Retomando aquella valerosa energía que le permitió exigir y demandar justicia luego del alevoso asesinato de su padre, la joven Fiorella Nolasco Blas volvió a la carga y ha presentado ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el Juez Supremo César San Martin Castro por delito de prevaricato e inconducta funcional y dolosa en agravio del estado y la familia Nolasco.
El anuncio lo hizo la propia Fiorela Nolasco junto a su abogado Marco Sánchez Ponte y la congresista de la república Yeni Vilcatoma de la Cruz, quien en alguna oportunidad le brindó su asesoría legal cuando era abogada independiente, quienes se presentaron en un salón del recinto parlamentario, lo que garantizó una mayor difusión de esta denuncia.
Los hechos están relacionados con el proceso penal que se siguió contra los autores del primer atentado criminal contra Ezequiel Nolasco Campos registrado el 20 de Julio del año 2010, cuando una gavilla de sicarios incursionó en su domicilio del P.J. Tres de Octubre y fallaron en su intento de asesinar al ex consejero regional, dejándolo malherido con cinco impactos en el cuerpo, sin embargo, sí llegaron a asesinar al hermano de Fiorela, el hijo político de Ezequiel Nolasco, Roberto Torres Blas, quien murió con un impacto de bala en la cabeza.
El occiso se hallaba en la vivienda de Nolasco cuando se produjo el atentado y en el momento que los asesinos ingresan vestidos de policía, se abalanza contra uno de ellos para impedir el ataque, empero, el otro le dispara y le impacta en la cabeza, quedando tendido en medio de un charco de sangre, posteriormente falleció en el hospital Regional.
Quizás la reacción del joven Roberto Torres impidió que la muerte de Ezequiel Nolasco se produjera en esa fecha, por ello es que aun en vida el consejero no descansó en demandar justicia, aun con la secuela de sus heridas se encadenó en cuanta puerta tenía el poder judicial y el Ministerio Público a fin que se castigue a los responsables, sin embargo, el poder político y la corrupción imperante por entonces se daban la mano para consagrar la impunidad.
Sin embargo, si bien es cierto eso fue posible en un escenario en donde prevalecía una red de impunidad, como lo ha descrito la comisión Ancash del congreso de la república, lo mismo no debería tolerarse en un régimen de plena vigencia de la democracia, cuando ya la red de corrupción había caído y se supone que se iniciaba el castigo a los responsables.
Lamentablemente, la joven Fiorella considera que esto no se concretó por la posición del juez Supremo César San Martín Castro, quien presidió la Sala Penal que revisó el recurso de nulidad planteado contra las sentencias cómplices de la justicia sometida de Ancash que eximió de responsabilidad a la mayoría de implicados y solo condenó a un acusado.
Este es el caso en el que la denominada testigo clave Hilda Saldarriaga Bocanegra llega a revelar cómo se planificó y concretó el ataque a la vivienda de Ezequiel Nolasco, detalló y describió la identidad de todos los que tomaron parte y de quienes lo planificaron, posteriormente la Policía llegó a establecer que las celdas de los equipos de comunicación de los involucrados determinaban que establecieron contacto permanente el día del ataque, lo que quiere decir que existieron evidencias suficientes como para disponer la revisión de ese expediente, empero, la Corte Suprema no lo estimó conveniente y dejó zanjado en instancia definitiva que solo uno del grupo de sicarios debería responder por el criminal ataque a la vivienda de Ezequiel Nolasco.
Seguramente esas actitudes tibias o cómplices de la justicia son las que fortalecen el accionar de las mafias y por ello es que la cabeza del ex consejero regional seguía manteniendo su precio en el mundo de la criminalidad organizada, por ello es que finalmente Ezequiel Nolasco fue asesinado de la manera más cruel y cobarde, por acción de los mismos sicarios que manejaron el primer atentado contra su vivienda y que jamás fueron siquiera procesados y condenados por la justicia.
En Chimbote y tampoco en el expediente era ajeno que el atentado en la vivienda de Ezequiel Nolasco y el asesinato de Luis Sánchez Milla guardaban estrecha relación, eran los que se oponían a la aprobación del millonario paquete de obras hasta por 800 millones de soles que necesitaba el ex presidente regional para licitarlos a través de la OEI, entre ellos el proyecto de la carretera Chacas – San Luis que fue finalmente entregado a la empresa brasileña Odebrecht que ahora se sabe pagó decenas de millones de dólares en coimas por las obras que se adjudicó en nuestro país.
A pesar que se sabía todo esto, lamentablemente para la justicia no tuvo importancia, ni siquiera se molestaron en investigar, hoy se sabe la verdad después de muchos años y de las revelaciones que se hacen en otros países, empero, en las instancias de la judicatura peruana se negaron sistemáticamente a investigar.
Por ello es que ahora, después de seis años, la joven Fiorela Nolasco se anima a denunciar constitucionalmente a un magistrado por el vergonzoso accionar que han observado ni siquiera en la época de la red criminal, sino posteriormente cuando se esperaba que los operadores judiciales emprendan una persecución contra quienes hicieron del crimen selectivo político una herramienta para garantizar su crecimiento e impunidad.
Hace solo unos días el juez supremo acusado dijo que le tienen sin cuidado los cargos porque no entiende cuales son las ilicitudes en las que han podido incurrir, empero, habrá que esperar a saber si los congresistas piensan lo mismo, por lo menos a nivel político no quedó duda alguna sobre el accionar criminal de quienes manejaron el gobierno regional entre los años 2007 y 2014, así lo han sancionado ya en una prolija pesquisa realizada a los largo de dos años, por lo que las conclusiones de esta comisión les puede servir para calificar la denuncia constitucional en la medida que el primer atentado contra Nolasco está incluida en esa pesquisa congresal.
Estamos ante una osada arremetida, quienes conocemos a Fiorela Nolasco sabemos que juró ante la tumba de su padre que no descansaría hasta exigir justicia para los responsables de su muerte y de los ataques que recibió en vida, esta denuncia forma parte de esa promesa, le toca al congreso decirle que es viable.