Colegio UNS:
Hablan los papeles. El 16 de septiembre de 1997, mediante resolución N° 358, el rectorado de la Universidad Nacional del Santa aprobó la creación y puesta en funcionamiento de un Centro Educativo Experimental cuya finalidad es facilitar la realización de prácticas profesionales a los estudiantes de la facultad de educación y paralelamente brindar servicio educativo regular en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Hasta ahí, todo estaba bien.
Pero resulta que en ninguno de sus párrafos, la resolución del rectorado menciona que el centro experimental iba a funcionar bajo la modalidad de institución privada a objeto de cobrar una pensión mensual a sus alumnos. Recién ahora se confirma que siempre ha sido ese el deseo de las autoridades universitarias, todo ello a pesar que en el padrón del Ministerio de Educación el centro experimental de la UNS aparece en este momento en el rubro de instituciones públicas.
Como bien lo han afirmado especialistas en educación, si las autoridades universitarias pretenden que el centro experimental funcione como una institución particular, entonces tendrá que hacerlo bajo la dependencia de una promotora o empresa privada y por consiguiente en otro local que no sea de propiedad del estado. De lo contrario se estaría incurriendo en una serie de delitos, empezando por el de peculado de uso.
Después de todo, utilizar el nombre y las instalaciones de una universidad pública para realizar una actividad privada, no deja de ser un aprovechamiento indebido de los bienes y recursos del estado. ¿O estamos equivocados?
Ha sido en su afán de buscar una salida a este entrampamiento, que en diciembre del 2015 la Universidad Nacional del Santa solicitó a la UGEL Santa sustituir en la categorización del centro experimental el término de “público” por el de “privado”. Un mes después, el 13 de enero del 2016 la UGEL expidió la resolución directoral N° 010 en la que ratifica que dicha institución es de carácter público y no privado. Así de claro.
Agotada la vía administrativa y lejos de darse por vencida, en enero del 2018 la Universidad Nacional del Santa volvió a la carga. Esta vez interpuso ante el segundo juzgado civil de Chimbote una demanda contenciosa contra la Ugel Santa, solicitando se declare nula la resolución N° 10. Por toda respuesta, mediante resolución número 11 de fecha 08 de marzo del 2021, el juzgado declaró infundada la demanda y ordenó el archivamiento del proceso,
Ante una nueva insistencia por parte de las autoridades universitarias, el 8 de marzo del presente año el mismo juzgado emitió la resolución número 12 que declara consentida la resolución de la UGEL y resuelve archivar el proceso en forma definitiva.
Sin embargo, cuando se pensaba que el caso ya había quedado oleado y sacramentado, en recientes declaraciones a la prensa la rectora América Odar ha dicho que el centro experimental seguirá cobrando la pensión mensual a sus alumnos, como si nada hubiera pasado. Según ella, ese ingreso servirá para pagar el sueldo de los profesores.
Con estas declaraciones, se confirma que la intención es seguir desarrollando un servicio particular dentro de una institución del estado. Y como para alentar algunas esperanzas, la rectora ha dicho que, en este propósito, confía contar con el apoyo de la próxima directora de la UGEL Santa, quien es egresada de la UNS. ¿Podrá un eventual favor administrativo estar por encima de una sentencia judicial?. ¿No será que se está experimentando con la educación?