Denuncias duermen en Fiscalía:
El que vamos a narrar es otro caso de película. Durante la gestión del ex alcalde Teófilo Miranda Blas (2019-2022), la municipalidad provincial de Conchucos licitó la ejecución de la obra “Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de los Centros Poblados de Quirobamba, Maraypampa, Cedro y Monte Grande”. Como lo hemos dado a conocer en este medio de comunicación, en el marco de un proceso plagado de gruesas irregularidades que posteriormente fueron descubiertas por la Contraloría General de la República, la obra fue adjudicada al Consorcio Redentor con un presupuesto de S/13´586,082.00.
Aunque sin presagiar lo que sucedería más adelante, los habitantes de dichos centros poblados, supuestamente beneficiados, celebraron a su estilo, con bombos y platillos, lo que muy pronto sería, según ellos, el inicio de la obra con la que tanto habían soñado. Y no era para menos; el servicio de agua potable y alcantarillado, por el que tanto habían luchado, era indispensable para acceder a los beneficios de la salubridad y poder elevar su calidad de vida.
Lamentablemente, el sueño de estos hermanos ancashinos hasta hoy no se ha hecho realidad. La obra jamás se ejecutó. Pues ante la serie de irregularidades que desde un primer momento se advirtieron en el proceso de licitación, la tesorera de la municipalidad provincial de Conchucos se negó rotundamente a firmar los documentos que otorgaban al Consorcio Redentor una suma que superaba el millón de soles. Definitivamente, no estaba dispuesta a ensuciarse las manos y menos a manchar su nombre participando en un evidente caso de corrupción.
Pero en vista que en situaciones como ésta se impone el interés del dinero y el apetito por la repartija, con todo el poder político que tenía a su disposición el alcalde Teófilo Miranda Blas no se hizo problemas. Dispuso la remoción de la tesorera y en su reemplazo nombró a otro empleado que, ni corto ni perezoso, firmó de inmediato los documentos del adelanto. Aún así, con el dinero en el bolsillo y sin hacer caso al reclamo de los pobladores, Consorcio Redentor jamás inició la obra. En este presunto delito de corrupción agravada, aparecen comprendidos el ex alcalde, siete funcionarios municipales y el representante legal del Consorcio Redentor.
La historia reciente de la región Ancash está llena de casos como éste. Se cuenta por decenas el número de obras públicas que están paralizadas, abandonadas e inconclusas, en tanto que otras han llegado únicamente hasta la firma del contrato, o a lo mucho hasta la colocación de la primera piedra. Millones de soles han ido a parar a los bolsillos de la corrupción.
Por razones jurisdiccionales, el caso de la municipalidad de Conchucos fue puesto en manos del procurador anticorrupción del distrito judicial del Santa, Richard Asmat Urcia. Con todos los elementos de convicción proporcionados por la Contraloría General de la República, el pasado 1° de marzo éste formuló la denuncia ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Santa. Desde entonces han transcurrido dos meses y medio y, conforme lo hemos dado a conocer en nuestra edición de ayer, hasta este momento la denuncia de este caso se mantiene encarpetada, como si un mago la hubiera paralizado.
Nada habría que temer ante esta circunstancia si no fuera porque ya son varias las denuncias de corrupción que inexplicablemente se mantienen encarpetadas en esa instancia del Ministerio Público. Una de ellas es el sonado caso del Canal San Bartolo por el que se pagó 36 millones de soles a pesar de haber sido licitado en con un presupuesto de solo 17 millones, menos de la mitad. El caso ya lleva más de diez años llenándose de telarañas. ¿Es así cómo vamos a ganar la lucha contra la corrupción o estamos hablando de otro cuento chino?.