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PROCURADORES SE DISPUTAN CONDICION DE AGRAVIADO EN JUICIOS DE CORRUPCION

Conflicto de competencias. Una alturada pero inexplicable confrontación legal, enfrentó ayer en la Sala Penal de Apelaciones al abogado de la Procuraduría Anticorrupción del Santa con el abogado de la Procuraduría de la Contraloría General de la República, en pos de asumir la defensa del Estado, en un proceso por la presunta comisión del delito de negociación incompatible que involucra al exdirector regional de la Producción, Luis Arroyo Guevara y un grupo de funcionarios de dicha entidad.

Fueron los abogados Leovardo Lavado Rosales por la Procuraduría Anticorrupción del Santa y Luis Miguel Pereda Palacios de la Procuraduría de la Contraloría General de la República, quienes sostuvieron un debate acalorado ante los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones, defendiendo, cada uno, su pretensión de mantenerse o de asumir, la defensa jurídica del Estado en este proceso penal.  

Todo ello, tras la decisión de la Contraloría General de la República de apersonarse en todos los casos de investigación fiscal y judicializados, donde se hayan insertado informes de hallazgos de dicha institución, sin embargo, los inconvenientes han surgido en razón que en la totalidad de casos que ya se ventilan en el Poder Judicial, está apersonado en el proceso la Procuraduría Anticorrupción del Santa.

El reclamo de Contraloría General de la República para constituirse en actor civil, se ha presentado en dos investigaciones preparatorias, una de ellas, en las que se investiga a Luis Arroyo Guevara y funcionarios de la DIREPRO por negociación incompatible y la otra, en la investigación preparatoria por irregularidades en la vía Pallasca, sin embargo, los apersonamientos podrían extenderse a otros procesos en curso.

Leovardo Lavado Rosales, abogado de la Procuraduría, sostuvo ayer que cuando se apersonaron al proceso, no hubo ninguna oposición y que Contraloría recién apareció en las últimas semanas para constituirse como actor civil.

En el caso del expediente de la DIREPRO, el conflicto de competencias, ya fue resuelto por el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Eudosio Escalante Arroyo, quien declaró infundada la pretensión del abogado de la Contraloría y resolvió que la Procuraduría Anticorrupción del Santa continúe como actor civil en representación del Estado.

Sin embargo, el letrado Luis Miguel Pereda Palacios impugnó dicha resolución y ayer jueves se ventiló en la Sala Penal de Apelaciones este incidente, disponiendo los magistrados Olga Vanini Chang, Carlos Maya Espinoza y Niczon Espinoza, que notificarán por escrito su decisión, dentro de los próximos diez días.