Editorial

Editorial: ::: PUBLICO DESLINDE :::

Tal como lo habíamos presagiado en este mismo espacio, el juicio oral del llamado caso “Banco República” está sacando chispas en las salas de audiencias de la Corte Superior del Santa en donde se viene ventilando y en el cual está en dilucidándose la suerte de dos ex Fiscales de Chimbote.

Ello porque las primeras audiencias realizadas en este sonado proceso ponen de manifiesto que las escandalosas denuncias de coimas y sobornos que se dieron a conocer hace ya una década atrás tenían mucho asidero, existen personas que se han acogido a los beneficios de la ley para revelar como es que se tramó el vergonzoso despojo de una fábrica pesquera a un empresario cuyo único pecado es haber confiado en una entidad financiera para invertir y hacer negocio.

Muchos deben recordar que este caso fue denunciado por el empresario Víctor Huaranca Medina quien fue despojado de la empresa pesquera “Hierro Mar” y pese a que denunció a los funcionarios del Banco República y los malos abogados que se prestaron a una dolosa jugada para dejarlo virtualmente en la calle, el Ministerio Público y el Poder Judicial de Chimbote se prestaron a manejos turbios para impedir que los responsables de este hecho fueran sancionados.

Justamente, las denuncias que se hicieran en esos años terminaron con sendas condenas para los responsables, entre ellos el ex Fiscal Superior José Mercado López, quien fue recluido en un Penal de Lima, empero, por razones que no son de conocimiento de la prensa, este caso ha sido nuevamente llevado a los estrados judiciales y asumimos que ello obedece que en la Corte Suprema advirtieron que no incluyeron en su oportunidad a los ex Fiscales Jorge Vásquez Paulo y Jorge Paredes Rebaza.

Precisamente, el juicio oral que se tramita en estos días se dirige contra estos dos ex magistrados, son ellos los que han sido llevados al banquillo de los acusados y quienes, desde las primeras audiencias han sido sindicados por el testigo Jaime Espinoza Huamán como los representantes del Ministerio Público que recibieron 16 mil y 10 mil dólares respectivamente para que emitieran dictámenes que permitan archivar las denuncias que se iniciaron contra los funcionarios del Banco República.

Hay que tener en cuenta que Huamán fue uno de los funcionarios comprendidos en estos procesos y quien acompañaba al abogado externo que se había puesto en contacto con fiscales y jueces para que se archiven las denuncias, obviamente, negociando bajo la mesa los dictámenes que conseguirían este objetivo.

El ex funcionario no ha tenido reparos para ratificar en los estrados judiciales que fue testigo de la entrega de este soborno a los dos ex Fiscales, inclusive, lo ha hecho en las confrontaciones a las que ha sido sometido ante ellos y en cuya oportunidad no ha variado en nada su sindicación, por el contrario, ha revelado ante los magistrados otros detalles relacionados a esta entrega de dinero y que pone en evidencia que no está inventando nada, por el contrario, está relatando lo que realmente le consta.

Inclusive, otro ex funcionario del Banco República, el ex gerente de recuperaciones, José Escurra Cabrera, también ha reconocido ante los Vocales que le consta los envíos de dinero a Chimbote por los mismos montos que se han revelado, señalando que en uno de ellos se hizo una indicación con la palabra “Fiscalía” y entiende que estaba relacionado con el juicio que se seguía a los funcionarios de entonces en Chimbote.

Esto quiere decir que la Sala Penal Liquidadora está recogiendo todos los elementos probatorios relacionados con este escandaloso caso que, pese al tiempo que ha transcurrido, aún no termina porque se dejaron cabos sueltos, por alguna extraña razón no comprendió a dos Fiscales que fueron señalados con el dedo acusador en su debida oportunidad y que recién hoy, muchísimos años después, han sido sentados en el banquillo de los acusados y se formulan contra ellos acusaciones sumamente delicadas.

Sin embargo, el juicio aún continúa, los magistrados vienen reuniendo interesantes evidencias como que interrogando a uno de los fiscales sobre las razones por las cuales emitió su dictamen en solo 24 horas a pesar que se trataba de un incidente que tenía más de dos mil folios, éste respondió que lo hizo por la presión de las partes, inclusive, dijo que apenas lo resolvió se fue a Trujillo para evitar el contacto con los abogados de las partes, lo que ha dejado una sensación de duda razonable en todos los que han escuchado esta respuesta porque no resulta nada coherente.

De todas maneras, es importante que el Poder Judicial concluya con este público deslinde y que se termine de sancionar el escándalo contra todos aquellos que tomaron parte en el despojo de una empresa pesquera, más aun cuando se debe dejar un precedente contundente respecto al riesgo que significa someterse a los manejos corruptos de abogados que quieren ocultar los delitos con el poder del dinero sucio.

                                                           DESCARADO NEGOCIO

Una mujer que aparentaba ser una humilde y esforzada trabajadora que se ganaba la vida vendiendo desayunos en la vía pública, resultó ser en realidad una desalmada microcomercializadora de Pasta Básica de Cocaína, quien fue detenida “in fraganti” por agentes del grupo TERNA que le venían haciendo un celoso seguimiento desde hacía varios días antes.

Gaudencia Jara Figueroa, de 58 años de edad, es la mujer que fue intervenida de manera sorpresiva por los efectivos policiales que las ubicaron en la quinta cuadra del céntrico jirón Bolognesi, despachando en su carreta que ofrecía desayunos a los transeúntes.

Sin embargo, al revisarse el cajón de la carreta se encontró ni más ni menos que 500 envoltorios de PBC y luego, en la revisión de los ambientes de su domicilio ubicado en el P.J. Dos de Mayo, se encontró más droga aun, lo que pone de manifiesto que se trata de una microcomercializadora que está al servicio de otros narcotraficantes.

No cabe duda que la audacia de los delincuentes que envenenan a la juventud traficando con estupefacientes no tiene límites, utilizan hasta mujeres que aparentan realizar una actividad lícita pero que se prestan para esta actividad delincuencial, por ello no queda otra cosa que enviarlas al presidio y que paguen por prestarse a este descarado negocio que se lucra del vicio y la perdición de miles de jóvenes.