Editorial

Editorial: ::: OBLIGADA PROTECCION :::

El pasado fin de semana la Presidenta de Junta de Fiscales del Santa, Dra. Nancy Moreno Rivera, ha revelado una verdad que es casi de perogrullo y que se registra no solo en Chimbote sino en todas las ciudades del país, es decir, que fiscales de esta localidad vienen siendo objeto de amenazas diversas.

Virtualmente obligada a salir a los medios luego de filtrarse uno de estos hechos a través de la prensa, la Fiscal Superior lamentó la forma como los integrantes del Ministerio Público vienen siendo asediados por gente vinculada a la delincuencia y que tiene relación con los casos que se vienen investigando en esos despachos.

Precisamente, uno de ellos es el relacionado con el Fiscal Provincial de Nepeña, Dr. Richard Contreras Hornas, que en la víspera había dado a conocer este hecho a un medio de la localidad advirtiendo su ánimo de dar un paso al costado en el sonado proceso del doble crimen perpetrado en el que fallecieron el alcalde de Samanco Francisco Ariza Espinoza y el abogado Henry Aldea Correa.

Este hecho generó la preocupación de todos los sectores en la medida que el crimen ha sido virtualmente resuelto, las pesquisas casi se han agotado a partir de la identificación de los autores materiales e intelectuales, de la precisión de los móviles y de la captura de gran parte de ellos, tanto así que el caso está resuelto salvo porque algunos de los implicados han conseguido burlar el cerco policial.

El Fiscal de Nepeña reveló en su momento a una periodista que había recibido amenazas de muerte y que el hecho que tanto los magistrados como los abogados tengan que desplazarse permanentemente de Chimbote hacia ese distrito genera inseguridad en todas las partes, por lo cual adelantó que se había solicitado la transferencia de esta investigación hacia una Fiscalía de Chimbote.

Obviamente, que esta información no podría haberse dado a conocer de boca de un magistrado sino que es de competencia de la titular del Ministerio Público del Santa, por ello es que la Dra. Nancy Moreno debió convocar una conferencia de prensa y dar a conocer que no solo el Fiscal Contreras Hornas viene recibiendo amenazas de muerte sino que son hasta siete fiscales de crimen organizado los que reciben llamadas y mensajes de amedrentamiento similares.

Hay Fiscales que ven casos sumamente complicados como los relacionados a la organización criminal “Los Sanguinarios de Coishco y Santa” o los fiscales que ven los casos emblemáticos de corrupción, aquellos que deben perseguir a los sicarios y extorsionadores que reciben amenazas de todo calibre, no solo los tradicionales mensajes de intimidación advirtiendo de algún atentado contra el magistrado y su familia, sino los actos de hostilización y acoso como son el pichado de las llantas de sus vehículos o el rayado de la carrocería con el afán de minar la paciencia y tolerancia del magistrado.

En realidad es lamentable que los profesionales que se encargan de perseguir el delito, aquellos que tienen la obligación de acusar a quienes han infringido la ley tengan que estar sometidos a esta clase de acciones bajas y miserables como es la amenaza anónima y cobarde, actos intimidatorios propios de quienes son conscientes que no se pueden defender con la verdad y la ley, por ello apelan a recursos vedados.

Cierto es que de esta manera nadie puede desempeñarse con tranquilidad y con la suficiente ecuanimidad como para desarrollar las diligencias pendientes y dictar los requerimientos restrictivos y acusatorios que prevé el procedimiento penal, se requiere equilibrio y seguridad, por ello es que los magistrados se han visto precisados a denunciar públicamente lo que está ocurriendo en su actividad.

Muchos dirán que esto no debe extrañar a nadie, menos aún a quienes han accedido al Ministerio Público en la medida que su actividad funcional tiene ese ingrediente de dirimir responsabilidades y acusar a la gente que arrastra cargos delictivos, por lo que asumen que esa clase de actos de amedrentamiento deberían ser tomados como “gajes del oficio”, como algo propio de una actividad que ciertamente genera un riesgo.

Sin embargo, cuando se habla de la administración de justicia no se pueden tolerar esta clase de actitudes necias, intolerantes y delincuenciales, es allí en donde las autoridades encargadas de la seguridad deben mostrar su cuota de efectividad no solo investigando y tratando de identificar a los maleantes que se han dedicado a acechar e intimidar a los fiscales sino ofreciéndoles la necesaria protección que requieren.

Sin embargo, tal como lo han señalado reiteradamente los propios integrantes del Ministerio Público, para que se genere una investigación y para que se persiga a los delincuentes que acechan a las personas se requiere que se denuncie el hecho, que no se acceda a las pretensiones de los delincuentes porque ello solo genera que estos afiancen su accionar delictivo.

Esto es lo que llama la atención en el caso de las revelaciones formuladas por los fiscales el último fin de semana pues en la víspera el Jefe de la División Policial, Coronel Miguel Acuña Gallo, manifestó a la prensa que no conocía que exista alguna denuncia del fiscal de Nepeña respecto a las amenazas que recibía y que las dio a conocer a ciertos medios de comunicación.

La propia Fiscal Nancy Moreno Rivera ha señalado en la conferencia de prensa que han puesto estos hechos en conocimiento del Fiscal de la Nación pero no se sabe si los denunciaron ante la Policía a efectos que se busque la manera de identificar a los delincuentes que están inquietando a los Fiscales.

Seguramente, la propia presidenta de la junta de Fiscales está decepcionada del accionar de los investigadores de la Policía pues ella fue objeto de constantes amenazas en la época de la red de corrupción y jamás se pudo identificar a los que la asediaban en su propio despacho hasta donde le enviaron una carta con balas.

Justamente, conociéndose los antecedentes de estos amedrentamientos en la Fiscalía compete a la Policía a proporcionar la necesaria protección a los miembros del Ministerio Público, se requiere que ellos realicen su trabajo sin presión alguna por lo que dependerá de la efectividad de los investigadores identificar esta vez a los sujetos que actúan de manera cobarde para intimidar a quienes los investigan. Ojalá esta vez los ubiquen.