PRESUNCION
Cuando juramentó el cargo, la flamante Presidenta de la Junta de Fiscales Cecilia Zavaleta Corcuera, declaró que el ex Administrador del Ministerio Público del Santa, Gino Reyes Roggero, quien afronta serios cargos por actos de corrupción detectados el año pasado, seguirá trabajando en dicha entidad hasta el final de la investigación, es decir, hasta que agoten las pesquisas que se realizan a doble nivel, en la vía penal a cargo del Fiscal Felipe Elías Silva, y, en la vía administrativa a cargo de la Oficina de Control Administrativo de la Fiscalía de la Nación con sede en Lima. Por ello es que explicó que mientras esas pesquisas no se agoten el ex Administrador seguirá siendo un trabajador del Ministerio Público pues en este caso lo que rige es el principio de Presunción de Inocencia de tal suerte que mientras no sea declarado culpable no podrá ser pasible de sanción alguna. En realidad esto forma parte de un lirismo legal que en estos tiempos ya no tiene cabida. Basta echar una mirada a lo que ha ocurrido en la capital de la república con el médico Carlos Moreno, el asesor de confianza del Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, quien fue descubierto realizando “negociazos” desde el mismísimo Palacio de Gobierno, a quien se le destituyó de inmediato del cargo que ostentaba como parte del staff de asesores de la Presidencia y lo devolvieron a su puesto en el hospital Loayza de Lima. De allí lo destituyeron de inmediato de la jefatura que tenía a su, empero, después de dos meses retornó y se reincorporó como médico de dicho nosocomio, lo que generó una inmediata reacción mediática en razón que alguien que estuvo involucrado en malos manejos de los recursos públicos no puede seguir usufructuando de una entidad pública, en otras palabras, no le pueden seguir pagando con dineros del estado a quien ha pretendido esquilmar los recursos del mismo Estado. Para ello funcionan una serie de mecanismos como la suspensión hasta que concluyan las pesquisas y por ello dicho médico ha quedado al margen hasta que se deslinde su situación. No entendemos porque no se puede hacer lo mismo en el Ministerio Público del Santa en la medida que el ex Administrador, a quien la propia institución ya le comprobó una serie de graves movidas, viene gozando de vacaciones y seguramente lo reincorporarán como si nada hubiera pasado. Si el Estado no se defiende como debe (Caso Moreno) los que vienen atrás seguirán pensando que nada les sucederá y delinquen de la misma manera.
POSESION
Hace algunos días comentábamos con un lector sobre las graves connotaciones que tiene para la ley la posesión de un arma de fuego sin que se cuente con la licencia respectiva. Esta modalidad delictiva tiene como precedente que quien porta un arma de fuego sin estar autorizado para ello es un delincuente que busca utilizarla para cometer un delito. Quienes lo hacen con fines de defensa personal tiene que estar autorizados por la entidad del estado, de lo contrario caen en delito. Sin embargo, ahora se denuncia que los detenidos no portaban armas sino que ellas “las siembran” los propios efectivos de la Policía y la verdad es que no entendemos porque habrían de hacer esto los Policías, más aun con las personas que carecen de antecedentes. Es el caso del estudiante de la escuela de la Policía que ha sido enviado hace unos días al penal de Cambio Puente por nueve meses, situación similar a la que afronta un comerciante que se dedica a la venta de lentes y que es también dirigente de un club de futbol. Se trata de Grover García Donato, quien fue detenido poco antes de la navidad en una cebichería del P. J. Miraflores Alto acompañado de dos mujeres, al primero de los cuales se le incautó un arma de fuego y las dos últimas tenían en su poder droga en escasa cantidad, aunque esto último permitió que se mantengan detenidos por espacio de 15 días en los calabozos de la Policía. Lo cierto es que el detenido afirma que no tenía arma alguna y la que aparece incautada se la sembraron los Policías, una versión que no ha podido ser corroborada y que, a criterio del Juez, no ha sido suficiente como para impedir que lo envíe al penal por espacio de 9 meses ante el dramático llanto de sus familiares en los recinto judiciales, como lo pudieron comprobar los periodistas. Hay quienes afirman que el detenido no es una persona que tenga antecedentes o viva al margen de la ley sino todo el contrario, al margen que ya el poder Judicial ha descubierto a un Policía que sembró un arma de fuego a un detenido. Este es un tema bastante delicado que expone a las personas a una presunta detención arbitraria, de allí que sería pertinente que se investigue meticulosamente este caso, pues inicialmente las informaciones que dieron cuenta de la captura señalaron motivaciones que ya no se han repetido en la audiencia de prisión.