ESPINAZO
El ex consejero regional Martin Espinal Reyes tuvo la suerte que su caso en la carpeta de La Centralita, fuera evaluado apenas se decretó la transferencia de competencia de Chimbote a Lima y cuando la Sala Penal Nacional no compulsaba en su verdadera dimensión las entrañas de la red criminal que allí se investiga, por ello las primeras resoluciones que se expidieron evaluando las ordenes de prisión fueron revocadas para un pequeño grupo en el que se encontraba el ex militante aprista. Con mucho cálculo, el ex consejero prefirió retirarse a sus cuarteles de invierno, ni siquiera le pasó por la cabeza reintegrarse al consejo regional después de haber estado como no habido por algunos meses y dejó que se sancionara su vacancia, lo más preciado era su libertad. Sin embargo, cuando muchos pensaban que era uno de los afortunados que pasaría piola, la semana pada la Fiscalía anticorrupción “puso el cascabel al gato”, pues decidió comprenderlo en la investigación que se realiza por el escándalo de la construcción de la represa en el distrito de Llapo, en Pallasca, aquella que se destruyó como una galleta y generó un alud con el desborde de la Laguna La Encantada. Desde entonces siempre se dijo que la empresa que había ejecutado esa deficiente obra era del ex consejero regional, aun cuando por su vinculación con la región no estaba a su nombre, por ello no estuvo en la relación de investigados. Ahora, al concluir la investigación preliminar y cuando la fiscalía anticorrupción emite la disposición de continuación de la investigación preparatoria, es decir cuando ya se judicializa esta causa, ha comprendido al ex consejero Martín Espinal, así como a su sobrino Darwin Espinal Adriano, lo que quiere decir que lo que se decía “a sotta voce” tenía mucho asidero. Ojo que esta investigación preparatoria se inicia con el peritaje técnico efectuado por la perito de la Fiscalía Anticorrupción Sheyla Legendre Salazar, quien ha detectado serias deficiencias tanto en el expediente como en los trabajos efectuados y entre sus conclusiones deja entrever que no se entiende cómo es que se ha podido construir una represa sin que ni siquiera se haya realizado estudios de suelos y cuando un profesional sabe bien que esta clase de proyectos requiere de varios estudios que deben consolidar la estabilidad de los terrenos en donde se instalará la represa. Como no hicieron nada de ello el agua destruyó las paredes. ¡Y pensar que modificaron el proyecto de poco más de un millón de soles en más de dos millones de soles! Eso tiene un nombre.
FLAGRANCIA
Al cumplirse poco más de tres meses de la vigencia de la ley que implementó los procesos inmediatos por delitos de flagrancia, en la Corte Superior del Santa se han resuelto 158 casos de los más de 500 que se han recibido en este período. Esta es la información que proporcionó el Presidente de este organismo jurisdiccional, Williams Vizcarra Tinedo, quien como todo el mundo había cifrado sus esperanzas que a través de este procedimiento se genere un importante descongestionamiento en la carga procesal de los juzgados comunes. Sin embargo, se ha advertido que más del 50% del número total de procesos admitidos, es decir más de 300, corresponden a casos de omisión a la asistencia familiar, aquellos que en antaño se conocían como juicios por alimentos. Esto resulta sintomático si se tiene en cuenta que por la naturaleza misma del delito, no se trata de casos de flagrancia, no deberían estar comprendidos en esta ley, empero, lo hicieron para agilizar los pagos a los que está obligados quienes han procreado hijos y por ello la mayoría de procesos que se ventilan en este tipo de procedimientos. Lo cierto es que aun cuando las matemáticas indiquen que se resuelven menos de dos casos por día, los casos de flagrancia son necesarios para algunos delitos.
DESMONTE
Las autoridades deberían atender la reciente denuncia periodística que pone en alerta la existencia de gente inescrupulosa que viene arrojando desmonte en los predios del vivero “La Perla”, en la parte posterior del mercado del mismo nombre. Las imágenes demuestran que llegan choferes groseros que arrojan desmonte sobre las áreas verdes y cuando les llaman la atención responden de la peor manera. Pese a que es un atentado contra la ecología nadie ha dicho o hecho nada y según las quejas de los propietarios de predios aledaños se presume que los promotores de estas malévolas acciones son empresarios constructores que no encuentran otra manera barata de eliminar desmonte que arrojándolo en sectores en donde no puedan ser sorprendidos. Es necesario poner coto a esta impune actividad desde ya.