RECAMBIO
Luego que el Gobernador (e) Enrique Vargas Barrenechea asumió el control del campamento Vichay en Huaraz, tras el desistimiento de los funcionarios waldistas encabezados por el gerente Jaime Osorio, se ha iniciado el vendaval de resoluciones mediante las cuales se está designando a nuevos funcionarios de línea. Como no podía ser de otra manera, se ha comenzado por designar a los nuevos funcionarios que ocuparán las gerencias en la sede central de Huaraz, como el gerente, el administrador, una nueva secretaria general, entre otros. Luego seguirán la semana próxima con las directores regionales y posteriormente estos decidirán los cambios en las direcciones sub regionales. No sabemos si será posible en esta nueva etapa la ratificación de algún funcionario, sin embargo, a juzgar por lo que se ha visto, se trata de dos grupos radicalmente enfrentados y que son como el agua y el aceite, por lo tanto, es presumible que se termine cambiando a todos en el curso de las dos próximas semanas. Esto implica, como es natural, que se cambien los registros de firmas, los sellos, los distintivos de cada dependencia regional, un nuevo atraso que se espera que no solo no afecte la marcha del gobierno regional sino que, fundamentalmente, no resulte solo para un corto período sino que este nuevo escenario funcional se prolongue por el resto de la gestión. Eso de cambiar a los funcionarios solo afecta la buena marcha de las entidades sectoriales, ya estamos cansados de ver a tantos nuevos gerentes y directores mientras que la institución sigue estancada en el atraso y el desgobierno. Ahora, la otra parte de este nueva escalada es la calidad de los funcionarios que se designa, esperemos que se apele a profesionales y técnicos con experiencia y conocimientos suficientes como para encaminar la gestión, ya basta de experimentos y de marchas y contramarchas como se registraba en la gestión de Waldo Ríos que una semana estaba un jefe y la siguiente ya aparecían nuevas caras. Confiemos que este recambio resulte siendo el último.
NO LA VEN
El Jefe de la División Policial de Chimbote, Coronel Juan Martínez Arroyo, ha confirmado el pedido de los alcaldes de la provincia del santa para que se amplíe una vez más el estado de emergencia policial que se ha venido decretando desde diciembre del año pasado y que ya lleva cinco ampliaciones en nuestra jurisdicción. Sin embargo, este estado excepcional en el que se restringen algunos derechos constitucionales de las personas no parece ser tan efectivo como para que la Policía haga su trabajo y capture, por ejemplo, a los prófugos de la justicia. Basta señalar el caso de los “orellanitas” que fueron detenidos el pasado 30 de setiembre en nuestra ciudad, faltaron seis de estos requeridos por la justicia que han quedado como prófugos. Han transcurrido desde entonces 13 días y hasta el momento la Policía no tiene pistas de su paradero, pese a que no se trata de delincuentes comunes sino de abogados y personajes ligados a la labor inmobiliaria en Chimbote cuyo seguimiento no debería ser tan complicado, más aun cuando tienen facultades para allanar viviendas en donde presuntamente se encuentren escondidos. Imagínense si no hubiera emergencia que pasaría como los requisitoriados.
AVIVATOS
La situación de los ciudadanos colombianos que fueron detenidos por la Policía en Nuevo Chimbote es sumamente delicada. Los sujetos son en realidad prestamistas que se dedican a plantar créditos entre la gente a cambio del pago de exagerados intereses, es un típico delito de usura, empero, para poder recuperar su capital y el plus agiotista apelaban a la violencia, amenazaban a sus deudores y hasta ejercían actos de violencia para sacar lo máximo posible a la gente que recurría a ellos. Pero lo que ha revelado a la policía es que estos sujetos para ejercer presión y amedrentar a las víctimas lo que hacían era hacerse pasar por guerrilleros de las FARC, el movimiento armado de Colombia que ha sembrado de muerte y dolor el vecino país con objetivos políticos durante años. Estos Colombianos decían a sus deudores que meran miembros de las FARC, es decir, hacían lo mismo que delincuentes extorsionadores en el país en la década de los 80 y 90, cuando se identificaban como miembros de sendero luminoso o el MRTA para sacar cupos millonarios a los empresarios. Estos delincuentes eran juzgados también por delito de terrorismo y por ello eran confinados en los penales, lo mismo debe hacerse contra estos abusivos Colombianos que apelan a tomar el nombre de grupos armados que solo promueven el crimen y la violencia. Esperemos que se ponga mano dura con ellos, no están en su país y cometen esta clase de tropelías, eso no debe permitirse.