Fiscales supraprovinciales llegaron la semana pasada de la capital de la república con la finalidad de llevar adelante diligencias pendientes en los casos emblemáticos que se investigan en esa instancia como son el de “La Centralita” y el crimen de la llamada testigo clave Hilda Saldarriaga Bracamonte.
Los magistrados llegaron para cumplir un cronograma de recepción de declaraciones y visitas inspectivas, todas ellas ordenadas por la Fiscalía supraprovincial especializada en delitos de corrupción, para un caso, y de la fiscalía de crimen organizado para el otro.
En el caso específico del Fiscal Alvaro Rodas Farro, su presencia obedeció a la necesidad de tomar las declaraciones pendientes a los Fiscales Lorenzo Javier Melgarejo y Manuel Arroyo Ramírez, quienes fueron los representantes del Ministerio Público que tomaron parte en las pesquisas realizadas cuando asesinaron a Hilda Saldarriaga, el primero de ellos por su intervención cuando fue testigo clave del primer atentado contra Ezequiel Nolasco y pudo levantar el velo de misterio que cubría a ese hecho de sangre.
El Fiscal Manuel Arroyo fue requerido porque fue el que llevó la investigación que se siguió al ex Policía Ricardo Patiño Marmanillo por delito de encubrimiento, cuando se puso al descubierto que existían personas que estaban tratando de persuadir a Hilda Saldarriaga para que cambie si testimonio respecto a las acusaciones que hizo en torno al primer atentado en la vivienda del ex consejero Ezequiel Nolasco.
Inclusive, también se solicitó el testimonio del abogado José Carrasco Alvarado, quien por entonces asesoraba a la testigo clave y conoce mucho de los antecedentes que rodearon la agitada vida de una mujer que se vio envuelta en una componenda criminal y luego vivió perseguida por la justicia y por aquellos a los cuales delató por esos hechos de sangre.
Lo cierto es que estos testigos han respondido el llamado del Fiscal y rindieron su testimonio, lo que no ocurrió con el ex Juez Johnny Quispe Cuba, quien también participó en estos hechos cuando estaba al frente de un Juzgado de Nuevo Chimbote, mientras que los deudos de la mujer asesinada tampoco llegaron a prestar su testimonio como estaba ordenado, apenas si el Fiscal consiguió recoger las declaraciones de un recluso que conoce mucho sobre lo que es materia de esta investigación.
Por su parte, la Fiscal Adjunta supraprovincial Karen Vásquez Espinoza fue comisionada por el Fiscal Elmer Chirre Castillo, quien está a cargo de la investigación del caso “La Centralita”, para que realice una visita de inspección y verificación de un total de 19 inmuebles ubicados en la jurisdicción de la provincia del Santa, los cuales son de propiedad o están vinculados a quienes se encuentran implicados en esta pesquisa.
La finalidad de esta verificación es recoger todos los detalles y características de los inmuebles a efectos de ser contrastados con la información que han brindado los colaboradores eficaces y diversos testigos, respecto a las reuniones que sostenían y los presuntos actos de corrupción que se habrían realizado en cada uno de estos inmuebles.
Esto es importante en la medida que muchos de los cargos que sostienen esta investigación están relacionados con los testimonios que han ofrecido colaboradores eficaces, es decir, personas que de una u otra forma se vieron involucrados en los actos de corrupción en la gestión de César Álvarez y que llegaron al bunker de La Centralita y otros inmuebles en donde se montaron muchos de los delitos que son materia de investigación.
El Fiscal ha solicitado a los colaboradores información precisa sobre los inmuebles que visitaron o en donde vieron y observaron la entrega de diezmos, el pago de coimas, la compra de periodistas u autoridades, todo aquello que ha formado parte de lo que se conoce como la red de corrupción y con ella se hará una comparación con las descripciones que ha levantado la Fiscal Adjunta en nuestra ciudad, una manera lógica de verificar que los testimonios de cargo de aquellos son certeros e incriminan a los investigados.
Esta segunda tarea ha sido más ardua, ha concluido el último fin de semana y ha significado que la autoridad retorne a los inmuebles en donde se estableció la tristemente célebre “Centralita”, tanto en el bunker de La Caleta como su ubicación inicial a pocos metros de la Plaza de Armas, cuando recién se gestó, y luego en el jirón Guillermo Moore, donde se ubicó después que el allanamiento de la Fiscalía obligara a desmontar su ubicación natural.
Justamente, cuando llegaron a La Caleta se encontraron con una pequeña manifestación promovida por los familiares de los periodistas y comunicadores que se encuentran involucrados en esta pesquisa y que se mantienen con orden de prisión preventiva desde hace dos años y medio, consecuentemente, se hallan escondidos en algún lugar y no pueden reunirse ni siquiera con sus familiares.
Por ello quisieron hacerse escuchar por la representante del Ministerio Público en la medida que entienden que cumplieron una labor propia de sus funciones, alegan que no se unieron a la gestión de César Álvarez con fines delictivos sino como una cuestión laboral, por lo tanto, no merecen el mismo trato que los cabecillas que se mantienen con una prolongada prisión sin que se deslinde su situación.
Es evidente que en la medida que pase el tiempo la angustia y desesperación de los familiares se hace asequible, de allí que todos esperamos que con esta importante diligencia que ha cumplido la Fiscalía el pasado fin de semana verificando y describiendo las dos decenas de inmuebles se pueda tener una idea concreta de los hechos que se investigan y, por fin, la Fiscalía pueda tomar una decisión respecto al futuro de este caso.
Tanto el caso “La Centralita” y el crimen de Hilda Saldarriaga Bracamonte, así como el asesinato cruel y despiadado del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos representan la base de la investigación a la llamada red criminal del gobierno regional de Ancash, al margen de los procesos por corrupción y colusión que están en ciernes, de allí que es imperativo que ya el Ministerio Público asuma una posición, formule los cargos acusatorios y se tome una senda decisiva en el juzgamiento de quienes montaron todo un bunker político desde el cual se promovieron todos los hechos que ahora son materia de persecución judicial. Confiamos que esto sea así.