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SALADO

No cabe duda que el gobernador regional encarcelado Waldo Ríos Salcedo no las tiene todas consigo. A la condena de cinco años de pena efectiva que ha merecido de la Sala Penal Liquidadora y que lo ha confinado a una celda del Penal “Victor Pérez Liendo” de Huaraz, ahora se ha sumado una nueva resolución que le resulta adversa y lo mantiene vinculado a otros procesos penales que están en ciernes. En esta oportunidad se trata de una decisión adoptada por el Juez Penal de Investigación Preparatoria del Primer Juzgado Penal de la Corte de Ancash, doctor José Luis la Rosa Sánchez Paredes, quien tiene a su cargo el juicio que se le inició por el caso de despido de los tres trabajadores de la región Ancash. Muchos de nuestros lectores deben recordar este caso que afectó a los trabajadores Víctor Valdivia, Carlos Paredes y el fallecido Carlos Guisbert quienes fueron despedidos por orden del gobernador regional solo por una represalia ante las acciones de protestas que emprendían estos a través del comité cívico de defensa de Huaraz y como consecuencia de ello uno de los dirigentes falleció. Ocurre que en este caso la defensa de Waldo Ríos había convencido al Fiscal que su persona no fue quien ordenó dicha destitución, por ello el representante del Ministerio Público había formulado un requerimiento mixto acusatorio en el que descarga la responsabilidad en los funcionarios Jorge Giraldo Flórez y Julio Jara Carrión por la comisión de los delitos contra la administración pública, de usurpación de funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes funcionales en agravió del estado como es el gobierno regional de Ancash y contra Víctor Valdivia, Carlos Guisbert, solicitando el archivo de la causa para Waldo Ríos. Sin embargo, el Juez La Rosa Sánchez, tras evaluar el documento del Fiscal declaró Improcedente su requerimiento mixto por considerar que los hechos alcanzan responsabilidad penal contra Waldo Ríos y por ello es que ha ordenado elevar los actuados al fiscal superior de turno para que se sirva ratificar o rectificar la solicitud del fiscal provincial. Esto quiere decir que existe la posibilidad que la instancia superior ordene al Fiscal provincial que formule acusación.

EN FALTA

Parece que la congresistas fujimorista Yesenia Ponce Villarreal se complica mucho más de lo que ya se encuentra con el tema de su intromisión en el seno del consejo regional y todo indica que ello obedece a su inexperiencia, a la falta de conocimiento de sus competencias y, esencialmente, a su pertinaz manera de querer hacer lo que se le viene en gana por el solo hecho de tener el cliché de legisladora. Por lo menos quien ha expresado su incomodidad con el desempeño de la congresista es el jefe de la región Policial, General Juan Gálvez Escalante, quien señaló que el día que se registraron incidentes en el campamento de Vichay porque funcionarios del gobierno regional se atrincheraron en la oficina del procurador regional negándose a entregar el cuaderno de registro de oficios y resoluciones, a pedido de la Fiscalía de Prevención del delito se trasladó hasta la sede del gobierno regional a una cuadrilla de agentes de un grupo especializado, sin embargo, se encontraron con la figura de la congresista Ponce Villarreal que había llegado a este lugar y comenzó a gritar a los efectivos policiales que se retiren, que no tienen nada que hacer en el lugar y extrajo su credencial para gritarles que ella ordenaba que se fueran, cuando ciertamente no tiene atribuciones para dar órdenes a miembros de la Policía Nacional que responden solo a una línea de mando. Aparentemente, a la congresista Villarreal alguien le ha dicho que tiene poderes mágicos y se la creyó.

SE ACORTA

Tal como lo mencionábamos ayer en esta misma columna, el proceso de revocatoria se ha desinflado en Ancash por el tema del encarcelamiento del gobernador Waldo Ríos Salcedo, pues mucha gente piensa que por el hecho que el estrafalario gobernador se encuentre tras las rejas ya no se hace necesario que se continúe con esta revocatoria, lo cual no es cierto. Los promotores que adquirieron el kit electoral se comprometieron a llegar hasta el final del proceso, así que solo cabe seguir demandando las rubricas y alistando las memorias en las que se llevarán los padrones firmados por los ciudadanos. Cabe precisar que de acuerdo a ley, los revocadores tienen plazo hasta el 25 de noviembre para presentar las firmas y solicitar la verificación respectiva ante las RENIEC, mientras que el 05 de diciembre vencerá el plazo para presentar la solicitud de revocatoria ante la ONPE. Esto quiere decir que solo estamos a poco más de un mes para que comiencen a expirar los plazos, así que lo mejor es afianzar esta campaña.