La aparición de documentos que evidenciarían un manejo turbio en los ámbitos administrativos del Ministerio Público del Santa ha obligado a los responsables de las pesquisas a tomar las providencias del caso a efectos de llamar a declarar a personas que de alguna u otra manera se han visto comprometidas a desembolsar sumas de dinero para obtener algún beneficio dentro de la institución.
Se trata de documentos que están en manos de proveedores que tienen la necesidad de tomar distancia frente a una gestión del ex administrador de la Fiscalía, quien cada día que pasa se ve mucho más comprometido de lo que se pensaba tras denunciarse las irregularidades detectadas en la que fuera su dependencia.
Sin embargo, existe la posibilidad que dichos documentos hayan sido elaborados ex profeso para comprometer al investigado habida cuenta que se trata de evidencias que usualmente no se dejan en la huella de un delito, de allí que existe la necesidad que se sometan a los respectivos peritajes a efectos de establecer la verdad.
Nos estamos refiriendo a la aparición de recibos que aparecen firmados por el ex administrador de la Fiscalía Gino Reyes Roggero, los cuales pondrían de manifiesto que en esa dependencia no solo se habría realizado pagos por servicios fantasmas, sino que además, se habría comercializado los concursos de plazas de personal y lo más grave es que para maquillar la entrega de coimas se firmaba documentos en los que simulaba realizar préstamos de dinero a proveedores, con el compromiso de hacer pagos con intereses al 20% mensual.
En estos documentos el ex administrador aparece firmando recibos con el sello del cargo que ostentaba en el distrito fiscal del Santa, dando cuenta de la recepción de dinero negro y de sus negociados con los proveedores que pagaban cupos y para garantizar el cumplimiento de los acuerdos bajo la mesa, aparentemente les hacían firmar documentos de “préstamos” que no eran tales.
Así se advierte por ejemplo que se habría extendido un recibo por la recepción de un dinero a efectos de asegurar la plaza de un postulante en un concurso en el área administrativa, precisándose las fechas y el proceso que se llevó a cabo en la Fiscalía, lo cual deberá ser contrastado por el fiscal a cargo de las pesquisas porque se trata de información que está a su alcance y no es reservada.
En otro documento aparece la firma de dos proveedores quienes estarían aceptando haber recibido la suma de 12 mil soles en calidad de préstamo con un interés mensual del 20% del monto total, lo cual sería una forma encubierta de simular el pago de una coima, pues en el caso que el funcionario no cumpla con otorgarles la buena pro, este sería un mecanismo de cobro para conseguir la devolución del dinero. De no ser así, seÂÂ considera que se trataría de negociados “personales” del funcionario con proveedores, lo que atentaría contra el principio de la transparencia en los procesos de selección.
Estas evidencias han sido proporcionadas por testigos en reserva y hasta por proveedores que se han visto sorprendidos por los manejos turbios que han derivado en denuncias que se tramitan en otras carpetas, por lo que se entiende que los responsables de las pesquisas tienen un duro trabajo por delante.
Sin embargo, en medio de estas revelaciones, el ex administrador ha rechazado ante los medios de comunicación que la firma que aparece en los recibos fuera la suya y ha esgrimido la posibilidad que exista gente que quiera perjudicarlo y que ha elaborado esta clase de documentos no solo para desviar la investigación sino para encubrir la responsabilidad de otros.
Inclusive, aquellas personas cuyas identidades aparecen en los documentos también han rechazado que tengan alguna intervención en su elaboración o que hayan mantenido un contacto turbio y oculto con el ex administrador del Ministerio Público, considerándose afectados por la inclusión de su nombre en medio de una pesquisa en la cual no tienen ni siquiera la condición de sospechosos.
Esto es cierto, sin embargo, en la medida que han aparecido evidencias que deben ser sometidos a un tratamiento probatorio, es necesario que cada quien proporcione su versión, que revelen las razones por las cuales han sido anotados en esa clase de recibos, que señalen cuales son los vínculos que han mantenido o no con el ex administrador y que colaboren con las investigaciones porque ellas no buscan perseguir o incriminar a las personas, lo que pretende es deslindar las acusaciones que pesan sobre un ex funcionario que, según los cargos, habría montado todo un aparato de corrupción.
No se puede soslayar que las denuncias iniciales que dieron lugar a la separación inmediata del ex administrador y hasta la sorpresiva visita del Fiscal de la Nación preocupado por lo que viene ocurriendo en la sede de Chimbote, tienen que ver con un desfalco que se ha montado a través de procesos de selección maquillados, servicios fantasmas y pagos a terceros que no tienen sustento en una contraprestación.
De allí que se impuso la obligada participación de la Contraloría en la medida que hay muchas sospechas de un festín con los recursos de Caja Chica, existía la necesidad de hacer una rendición de cuentas, empero, ahora se sabe que los funcionarios que intervinieron la administración con el Fiscal de la Nación se llevaron la documentación a la capital de la república para efectuar una exhaustiva revisión y el accionar del organismo de control se ha visto mediatizado.
Si el ex administrador asegura que los recibos que se han mostrado públicamente contienen hechos y firmas falsas, ello deberá demostrarse con la pericia correspondiente en el curso de la investigación, mientras tanto, será importante que todos los proveedores que han establecido relaciones comerciales con dicho personaje, proporcionen evidencias que deslinden sus responsabilidades como lo vienen haciendo. Solo de esa manera se podrá conocer cómo es que se han manejado todos estos años los recursos de la Fiscalía de Chimbote. Esperemos que la investigación lo pueda descubrir.