Hace solo unan semana destacábamos en este mismo espacio editorial la intervención de las áreas competentes de la Municipalidad Provincial del Santa, la Fiscalía Ambiental, la Capitanía de Puerto y PRODUCE para disponer la clausura de una planta pesquera por violentar las normas que sancionan la contaminación ambiental pero advertíamos que existía la necesidad de identificar y sancionar a otras que siguen actuando al margen de los dispositivos legales como el PACPE.
La empresa pesquera Oldim fue sancionada por la gerencia de Salud Pública y Medio ambiente de la comuna provincial del Santa por resistirse a conectarse al emisor submarino de Aproferrol, de tal suerte que sigue lanzando sus efluentes industriales sin tratamiento alguno al mar, por intermedio de asquerosas tuberías que generan un riachuelo que iba directamente a la playa en el sector de La Florida, tal como lo demostraban las imágenes.
Sin embargo, el pasado fin de semana pobladores del A.H. 27 de Octubre denunciaron a la prensa que una empresa pesquera había efectuado trabajos clandestinos para conectarse al sistema de alcantarillado que se estaba instalando en ese sector a través de una obra pública que está a cargo de la Municipalidad Provincial del Santa.
El secretario general del mencionado asentamiento, Luis Guillermo Zeña y moradores de este sector revelaron que después de 30 años su asentamiento ha sido beneficiado con una obra de instalación de agua y alcantarillado, el mismo que se financia con recursos del presupuesto participativo, obra que se encuentra en ejecución.
Empero, aprovechando estos trabajos y de manera clandestina la empresa pesquera Odin había anexado una tubería desde sus instalaciones a la red matriz del alcantarillado que se estaba instalando en ese sector a pesar que se trataba de un sistema de evacuación doméstico.
Los pobladores, con toda la razón del mundo han puesto el grito en el cielo, han alertado a los responsables de la obra de esta ilegal instalación pero advierten que nadie les hace caso por ello se han dirigido públicamente a las autoridades de la municipalidad para que impida que se concrete este acto abusivo por parte de una empresa que debe contar con otro sistema de eliminación de sus desperdicios porque se dedica a una actividad industrial.
Lo que nos llama la atención es el nombre de la empresa pesquera, que es similar al que la semana pasada intervino la municipalidad en la zona de la Florida (Oldim) y nos preguntábamos sino se trata de los mismos empresarios, sin embargo, lo cierto es que la modalidad de embuste a las normas que preservan el medio ambiente en el sector pesquero es la misma.
No nos llama la atención que empresarios de este sector pretendan sacarle la vuelta a las normas de esta manera, no es la primera empresa pesquera, y seguramente no será la última, que se conecta al colector doméstico, desde hace muchos años los medios de comunicación hemos publicado informaciones de hallazgos de desagües de plantas pesqueras conectados al colector doméstico y generando desbordes de aguas negras.
Pero si lo que han denunciado los moradores de “27 de octubre” es cierto, no solo se tiene que destruir esas conexiones clandestinas sino que se debe denunciar penalmente a los representantes legales porque no es posible que se apele a estas maniobras ilícitas para saltarse la valla de emisor submarino.
En este mismo espacio editorial señalamos que la empresa clausurada temporalmente la semana pasada no era la única que estaba burlándose de los programas ambientales establecidos por el estado, había muchas que aún no se han adherido al emisor submarino, consecuentemente, de alguna u otra manera deben seguir vertiendo sus efluentes al mar, de allí que no entendemos por qué se demora tanto en intervenirlos y sancionarlos como se ha hecho la semana pasada.
Por lo menos el gerente de salud púbica y medio ambiente de la Comuna Provincial ya tiene un trabajo con la denuncia de los moradores del “27 de Octubre”, esperemos se dirija a la zona y verifique este hecho porque no se puede seguir tolerando esta repudiable actitud de empresarios que suelen hacerse de pingues ganancias pero no quieren invertir en sistemas que eviten la contaminación del mar. Si es así hay que ser drásticos y contundentes de una buena vez con todos ellos.
                                                          TIBIA ACUSACION
Cuando muchos pensaban que ya se habían olvidado de la escandalosa denuncia periodística que hiciéramos hace ya más de un año atrás, al descubrirse que ex funcionarios de la Sub Región Pacífico, coludidos con otros personajes, pretendían apropiarse de un inmueble de propiedad del Gobierno Regional de Ancash, el Ministerio Público ha formulado ya un requerimiento acusatorio solicitando penas de cárcel efectiva para los presuntos responsables ya individualizados.
En efecto, la semana pasada se pudo conocer que el Fiscal Juan Manuel Romero Robles, de la fiscalía penal corporativa de Nuevo Chimbote, había remitido al poder judicial una acusación en la que comprende al ex funcionario de la Sub Región Pacífico, Johnny Rhoel Benites Saldaña, a su presunto testaferro Frank Valentín Pinedo, así como a la ex funcionaria de la Municipalidad provincial del Santa, Miriam Pérez Poémape.
Como se recuerda, la modalidad delincuencial utilizada es la presunta prescripción adquisitiva, con el agravante que en este caso los ex funcionarios falsificaron documentos para simular una supuesta compra venta de parte de la entidad pública, algo que otras instancias debieron advertir para impedir que se concrete una transferencia de propiedad.
De todas maneras, complace comprobar que las autoridades no se quedaron de brazos cruzados y han avanzado, aun cuando lentamente, en el trámite judicial de este caso, ahora solo se espera que los magistrados sancionen a quienes pretendieron llevarse en peso el patrimonio regional, aun cuando nos encontremos frente a una tibia acusación.