Uno de los casos de corrupción más graves cometidos durante la gestión regional de César Álvarez Aguilar, que se viene ventilando en el flamante Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que ayer inició sus funciones; podría archivarse hoy si es que se declara fundado el requerimiento de excepción de cosa juzgada que han formulado tres de los 17 imputados, en razón que una investigación similar ya fue archivada en noviembre del año 2012 en la ciudad de Huaraz.
Así lo ha planteado el abogado Junior Vega Silva en representación de los empresarios y consultores investigados, Percy Vivanco García, Carlos Mendoza Ghersi y Wilder Navarro Sánchez, quien ha adjuntado copias certificadas de la resolución judicial que declaró consentido el archivamiento de la investigación, por los mismos hechos, realizados en la ciudad de Huaraz.
Bajo el amparo legal de que nadie puede ser investigado dos veces por los mismos hechos; la defensa técnica de los mencionados empresarios, presentaron este requerimiento de excepción de cosa juzgada, la misma que ha sido programada para discutirse en audiencia pública, hoy martes 2 de agosto desde las 12 del día y en caso se declare fundado, archivaría esta investigación, donde para la Fiscalía se produjo un perjuicio de más de 73 millones de soles en contra del Estado.
La investigación sobre la buena pro y ejecución del servicio de conservación vial por niveles de servicio de la carretera de la Red Vial Pallasca, que se realizó en Huaraz, estuvo a cargo del Fiscal Gerardo Cerna Emiliano quien el 21 de setiembre del 2012 solicitó el sobreseimiento (archivo) de la causa.
Posteriormente, el 9 de noviembre del 2012, el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ancash (Huaraz) resolvió el sobreseimiento del proceso y el 8 de enero del 2013 (sin que la Procuraduría ni la Fiscalía de Huaraz hayan impugnado esta decisión), este mismo magistrado, resuelve declarar consentido el sobreseimiento y la misma obtiene la resolución firme de cosa juzgada.
Para la Fiscalía Anticorrupción del Santa, no procede la excepción de cosa juzgada, porque han aparecido hechos nuevos contenidos en el Informe Especial Nº 760- 2014, emitido por la Contraloría General de la República que detecta una serie de graves irregularidades en este proceso de selección, además que en la investigación realizada en Huaraz, solo hubo ocho investigados, algunos de los cuales, no figuran en el actual proceso indagatorio.
INVESTIGACIÓN EN CHIMBOTE
Mientras tres de los 17 imputados buscan archivar de manera definitiva esta investigación que realiza en Chimbote la Fiscalía Anticorrupción a cargo del Fiscal Robert Rojas Ascón, con este recurso de excepción de cosa juzgada; ayer se realizó una audiencia de prórroga de plazo de investigación por 8 meses, sin embargo, la misma no se pudo instalar por ausencia de cinco abogados de un igual número de imputados, los cuales terminaron siendo subrogados del caso.
Son investigados en este sonado caso de la Red Vial Pallasca, el expresidente regional César Álvarez Aguilar, 13 exfuncionarios de su gestión, entre ellos el ingeniero proyectista que elaboró el presupuesto del servicio (abiertamente sobrevalorado), dos representantes de la empresa que ejecutó irregularmente el mantenimiento y uno más en representación de la empresa supervisora que avaló dichas acciones oscuras.
Además de Álvarez Aguilar; figuran como imputados, el exgerente regional Richard Cabana Chauca, el exgerente de infraestructura, Germán Martínez Cisneros; el ex subgerente de liquidación de obras, Luis Alberto Díaz Vilca; la exsubgerente de estudios, Ivonne Roxana Bayona Guio y el exinspector provisional Lorenzo de la Cruz Sánchez.
Además, el exsubgerente de supervisión Moisés Ángeles Obregón; el exgerente de administración, Leoncio Benito Mauricio Chú; el exsubgerente de infraestructura, Claudio Cumpa Macalopu; el exdiretor regional de transportes, Marco Djukanovich Barba; el exdirector regional de transportes José Eduardo Pretell Saldaña; el exdirector regional de caminos, Marco Maguiña Bustos y los exfuncionarios Guillermo Bustamante Vásquez y Arturo Minaya Castromonte.
Todos ellos se habrían coludido para favorecer groseramente al “Consorcio Pallasca” (Terrak SAC, JC Contratistas Generales, Consultora de Proyectos Andinos SAC y Moro SRL) representado por los también imputados Carlos Martín Mendoza Ghersi y Percy Ricardo Vivanco García, direccionando el proceso de selección, la entrega de la buena pro y permitiendo irregularidades en la ejecución del servicio de “Conservación y mantenimiento de la carretera Red Vial Pallasca” por más de 73 millones soles, ejecutado en el periodo entre el 19 de diciembre del año 2009 al 18 de diciembre del año 2013.
También está denunciado, Wilder Antonio Navarro Sánchez, representante legal de la empresa Servicios de Consultores Andinos S.A, quien se adjudicó de manera irregular y con escandaloso favorecimiento, la supervisión del servicio de conservación y mantenimiento de la red Vial Pallasca por un monto de 3 millones 339 mil soles por el mismo plazo de cuatro años de ejecución del servicio.
Los investigados se coludieron para fijar un monto referencial antojadizo y abiertamente sobrevalorado (73 millones de nuevos soles para ejecución del servicio y 3 millones 339 mil para la supervisión del mismo); además de considerar bases amañadas y direccionadas a un solo postor, la entrega de conformidades y autorizaciones de pagos sin verificación de avances físicos en campo, la falta de penalidades que debieron imponerse a la contratista por su deficiente servicio e incumplimiento de plazos y lo más grave la aprobación de pagos de adicional de obra que no se justificaba.
Todo ello, ha quedado plenamente establecido, a través del Informe Especial Nº 760- 2104, emitido por la Contraloría General de la República (33 tomos) que detectó el contubernio escandaloso en este proceso de selección amañado, que nació a través de un acuerdo de consejo regional que aprobó la licitación de estos servicios, vía la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Las penalidades que habría incurrido la empresa Consorcio Pallasca y que jamás fueron sancionadas ascienden a 7 millones 290 mil 875 nuevos soles; sin embargo, como un irregular adicional de obra se le pagó 13 millones 987 mil 691.87 nuevos soles, lo que evidencia, para la Fiscalía, el accionar doloso y concertado de los funcionarios con los empresarios para defraudar al Estado y a las arcas del gobierno regional de Ancash.