Uno de los casos más escandalosos en la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar en nuestro Puerto fue, sin lugar a dudas, la fallida construcción del Coliseo Cerrado que se ubica a un costado del centro comercial Megaplaza.
La obra valorizada en más de 20 millones de soles fue abandonada por carecer de presupuestos y en medio de serios cuestionamientos por la forma tan descarada como se derrocharon los recursos del gobierno regional, pese a los cuestionamientos y denuncias que se hicieron desde que se puso en marcha.
Ocurre que el caso, que está en investigación preparatoria desde hace más de dos años, ha quedado virtualmente en el aire luego que la semana pasada el Juez anticorrupción Eudosio Escalante Arroyo resolviera declarar nula la disposición fiscal mediante la cual se había ampliado hasta por 36 meses la pesquisa y se pensaba que aún se prolongaría hasta Junio del año próximo.
Lo que ha sucedido es que en este caso el Ministerio Publico ha vuelto a observar un deficiente accionar y ha permitido que la investigación de un caso emblemático y tan delicado como el Coliseo Cerrado de Chimbote quede en riesgo de perjudicarse por no haber obrado conforme a las normas procesales.
Esto ha sido explicado en audiencia la semana pasada, pues la investigación preparatoria del sonado caso del Coliseo Cerrado de Chimbote se inició el 12 de junio del año 2014, ocasión en la que se precisó que tendría un plazo de 8 meses, sin embargo, al entrar en vigencia la ley 30077, el 1 de julio del mismo año, el Fiscal Carlos Franco Alzamora adecuó el plazo de investigación de 8 a 36 meses, en forma automática, sin ninguna postulación para ser sometido a audiencia pública.
Esta decisión no estaba arreglada a ley, cuando la causa llega a manos de los recién creados Juzgados anticorrupción, el Juez Eudosio Escalante Arroyo advierte en la carpeta que el Fiscal Carlos Franco Alzamora, quien inicialmente conoció de estos hechos, procedió a emitir una disposición mediante la cual dispone la ampliación del plazo ampliatorio de 8 a 36 meses, acogiéndose a los alcances de una ley que establecía esta posibilidad en casos de crimen organizado.
Sin embargo, una decisión de este tipo no se adopta de manera directa por parte del representante del Ministerio Público, el Juez advirtió que esta medida se postula y se sustenta en audiencia pública y es el juez quien determina si es pertinente que se amplíe el plazo en los términos establecidos, si existe razón justificada para que se autorice una extensión de la investigación de este calibre y si la solicitud es legal.
Nada de eso se hizo entonces, ni siquiera el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe revisa la legalidad de este procedimiento cuando llega a su conocimiento, por el contrario, siguieron realizando diligencias y no repararon que para entonces ya existía un vicio que, a la larga, lo que puede procurar es el archivo de la causa.
Y, es que no solo se trata de una deficiencia de tipo procesal, sino que en este caso existe también una errónea interpretación y una aplicación incorrecta de la ley, pues la norma a la que se acogió el Fiscal Polo Alzamora, está relacionada con la posibilidad de ampliar hasta el máximo legal una investigación que esté relacionada con la comisión de delitos de crimen organizado.Â
Pese a ello, el entonces Fiscal nunca sustentó y menos amplió la investigación para tenerse a alguno de los denunciados por delito en la modalidad de del crimen organizado, todos los investigados estaban incursos en delitos de colusión y peculado de allí que nadie entiende cómo es que el Fiscal Polo haya obrado de esa manera.
De allí que en la última audiencia realizada el pasado viernes, a la cual no acudió el fiscal titular, el juez advirtió que a la fecha la Fiscalía ya lleva 28 meses de investigación y si la disposición que la había ampliado por un plazo mayor es ilegal, entonces, ya la pesquisa ha expirado y así lo ha declarado el magistrado, otorgándole al representante del Ministerio Público que proceda a formular su requerimiento acusatorio o solicite el sobreseimiento de la causa según sea el caso, en el plazo de 15 días.
Nuevamente, las fiscalías anticorrupción se ven apremiadas por los jueces por no haber advertido a tiempo que los plazos se habían vencido, o, como en el caso que nos ocupa, por no haber reparado que estaban incursos en una disposición que fue irregular y que ya los términos habían expirado.
Cierto es que el Ministerio Público cuenta en este caso con una herramienta estelar como es el informe de auditoría elaborado por peritos de la Contraloría General de la República luego de una intervención de 90 días en las sedes del gobierno regional de Huaraz y Chimbote, acción de control que se realizó desde abril del 2014 y pocas semanas después que fuera encarcelado César Álvarez Aguilar y varios funcionarios de su entorno, sin embargo, no se sabe si ya la fiscalía está preparada para el juicio.
Lo decimos porque el Ministerio Público estaba convencido que los plazos de investigación de la carpeta del Coliseo Cerrado se prolongarían todavía hasta Junio del año próximo, lo que quiere decir que no tenían aun preparado algún esquema de requerimiento acusatorio o de evaluación de las responsabilidades penales de cada uno de los investigados. Por lo que se entiende que, como ha ocurrido con muchas otras carpetas, nuevamente los fiscales anticorrupción tendrán que trabajar contra el tiempo.
Ellos son conscientes que el juez tendrá que actuar aplicando la ley, en tal sentido, se requiere que recopilen todo lo que se ha trabajado en este tema, que se recuerde que el caso fue archivado en varias oportunidades por los denominados “fiscales archivadores” de la época de la red criminal, de allí que urge que se ponga especial atención en la conclusión de esta pesquisa.Â
La ejecución de la obra del Coliseo Cerrado fue un típico derroche de recursos públicos, la advirtió oportunamente el ex regidor de obras Roberto Briceño Franco, lo advirtieron los medios de comunicación independientes, empero, nadie nos escuchó. Ahora esperemos que la Fiscalía no defraude y pueda encausar este caso por la senda que realmente le corresponde.