabajo es la participación de otros organismos directamente comprometidos con este problema de hondo contenido social. Uno de ellos es la Superintendencia de Bienes Nacionales, encargada de transferir a la comuna provincial las tierras materia de titulación que antes de ser invadidas fueron propiedad de Chinecas. Otro de ellos es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que, en su condición de órgano rector, tendrá que supervisar este arduo trabajo antes de darlo por oleado y sacramentado. De igual modo, cabe destacar en este escenario la participación de los cinco congresistas de Ancash, cuya labor de fiscalización permitirá que la titulación se conduzca dentro del marco del estado de derecho.
Ninguna de estas instituciones se encuentra al margen del problema, por el contrario, son parte de él y juntas tienen que arribar a buen puerto. Ninguna de ellas puede prescindir de las otras y menos considerarse autosuficiente. Eso sería dar vueltas en el mismo sitio y retrasar la titulación como ha sucedido a lo largo de los últimos diez años.
No debemos olvidar que los problemas empezaron cuando apareció en escena un ex congresista acompañado con el ahora defenestrado ex director de COFOPRI, en un evento político en la zona de las 217 hectáreas. Desde aquella oportunidad las aguas han estado movidas, pero ahora todo parece encaminarse en calma.
Por lo demás, si todo camina bien, es posible que muy pronto llegue a su fin el drama de estas familias que hace más de diez años están a la espera de un título de propiedad, sin el cual hasta hoy no pueden acceder a una mejor calidad de vida por no contar con los servicios básicos de agua y saneamiento. De ahí que la titulación sea una prioridad.