Una bulliciosa manifestación de estudiantes y trabajadores de la Universidad Privada San Pedro concitó la atención de transeúntes y pobladores de a pie que transitaban el último viernes por las calles del centro de Chimbote, la mayoría de los cuales ni siquiera sospechaban las razones de su presencia en ese lugar y lo que sucedía al interior del Palacio Judicial, en la octava cuadra de la avenida Pardo.
Y es que la curiosa manifestación respaldaba al rector de su casa universitaria, José María Huamán Ruiz, quien en ese momento se presentaba en una audiencia correspondiente al juicio oral que se le ha iniciado junto a un grupo de ahogados y empleados de la Universidad por el caso que se le conoce como “asesorías fantasmas”.
La mayor parte de los absortos ciudadanos recién tomaban conocimiento que el rector de una de las más importantes casas de estudios superiores de Chimbote se encontraba en el banquillo de los acusados y que debería responder en un juicio por presunto fraude a las arcas de su propia Universidad, gracias a esa movilización muchos tomaron conocimiento de lo que sucedía.
Y es que esta manifestación se registraba luego las informaciones que apenas dos días antes dieron cuenta de la complicada situación que se había generado para el mismo rector por una conducta tradicionalmente renuente a acatar los mandatos de la justicia y por ello había sido declarado reo contumaz y se ordenó su captura al frustrarse una vez más el inicio del mencionado juicio oral.
La medida estuvo a cargo de la Juez Kris Díaz Gonzales quien consideró una burla a la majestad de su despacho el hecho que el rector perturbe con su ausencia el desarrollo del juicio oral al dar cuenta a través de su abogada que había viajado fuera del país para cumplir un compromiso académico.
Durante la diligencia la Juez recordó que en la audiencia anterior advirtió a los acusados la fecha en que se llevaría a cabo el juicio oral y preguntó a cada uno de ellos si tenía algún inconveniente para concurrir, no habiéndose puesto reparos al señalamiento notificado personalmente en ese momento.
Por ello es que decidió dictar una medida restrictiva contra el rector, y lo hizo mediante una providencia que de ninguna manera exponía la libertad del investigado, la medida solo contiene una orden de ubicación, aprehensión y traslado de una persona al Juzgado que lo requiere a efectos de cumplir con la diligencia a la cual se ha negado a concurrir.
Esa es la naturaleza de la contumacia, no implica el traslado de una persona a un centro penitenciario como si lo establece una orden de prisión preventiva o detención definitiva cuando se infracciona alguna norma de conducta debidamente señalada como un apercibimiento con pleno conocimiento del investigado.
Sin embargo, la medida judicial generó desconcierto y preocupación en la defensa técnica como en los allegados al rector, tanto así que montaron una “portátil” para que lo acompañe a la diligencia en el Juzgado de la Juez que había dispuesto su traslado con uso de la fuerza pública, a la usanza del nefasto gobierno regional de antaño encabezado por César Álvarez Aguilar que acostumbraba a este mecanismo de presión a los magistrados.
El rector José María Huamán viene siendo procesado por el fraude detectado en la Universidad San Pedro a través de cuantiosos pagos realizados a abogados por supuestas asesorías en juicios que atendió la Universidad, a pesar que esos abogados jamás prestaron servicios a la entidad universitaria, solo fue un maquillaje que concretaron para sacar dinero de los juicios que ya habían terminado y fueron atendidos por la misma oficina de asesoría legal de la Universidad.
Los hechos realmente escandalosos no fueron, infortunadamente, investigados de manera idónea por el Ministerio Público, los fiscales que estuvieron a cargo de estas pesquisas se tomaron el tiempo que se les dio la gana y no profundizaron las pesquisas a pesar que existieron testimonios de letrados que confirmaban la mecánica fraudulenta que permitió la sustracción de miles de soles mediante este pago ladino de falsas asesorías.
Justamente, esta descarada dilación, que se extiende a más de cuatro años, es lo que irritó a la Juez Unipersonal Kris Díaz Gonzales que tiene a su cargo el juicio oral, advirtiendo que existe una suerte de concierto de voluntades entre los investigados para frustrar las audiencias con ausencias sistemáticas, y no le falta razón.
Si estos hechos se investigan con las normas del nuevo código procesal penal no se entiende cómo es que hasta la fecha se encuentra en el inicio del juicio oral cuando se supone que debería estar ya oleado y sacramentado, por lo que se colige que la parsimonia es producto de las acciones dilatorias que generan los propios investigados.
Los magistrados no pueden reaccionar de otra manera si saben que los objetivos de abogados y acusados que proceden de esta manera no solo es congelar el caso y aburrir a las partes, sino que tratan de alentar la posibilidad de una prescripción de los delitos, tal como ha ocurrido en otros casos en los cuales las partes han salido bien libradas no porque los declaren inocentes sino porque, por efectos del transcurso del tiempo, la ley ya no los puede seguir juzgando y quedan exentos de toda responsabilidad.
No se puede soslayar que el rector Huamán tiene otro proceso penal en donde se encuentra sujeto a un mandato de comparecencia con restricciones, de allí que sumarle a todo ello una orden de contumacia podría generarle contratiempos que no estaba dispuesto a asumir.
Los defensores del rector afirman que es un académico y como tal tiene que atender compromisos con organismos internacionales, lo cual nadie puede objetar, sin embargo, ello no impide que antes que nada respete la ley y los mandatos de la autoridad, sobre todo esto, ya que en muchos procesos no se tiene en cuenta, hay investigados que desafían a los jueces con reiteradas ausencias para dilatar los juicios, por lo tanto se tiene que poner coto a esta clase de maniobras. Lo que ha ocurrido con el rector Huamán Ruiz es una clara advertencia de la justicia para que se dejen de lado las actitudes dilatorias maquilladas de compromisos académicos, así que si es que se tiene que apelar a los apremios legales en adelante se procederá de esta manera. Un sabio adagio dice, “guerra avisada……”