Editorial

Editorial: :::SIN SALIDA :::

Conscientes que podría pasar el resto de su vida viviendo a salto de mata y que en cualquier momento sería aprehendido en el lugar en el que se encuentre, el adolescente que tomó parte en el doble crimen perpetrado en agravio del alcalde de Samanco, Francisco Ariza Espinoza y del abogado Henry Aldea Correa, se entregó a la justicia para acogerse a los beneficios que le confiere la ley.

Se trata del adolescente conocido como “shado”, un jovencito de apenas 16 años de edad que es considerado el segundo sicario que tomó pate en el alevoso atentado registrado el 20 de octubre del año pasado en la carretera de penetración a Nepeña, quien acompañó a “Cumpita” el otro sicario juvenil que ya se encuentra purgando carcelería por este mismo hecho.

El adolescente llegó acompañado de su madre y su abogado al Tercer Juzgado de Familia que despacha la Dra. Graciela Kcomt Kcomt., quien justamente se aprestaba a realizar las diligencias relacionadas con su investigación que avanzaba en calidad de no habido, comunicando a la magistrada su decisión de ponerse a disposición de la justicia y sometiéndose no solo a la confesión sincera sino a la terminación anticipada.

Es evidente que la defensa técnica del adolescente buscaba seguir el mismo camino por el que han optado algunos de los involucrados en este caso, como “Cumpita” y otros que intervinieron en el atentado y fueron los que proporcionaron a las autoridades las primeras pistas que llevaron a identificar al ex alcalde Jaime Casana, los ex regidores del distrito de Samanco y el abogado Carlos Bazán Castro como los autores intelectuales de este execrable doble crimen.

Por ello es que en su primera declaración dio a conocer detalles que concilian con el testimonio de su co acusado “Cumpita”, justamente el adolecente con el que fueron contactados por Marco Vásquez Julca, el sujeto conocido como “Chileno” que fue el encargado de reclutar a los sicarios para perpetrar este atentado.

Ciertamente que en esta confesión cada quien le añade alguna parte que le beneficia, como que sostiene que fue el primer hecho que cometieron en la modalidad de sicariato y hasta que fueron engañados porque les dijeron que robarían a un agricultor y jamás pensaron que estaban asesinando nada menos que al alcalde y su abogado.

Lo cierto es que el ataque criminal que perpetraron estos jovencitos ha sido cruel y despiadado, como para dudar de sus propia palabras y pensar que no sabían lo que estaban haciendo, fue un acto cuidadosamente planificado, en otras palabras, un ataque de las características que tuvo el crimen del alcalde Ariza y el abogado Henry Aldea no puede ser producto de una mera circunstancia.

Sostener que no sabían que estaban dirigiéndose a asesinar a una persona cuando les entregaron sendos revólveres y hasta combustible para quemar el vehículo, es solo una coartada que es difícil de creer, hay que ser un verdadero ingenuo para pensar que ello fue así, por el contrario, los sicarios juveniles fueron llevados al lugar del crimen con anticipación, reconocieron el lugar, les dieron las características del vehículo que iban a atacar y tenían instrucciones de disparar a matar. 

Los dos sicarios sabían muy bien lo que estaban haciendo, eso que fueron engañados es un chiste de mal gusto, de allí que las autoridades judiciales deberían sancionar a estos adolescentes con la drasticidad que amerita la crueldad de este hecho, al margen claro está del beneficio que les confiere la ley por acogerse a la confesión sincera y de proporcionar información fidedigna que ha permitido llevar a las autoridades a descubrir el verdadero móvil de este doble crimen, así como a los autores intelectuales del mismo.

Por ejemplo, se sabe que este adolescente “shado” se entrevistó con algunos de los regidores quienes le ofrecieron trabajo en las obras que manejarían ellos una vez que tengan el control del Municipio, un extremo de la declaración del menor que se contradice con lo que sostiene en el sentido que no sabía que participaría en un crimen, pues si los concejales le ofrecieron trabajo una vez que ocupen la alcaldía era evidente que ellos tenían conocimiento que el blanco era el alcalde al cual trataban de eliminarlo.

Justamente, la brutalidad y el salvajismo puesto de manifiesto en el doble crimen de Nepeña permite que mucho no lleguen a entender la extrema generosidad que se tiene con estos criminales juveniles a quienes se ha rebajado la pena a extremos insospechados, como que “Cumpita” recibió una pena de 8 años y ahora se dice que la defensa de “Shado” maneja la posibilidad que se le aplique menos de cinco años.

En realidad esto no es nada en comparación con la pena máxima que implica un crimen de estas características, como es la cadena perpetua, sin embargo, tratándose de menores de edad la pena no supera los 10 años de prisión, por ello es que se vienen sancionando este alevoso hecho con condenas que parecen exageradamente leves y generosas para con los responsables.

Empero, esto forma parte de nuestro sistema procesal que se encuentra vigente, ese que ha permitido ver casos de sujetos que asaltan y roban un celular y les aplican 12 años de carcelería, mientras que a estos sicarios juveniles, por el solo hecho de ser menores de edad, les aplican condenas que no superan los ocho años.

Esperemos que estas coyunturas contradictorias cambien algún día, por lo pronto se espera de los magistrados del Juzgado y Fiscalía de Familia que revisen minuciosamente el expediente a efectos de sancionar con algo de contundencia un doble crimen repudiable como el que han perpetrado “Cumpita” y “Shado”.

La entrega del adolescente conocido como “Shado”, un menor que parecía no tener problemas de maduración en la medida que tenía un trabajo conocido, es solo la consecuencia de su gravísima responsabilidad, era un jovenzuelo sin salida que había visto que no solo cinco de los que tomaron parte en este atentado, así como los regidores, estaban presos y algunos de ellos acogiéndose a beneficios procesales, sino que su situación se agudizaba en la medida que pasaban los días. Hoy tendrá que asumir las consecuencias legales de su criminal accionar, sin excusas que valgan.