Editorial

Editorial: ::: SECUELA INEVITABLE :::

Tres efectivos más de la Policía Nacional en actividad han merecido la semana pasada una orden de reclusión en el penal de Cambio Puente como consecuencia de sendas pesquisas en las que han sido descubiertos en actos de corrupción que ponen en entredicho el concepto público de su institución.

En esta oportunidad, ha sido nuevamente la Sala Penal de Apelaciones de la corte Superior de Justicia del Santa la que ha tomado la drástica decisión de revocar las ordenes de comparecencia que, con marcada indulgencia, dictaron en contra de ellos jueces de primera instancia que no advirtieron la gravedad en la conducta de quienes se supone están del lado de la ley.

En efecto, a la orden de prisión preventiva de nueve meses dictada contra el Sub Oficial César Huallanca, la semana pasada la Sala Penal ha sumado otras tres órdenes similares contra los ex inrtegrantes de la Sección de Investigación Criminal de la Policía local, los Sub oficiales José Antonio Santillán Saavedra, Víctor Andrés Uceda Irribarren y Ronald César Berna Cabrera son los miembros de la Policía que, a decir de las pesquisas, se pasaron a la otra vereda y vendieron información a la delincuencia para que ella pueda actuar de manera impune.

En realidad, este caso no es nuevo, por el contrario, se arrastra desde hace un año atrás, inclusive, se hizo público cuando la fiscalía anticorrupción solicitó se dicte orden de prisión inicialmente contra seis custodios, además del hijo mayor de uno de ellos.

El fundamento de la Policía se concentraba en sendos informes evacuados por el área de Inteligencia de la propia Policía Nacional que había realizado un seguimiento exhaustivo a los movimientos de los efectivos policiales y trataba de buscar una explicación a los signos exteriores de riqueza que ostentaban y que no se conciliaba con sus remuneraciones habituales.

Lo cierto es que las conclusiones de las investigaciones internas fueron contundentes, hallaron indicios más que suficientes de la actuación deshonesta de un grupo de Policías que estaba utilizando su cargo y posición para beneficiarse a través de la entrega de información privilegiada a las bandas organizadas de las intervenciones que se cernían en su contra, de tal suerte que se esta manera se frustraron muchos operativos que trataban de desbaratar su actividad delictiva.

Cuando se conocieron estos hechos la Juez de Investigación Preparatoria no solo dilató la audiencia de prisión sino que descalificó los argumentos de la Policía para desvirtuar las razones por las cuales si bien los Policías deberían seguir siendo investigados no tenían que hacerlo con medidas restrictivas de su libertad sino que podrían hacerlo en libertad, es decir, con mandato de comparecencia.

La decisión de la magistrada sorprendía a propios y extraños en la medida que este caso trascendió públicamente y se difundieron las razo0nes por las cuales habían sido comprendidos en una causa penal y por qué se solicita ordenes de prisión para cada uno de ellos, entre las cuales se mencionaba la existencia de escuchas telefónicas que se hicieron con mandatos judiciales para permitir la persecución de un delito que sin esta clase de medidas sería imposible de probar.

Inclusive, durante la exposición de los alegatos de la defensa y las fundamentaciones de la Fiscalía, se pudo conocer que una de las mayores intervenciones de éxito de la Policía, es decir, el allanamiento de varias viviendas de la zona de “Loa Antena” en donde decomisaron una gran cantidad de droga y se detuvo a miembros de una banda que actuó a sus anchas por espacio de 30 años en Chimbote, pudo frustrarse porque estos sub oficiales de la Policía fueron requeridos por esta mafia de narcotraficantes probablemente para exigir una explicación por la acción policial.

Los medios de comunicación recordamos mucho este evento, pudimos conocer la forma como se planificó y concretó por acción del Departamento Antidrogas de Chimbote, mediante una celosa investigación que solo estuvo a cargo de un pequeño grupo de Policías con la finalidad, precisamente, que no se filtre información.

Para poder concretar este golpe, el grupo policial apeló a Fiscales y efectivos policiales de otras ciudades, se reclutó a contingentes policiales de localidad solo minutos antes del allanamiento y fueron despistados con la finalidad que se filtre la información.

Solo de esta manera, engañando al propio personal policial que los reclutaban para una operación distinta se evitó que se filtre información y quienes procedieron de esta manera eran conscientes que al interior de la propia Policía habían felones que vendían a sus propios colegas y los delataban en las intervenciones y operativos que montaban para desvirtuar las organización es delictivas.

El tiempo les dio la razón, cuando se detuvieron a los mafiosos encabezados por el encarcelado “Chato Juan”, se pudo encontrar en los equipos celulares de los intervenidos una serie de llamadas que hicieron ese mismo día de la intervención a estos tres sub oficiales de la Policía, aparentemente para pedirles apoyo y se desvirtúe su captura o para exigirles cuentas del por qué los detienen a pesar que esta gente ha pagado cupos a los malos policías durante años para que se les permita actuar.

Estas pruebas han sido analizadas por los magistrados de la Sala Penal y no han podido ser pasadas por alto con la ligereza que se hizo en la primera instancia, han llegado a la conclusión que existe suficiente evidencia de la vinculación de los efectivos policiales con las bandas organizadas para filtrar información que encubría sus actividades delictivas y ese es un delito sumamente grave.

Precisamente, el Jefe de la Región Policial general Juan Gálvez Escalante es uno de los primeros que ha celebrado la decisión de la justicia y ha señalado, sin ambages, que esta clase de resoluciones permite a su institución “separar la paja del trigo” e impedir que la imagen de la Policía se empañe por culpa de unos cuantos malos elementos. Curiosamente, ahora la Policía busca a sus otrora compañeros. No les queda otro camino que el de demostrar que su institución no se puede contaminar con quienes decidieron pasarse a otro bando y traicionaron el trabajo de sus propios colegas.