Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Durante el año y medio del Gobierno de Pedro Castillo, en el Perú no solo se desató el frenazo de la economía –no obstante los precios altos de los minerales, sobre todo los del cobre–, sino que la polarización, alentada por las corrientes progresistas en las últimas tres décadas, llegó a niveles nunca imaginados.
Castillo desarrolló gabinetes descentralizados y recorrió el país promoviendo la guerra de clases envuelta en el supuesto enfrentamiento entre pobres y ricos, entre la herencia colonial y el mundo andino, entre los andinos y “los blancos de la costa”, entre el español y el quechua. Uno de los programas y símbolos de la guerra de clases fue la asamblea constituyente y los decretos laborales promulgados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
¿Por qué insistimos tanto en los mencionados decretos que deberían ser derogados? Porque más allá de que las corrientes comunistas y colectivistas no lograron concretar su proyecto de constituyente, los señalados decretos son las mayores modificaciones al modelo económico y expresan uno de los mayores cambios culturales de las últimas tres décadas. Con las señaladas normas, de una u otra manera, se instauró en el Perú la hechicería, la fábula o el relato, de la guerra de clases.
¿Por qué? Los señalados decretos –que prohíben la tercerización laboral, que fomentan los sindicatos en fábricas, sectores, grupos empresariales y que liberalizan en extremo el derecho de huelga– se formularon bajo el presupuesto de que los empresarios, la burguesía, son fuente de explotación y pobreza de los trabajadores, a través de la extracción de la plusvalía (otro concepto mágico del marxismo). Bajo el concepto de la guerra de clases, la prosperidad de los trabajadores solo depende de la lucha social y política. De allí la importancia del sindicato.
No obstante que todas las teorías de la guerra de clases convirtieron a los ex países de la Unión Soviética, a la China comunista y, actualmente, a Venezuela y los países del eje bolivariano en las mayores fábricas de pobreza de la humanidad, las corrientes comunistas insistieron en estas hechicerías.
Los mencionados decretos fueron promulgados sin consultar con el sector empresarial y rompiendo todos los diálogos en curso, a tal extremo que los empresarios se retiraron del Consejo Nacional del Trabajo del MTPE. Incluso la OIT criticó al asalto sindical comunista en el sector Trabajo.
En el Gobierno de Castillo se promovió la guerra de clases, no obstante que el sector privado aporta el 80% de los ingresos fiscales y provee más del 80% del empleo a través del sector formal e informal de la economía. No obstante también que del total de reducción de pobreza de las últimas tres décadas (del 60% de la población a 20% antes de la pandemia) el 75% es aporte privado, según los organismos multilaterales.
En el pasado Gobierno del eje bolivariano se promovió la guerra de clases no obstante también que solo en las sociedades en que se promueve la inversión privada y la innovación, como únicas fuentes de bienestar de la sociedad, los trabajadores son dueños de sus empleos y deciden cómo y dónde trabajar. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay tanta inversión y tanto empleo que siempre falta mano de obra. Allí los trabajadores deciden cómo trabajar y los pobres de los países en que se ha legislado a favor de los sindicatos y la guerra de clases mueven cielo y tierra para migrar y trabajar en un suelo estadounidense.
Si hasta la China comunista y Vietnam, dos ortodoxias comunistas, hoy desarrollan legislaciones abiertamente pro empresariales y pro mercados, ¿cómo explicar que las izquierdas peruanas sigan empantanadas en los discursos mágicos del viejo marxismo de los bolcheviques?
En cualquier caso, el fin de la confrontación y la guerra de clases que promovió el Gobierno de Castillo, hoy también pasa por la inmediata derogatoria de los mencionados decretos del MTPE.
(*) Director de El Montonero
(www.elmontonero.pe)