Hace treinta años, el propietario de un conocido restaurante ubicado en la urbanización Santa Cristina de Nuevo Chimbote, exactamente frente al hospital regional, invadió lo que fue hasta ese momento una extensa y hermosa área verde. Lo hizo para construir allí un nuevo ambiente de atención al cliente, el mismo que ahora funciona como una ampliación de su propiedad, sin que nadie se atreva a impedírselo.
Siguiendo al pie de la letra este mal ejemplo, a pocas cuadras de ahí la propietaria de un centro de educación inicial viene utilizando desde hace diez años otra gran área verde, que ha sido convertida en campo de recreo para sus alumnos con la instalación de juegos mecánicos y recreativos.
Desde un primer momento y en reiteradas oportunidades, el Diario de Chimbote se ha ocupado ampliamente de estos hechos haciendo eco al justo reclamo de los vecinos del lugar. Pero, lamentablemente, las autoridades encargadas de tomar cartas en el asunto y hacer respetar las normas de ordenamiento urbano, simplemente se han hecho las desentendidas. A pesar del tiempo transcurrido, las cosas continúan como si nada pasara. Al final han tenido que ser los propios vecinos y sus dirigentes quienes han vuelto a poner el tema en el tapete de la controversia. De no haber sido por ellos, nadie hubiera dicho nada.
Sin embargo, lejos de aceptar el reclamo del vecindario y menos de respetar el principio de autoridad, los invasores de estas áreas han dado muestras de estar dispuestos a valerse de todo con tal de seguir usufructuando un bien de uso público, el cual no les pertenece. Según han dado a conocer, lo que ellos quieren a toda costa es hacer valer “sus” derechos. En ese intento, y bajo el convencimiento de que la mejor defensa es el ataque, han tomado medidas intimidatorias contra los vecinos y sus dirigentes.
Mientras el propietario del restaurante ha solicitado garantías ante la sub prefectura de Nuevo Chimbote acusando a los vecinos de un supuesto hostigamiento, la directora del centro de educación inicial ha hecho lo propio denunciando a éstos últimos de haber causado daños a “su” propiedad. Esta insólita interpretación del derecho a la defensa, no es otra cosa que buscarle tres pies al gato y dilatar lo más que se pueda la solución que el caso amerita.
Para tener una idea de la magnitud de este problema, se sabe que solamente en la urbanización Santa Cristina existen veintiún espacios de uso público, o reservados para áreas verdes, que malos vecinos vienen ocupando con fines particulares. Y lo más grave del asunto es que, mientras esta situación se mantenga, las familias de la urbanización Santa Cristina no podrán tener derecho a la reconstrucción y mantenimiento de pistas y veredas.
Frente a esta inaceptable contingencia, no deja de causar extrañeza la actitud de algunas autoridades que, lejos de tomar al toro por las astas, prefieren mantenerse lo más lejos posible de la realidad.
Cuando falta apenas cuatro meses para que culmine la actual gestión municipal, da la impresión que nadie quiere tener problemas con nadie y que lo mejor es quedar bien con Dios y con el diablo. Desde luego, eso pasa cuando el derecho de los vecinos se interpreta y se aplica al revés.