Aun cuando ya muchos lo entendíamos así, el juez superior de la Corte Superior del Santa, Dr. Carlos Maya Espinoza, miembro de la Sala Penal de Apelaciones, advirtió que la ejecutoria suprema que ha expedido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el caso de la alcaldesa Victoria Espinoza García, generará serios contratiempos a la justicia y se permitirá que muchas investigaciones sigan el mismo derrotero de la impunidad.
En una fecha tan especial para los magistrados como ha sido el “Día del Juez”, el Dr. Maya decidió dejar de lado el silencio que usualmente caracteriza a los profesionales de su investidura para referirse a un hecho que no solo ha generado impresionante polémica y rechazo en la colectividad chimbotana por la forma como la máxima instancia judicial promueve la impunidad, sino que ha dejado abierta una herida que lesiona seriamente la majestad judicial de la Corte del Santa.
Ello porque el Presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Dr. Javier Villa Stein, al pretender justificar la increíble decisión que adoptaron para absolver a la alcaldesa de Chimbote, mediante una ejecutoria que cambia muchas cosas en la administración de justicia en el país, lanzó duros adjetivos que alcanzan a los jueces de esta sede judicial, lo que ha generado el lógico rechazo de los mismos.
Sin embargo, el Dr. Carlos Maya ha expresado una preocupante situación que se generará en el foro judicial como consecuencia de esta increíble ejecutoria expedida por la Sala que preside Villa Stein, pues existe un precedente jurisprudencial emitido por otra Sala Penal de la misma Corte Suprema, aquella que preside el Dr. César San Martín, que no considera la condena de un funcionario público y su extraneus como una aberración jurídica sino que ha sentenciado a uno de ellos por delito de enriquecimiento ilícito como lo hizo en su oportunidad la Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa con la alcaldesa de Chimbote.
Esto quiere decir que en el caso de Victoria Espinoza la Corte Suprema se contradice de manera grosera y peligrosa, deja abierta una ventana para que la corrupción se escape de la manera más increíble a vista y paciencia de todos los peruanos, toda vez que con el fallo de la Sala de Villa Stein ya se vienen archivando una serie de investigaciones y quedan en la impunidad muchos delitos que se investigan a nivel de funcionarios públicos.
Y es que esta decisión pone en el tapete el tema del ocultamiento de los caudales que provienen de los actos de corrupción de los funcionarios públicos, el destino que se le otorga a un dinero negro y de procedencia ilícita, pues a partir de la nefasta ejecutoria que le permitió a la alcaldesa de Chimbote salir libre de polvo y paja, ahora habrá que esperar que el funcionario corrupto deposite el dinero mal habido en sus cuentas para poder condenarlo por delito de enriquecimiento ilícito, si lo hace en las cuentas de sus familiares podrá seguir gozando de ese patrimonio delictivo porque las luminarias de la corte suprema así lo han decidido.
Lamentablemente, todos escuchamos las justificaciones del Juez Supremo Javier Villa Stein cuando dijo que este no era un tema de lucha contra la corrupción sino un asunto estrictamente de legalidad, en otras palabras, los acusados podrían haber incurrido en delito, seguramente se han enriquecido como consecuencia del ejercicio de la función pública, pero el delito porque el que han sido condenados no corresponde.
Esta es la salida jurídica que encontró la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al caso de la alcaldesa Victoria Espinoza de Chimbote, y, aun cuando lo hizo de esta increíble manera a sabiendas que dejaría en la impunidad otros delitos, ni siquiera anuló la sentencia condenatoria que en doble instancia se había expedido en la Corte del Santa sino que absolvió a los acusados como si ellos no hubieran cometido delito, lo cual es un exceso que lamentablemente nadie puede modificar porque es la decisión final de la justicia.
Por ello es que el último fin de semana el integrante de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa formuló públicas apreciaciones no solo para defender la sentencia que ellos expidieron en su oportunidad y para expresar su contrariedad por los agravios de los cuales fueron víctimas, sino para expresar su preocupación por lo que pueda suceder mas adelante con las investigaciones contra los funcionarios que se enriquecen ilícitamente en el ejercicio de sus funciones.
El Dr. Maya ha señalado de manera contundente que ellos sustentaron su decisión en una Ejecutoria Suprema que expidió la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que condenó a un funcionario público y su extraneus porque se detectó que el primero de ellos había ocultado los caudales que se apropió en las cuentas de un familiar, eso es delito, no es una aberración y el precedente lo tienen todos los magistrados de la república.
Es un absurdo jurídico sostener que un funcionario debe tener los bienes o caudales de dudosa procedencia a su nombre para poder condenarlo por enriquecimiento ilícito, pues aquel que delinque siempre buscará la manera de ocultar las huellas de su accionar criminal y frente a ello la justicia tiene que establecer los mecanismos para sancionarlo.
Ha sido sumamente importante que un magistrado de la Corte del Santa, un miembro de la misma Sala Penal que revisó la condena contra la alcaldesa Victoria Espinoza y confirmó los cargos delictivos y la pena efectiva de siete años de prisión que se fijó contra ella, haya expresado sus puntos de vista y su inquietud por lo que pueda pasar más adelante con los casos que se presenten ante dos precedentes jurídicos que tienen contradictoria aplicación.
Cuando la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió admitir de oficio el recurso de casación de la condena contra la alcaldesa de Chimbote y dijo que desarrollaría doctrina jurisprudencial, muchos pensamos que tenía proyectado abundar en esta corriente jurídica que ya se aplicaba en el país respecto a la fuga de los dineros ilícitamente extraídos por los funcionarios públicos y que van a parar a cuentas de terceros, sean familiares, compadres o testaferros, empero, finalmente lo que han hecho es dejar sentado un funesto precedente que representa un verdadero peligro para la lucha contra la corrupción y para la vigencia de la impunidad que, por esta clase de actuaciones, solo sigue ganando terreno ante el espanto de quienes todos los días ven como el poder del dinero sucio sale siempre adelante.