El rechazo del Habeas Corpus planteado por uno de sus abogados no ha sido la única noticia adversa e infeliz que recibió la semana pasada el encarcelado ex Gobernador de Ancash, Waldo Ríos Salcedo, por el contrario, en Chimbote también le notificaron que los cargos que se formularon en su contra por la falsa promesa en campaña electoral ya cuenta con una acusación en la que le piden dos años de prisión efectiva e inhabilitación.
Este requerimiento acusatorio ha sido remitido a la Corte del Santa por el Fiscal Provincial Penal José Antonio Sánchez Rodríguez quien acusa al suspendido gobernador regional Waldo Ríos Salcedo, del delito contra la voluntad popular – delitos contra el derecho de sufragio en la modalidad de inducción al voto en sentido determinado, en agravio del Estado y del Jurado Nacional de Elecciones.
Esto quiere decir que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria debe notificar al Procurador del Jurado Nacional de Elecciones, al Procurador Público del Estado y a la defensa técnica de Waldo Ríos Salcedo, quienes tendrán un plazo de 10 días hábiles, desde la notificación, para oponerse, cuestionar o adherirse al pedido del Ministerio Público.
Una vez que ello suceda, el Juzgado de Investigación Preparatoria convocará a la audiencia de control de acusación, donde se realizará un control formal y sustancial de los elementos esgrimidos por el Fiscal José Antonio Sánchez Rodríguez, antes de emitir pronunciamiento sobre si la causa se archiva o pasa a juicio oral.
Este es el colofón de un hecho que mereció el reclamo y la indignación de miles de ancashinos que hace solo unos meses tomaron conocimiento que el entonces fiscal de la causa, Manuel Arroyo Ramírez, había renunciado extrañamente a su función inquisidora y cual abogado de la defensa solicitó el sobreseimiento de los cargos alegando que no existían elementos de convicción para acusar.
Sin embargo, todos los ancashinos fuimos conscientes del engaño que esgrimió el ex gobernador regional durante la campaña electoral cuando lanzó la promesa de entregar 500 soles a cada una de las familias pobres de la región con los dineros provenientes del canon minero, oferta electoral que le permitió ganar las elecciones en doble vuelta.
Y es que una promesa de este calibre era un imposible, no solo no era factible presupuestalmente si se hace los cálculos de cuánto dinero es el que tendría que destinarse a la descabellada idea de Waldo Ríos, sino que la propia ley prohibía que se utilicen los recursos del canon minero con la liberalidad que anunciaba el candidato.
De acuerdo a la ley los recursos del canon minero tienen objetivos claramente definidos y su distribución también está determinada por la norma legal, las autoridades no pueden salirse de ese molde porque hacerlo significa la comisión de un grave delito, por lo tanto, la promesa electoral de Waldo Ríos era irreal y fantasiosa, pretendía dolosamente aprovecharse de la candorosidad de la gente para hacerse de los votos necesarios que le permitan ganar la contienda electoral.
Justamente, aquí es donde nace la denuncia penal, en la certeza del Fiscal que recogió esta denuncia que una promesa electoral se hace en función de oportunidades y probabilidades, no se puede formular cuando existen normas prohibitivas porque de antemano se sabe que no se podrán cumplir.
Cuando no se toma en cuenta se abusa de la ignorancia de mucha gente que cree de buenas a primeras en esta clase de ofertas populistas y endosa su voto en la creencia que este anuncio se cumplirá una vez que el candidato se convierta en autoridad, lo que ciertamente no ha ocurrido en el caso de Waldo Ríos, por el contrario, su corta gestión regional se convirtió en una de las más desastrosas que conozca la historia de Ancash.
Inclusive, muchos deben recordar que esa no fue la única oferta electoral descabellada e imposible de ejecutarse, pues hubieron otras como la rebaja del precio del combustible con la creación de grifos regionales, el acceso a la educación gratuita con entidades educativas regionales y, en fin, muchas otras promesas que serían imposible de hacerse realidad pero que se lanzaron a sabiendas de ello.
Lamentablemente, el Fiscal que quiso archivar este caso resultó ser más papista que el papa, llegando a manifestar que el ex gobernador presentó un proyecto de ley al congreso de la república para que se determine este bono a partir de una ley o que la gestión de Waldo Ríos está vigente por lo que podría concretarse en los próximos años, lo cual no tiene sentido alguno.
Un Fiscal se pronuncia en base a hechos objetivos., no en base a supuestos o en lo que puede suceder en el futuro, se sabía ciertamente que esa promesa era imposible de cumplirse por el solo efecto de la ley del canon minero, de allí que llama la atención que se busque una suerte de interpretación a favor del encarcelado Waldo Ríos.
Por ello es que el Fiscal Superior, que dirimió la incidencia promovida por el Juez al mostrarse en abierto desacuerdo con el archivo de la causa, fue el magistrado que derivó la causa al Fiscal José Antonio Sánchez Rodríguez y por ello a estas alturas se ha expedido el requerimiento acusatorio que debe llevar a Waldo Ríos a un nuevo juicio oral y afrontar otro pedido de cárcel.
No es el único caso que se cierne sobre la cabeza de Waldo Ríos, en Huaraz tiene causas pendientes de la época en que fue alcalde y de otras denuncias en su gestión del año pasado, como aquella relacionada con el ilegal nombramiento de un funcionario, la cual está en apelación de una sentencia absolutoria.
De la misma manera, en Chimbote tiene el caso en investigación por la donación de un millón de soles que le hicieron un grupo de empresarios con dineros cuya procedencia hasta la fecha no se establece y que deberá llevarlo a otra acusación y juicio oral, siempre y cuando las deficiencias y limitaciones de los fiscales encargados de la causa lo permitan, pues en las últimas semanas se está devolviendo las carpetas por deficiencias en la estrategia de investigación.
No cabe duda que esta nueva acusación es solo la cereza de la torta de juicios que tiene pendiente Waldo Ríos, algunos de los cuales lo han llevado al presidio. Todavía hay mucho pan que rebanar respecto a su condición jurídica.